La Comisión Europea estudia la denuncia de tres asociaciones judiciales del «riesgo claro de violación» del Estado de Derecho en España, y prevé abordar este tema a finales de este mes con los propios magistrados, otros actores del mundo judicial y el Gobierno, en el marco de la evaluación anual del sistema en cada Estado miembro.
«Hemos recibido la carta de los jueces españoles que estudiaremos con atención y responderemos en el menor plazo posible», ha informado hoy en una rueda de prensa en Bruselas el portavoz de Justicia del Ejecutivo comunitario, Christian Wigand.
Ha explicado que este y otros asuntos relacionados con el sistema judicial en España serán abordados durante la «visita virtual» que los servicios comunitarios tienen previsto realizar a España a finales de este mes, en el examen anual que la Comisión realizada de cada Estado miembro.
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) —que representan a más de 2.500 jueces y magistrados españoles— han presentado este escrito a la Comisión Europea para que «inicie el procedimiento previsto por el Tratado de la Unión Europea para constatar el riesgo claro de violación grave del Estado de Derecho por parte de España”.
Estas tres asociaciones denuncian formalmente ante la Unió Europea la “intromisión política en el Poder Judicial que se está produciendo en España” con iniciativas del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos como la aprobada hace unos días para forzar el “apagón del Consejo General del Poder Judicial” cada vez que los dos principales partidos (PSOE y PP) no se pongan de acuerdo para renovar este órgano clave para el buen funcionamiento de la Justicia española, pues es el único que puede cubrir las bajas y vacantes en los tribunales más importantes del país, algo que ya no podrá cumplir mientras los políticos no sean capaces de renovarlo y lo mantengan bloqueado, como ocurre desde 2018, y como sucedió entre 2006 y 2008 y como puede volver a ocurrir en un par de años cuando toque renovarlo de nuevo.
También alertan a la Unión Europea sobre la otra reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial con la que sigue amagando el Gobierno para que todos los vocales y el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo dependan sólo de la mayoría que apoye al Ejecutivo de turno en cada momento y dejando a la oposición fuera de un reparto que, ya de por sí, estas mismas asociaciones y el propio Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa señalan como una de las principales razones de la politización de la Justicia española.
APM, AJFV y FJI coinciden en que, si esta reforma termina de aprobarse, supondría el “inicio del camino hacia el totalitarismo” en nuestro país.
Por todo ello, tres de las cuatro asociaciones judiciales -a excepción de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD)- piden a la UE que intervenga frente a la “colonización del CGPJ por parte de los principales partidos políticos, que se reparten todos los puestos en negociaciones secretas fuera del Parlamento, lo cual compromete los nombramientos de altos cargos judiciales, así como toda actividad gubernativa sobre jueces y con ello su independencia e imparcialidad”, además de “poner en riesgo el Estado de Derecho”.
La Asociación de Fiscales (AF) se suma a la denuncia de las asociaciones judiciales contra la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), según ha informado a Confilegal su presidenta, Cristina Dexeus.
A la Asociación de Fiscales, la mayoritaria en la Carrera Fiscal, le parece «adecuada» la iniciativa de las asociaciones judiciales y espera que fructifique.
«Pedimos a la Comisión Europea que tome medidas para que España rectifique y retire la reforma aprobada y no ponga en marcha la otra que pretende el Gobierno si no hay acuerdo para renovarlo», señala Dexeus.
Advierte que con estas reformas del CGPJ de PSOE y Unidas Podemos, «vamos a conseguir el descrédito y la intervención de Europapara que no suceda lo que está ocurriendo en Polonia».
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