El presidente de VOX, Santiago Abascal, ha anunciado que su partido interpondrá un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra «la reforma exprés que ha aprobado el PSOE y Podemos para asaltar el Poder Judicial».
Hoy entra hoy en vigor esta reforma, que impide al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hacer nombramientos discrecionales en la cúpula judicial cuando haya caducado su mandato, situación en la que se encuentra desde diciembre de 2018.
LA REFORMA PARA DESCARGAR
«Hay una delgada línea roja entre el estado democrático de derecho y la tiranía. Hoy, el gobierno socialcomunista con sus socios separatistas la ha sobrepasado», ha expresado el líder de VOX en un mensaje en cuenta de Twitter, en el que ha calificado de «golpe al Poder Judicial» esta reforma promovida por los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos.
🔴🔴 Hay una delgada línea roja entre el Estado democrático de Derecho y la tiranía. Hoy, el gobierno socialcomunista con sus socios separatistas la ha sobrepasado.
VOX interpondrá recurso ante el TC contra la reforma de la LOPJ que da un golpe al poder judicial. pic.twitter.com/4mgExDhhMj
— Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) March 30, 2021
Los partidos de la coalición gubernamental registraron esta reforma el pasado mes de diciembre, después de paralizar la tramitación parlamentaria de otra en la que directamente planteaban reducir a mayoría absoluta los 3/5 que exige la ley para renovar el CGPJ, de la que hicieron una crítica feroz asociaciones de jueces y fiscales, como también esta otra.
Debido a su entrada en vigor, el CGPJ ha dejado pendientes los nombramientos para cubrir cinco plazas ya convocadas, cuatro de ellas en el Tribunal Supremo (TS): una en la Sala de lo Civil por la jubilación del magistrado Antonio Salas; otra en la Sala de lo Social, por el fallecimiento de José Manuel López García; y dos en la Sala de lo Contencioso-Administrativo, por las jubilaciones de Jorge Rodríguez-Zapata y Javier Borrego. La otra plaza pendiente es la de la Presidencia de la Audiencia Provincial de La Rioja.
También hay otros seis puestos vacantes que aún no habían sido convocados oficialmente, cuyas bases de convocatoria ya están aprobadas: una plaza de magistrado en la Sala de lo Militar del Supremo por la jubilación de Ángel Calderón; las presidencias de las audiencias provinciales de Lugo, Gerona y Burgos; y las presidencias de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Extremadura y de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ del País Vasco.
A ellas se suma otra plaza de magistrado en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS por el reciente fallecimiento del magistrado Nicolás Maurandi.
En febrero, PSOE y PP -cuyo acuerdo es matemáticamente necesario para lograr la mayoría parlamentaria de 3/5 que exige la ley para designar a los vocales del CGPJ- retomaron las negociaciones para reformar el órgano de gobierno de los jueces, pero naufragaron, esta vez, por el veto del PP a Unidas Podemos y a sus candidatos, los jueces Victoria Rosell y José Ricardo de Prada. Desde entonces, no se han conocido progresos en la negociación.
Tres asociaciones de jueces -la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria en la Carrera judicial; la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI)– han instado al CGPJ a que, «a la mayor brevedad, adopte las medidas oportunas y ejerza las acciones a su alcance en defensa de sus competencias y, por tanto, en defensa de la Constitución».
Estas tres asociaciones judiciales denuncian que «ya se ha conseguido lo que se pretendía: reducir al CGPJ a un simple órgano de gestión, asimilado a una simple dirección general, y manteniendo, eso sí, la inspección y el régimen disciplinario».
Y exigen al CGPJ que agote todas las vías existentes en defensa de sus competencias y de la Carta Magna.
«Lo que era el palo y la zanahoria, se queda sólo en el palo», señalan, en referencia a unas polémicas declaraciones del presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, de que “a los jueces se les controla con el palo y la zanahoria”.
Señalan que «en una democracia real es obligación básica de los poderes del Estado garantizar el funcionamiento de los órganos e instituciones constitucionales, en particular aquellas diseñadas para asegurar el respeto a los valores y pilares que sustentan el Estado de Derecho y actuar como contrapeso frente a cualquier intento de control o desestabilización, incluidos los que eventualmente pudieran proceder de esos mismos Poderes».
«Solo así es posible el pleno ejercicio de los derechos y libertades fundamentales y la convivencia pacífica», destacan.
Estas tres asociaciones judiciales critican que «lejos de trabajar en este objetivo, se aprobó definitivamente por las Cortes Generales, sin escuchar a nadie y por vía de urgencia», esta proposición de ley de reforma de la LOPJ «para impedir que el CGPJ pueda ejercer plenamente sus competencias constitucionales».
«En otras palabras, tras más de dos años a lo largo de los cuales las formaciones políticas han evidenciado su incapacidad para reformar la Ley Orgánical del Poder Judicial (LOPJ) y que sean los jueces y magistrados quienes elijan democráticamente a 12 de los 20 miembros del órgano de gobierno de los jueces, así como cumplir las obligaciones que les impone la Constitución y renovar en plazo las instituciones, ahora trasladan las consecuencias de su incompetencia al órgano de gobierno del Poder Judicial, privándole de una de sus funciones principales y, de paso, impidiendo que pueda desarrollar su labor con normalidad y al margen de la política», denuncian.
AMP, AJFV y FJI manifiestan que «nada de esto hubiera sucedido» si, como defienden las tres, «en posición asumida por el Comité de Ministros de la UE, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Grupo GRECO o la Comisión de Venecia, los vocales de origen judicial del CGPJ fueran elegidos directamente por los jueces».
Afirman que continuarán luchando para que «pese a todo y a todos, nuestro Estado de Derecho sea una realidad».
