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La Asociación de Fiscales se suma a la denuncia de las asociaciones judiciales contra la reforma del CGPJ

Afirma que con las reformas de PSOE y Unidas Podemos "vamos a conseguir el descrédito y la intervención de Europa para que no suceda lo que está ocurriendo en Polonia"Respecto a la Carrera Fiscal vuelve a exigir un nuevo Estatuto Orgánico "donde se regule adecuadamente la institución y se proteja al fiscal investigador de toda mediatización en su labor o de cualquier injerencia política".
| | Actualizado: 13/04/2021 9:19

La Asociación de Fiscales (AF) se suma a la denuncia de las asociaciones judiciales contra la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la aprobada que impide al órgano de gobierno de los jueces hacer nombramientos estando en funciones, y con la que PSOE y Unidas Podemos pretenden cambiar las mayorías por las que se elige a los doce vocales del turno judicial, según ha informado a Confilegal su presidenta, Cristina Dexeus.

A la Asociación de Fiscales, la mayoritaria en la Carrera Fiscal, le parece «adecuada» la iniciativa de las asociaciones judiciales y espera que fructifique.

«Pedimos a la Comisión Europea que tome medidas para que España rectifique y retire la reforma aprobada y no ponga en marcha la otra que pretende el Gobierno si no hay acuerdo para renovarlo», señala Dexeus.

Advierte que con estas reformas del CGPJ de PSOE y Unidas Podemos, «lo que vamos a conseguir es el descrédito y la intervención de Europa para que no suceda lo que está ocurriendo en Polonia».

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La Comisión Europea informó el pasado 31 de marzo que llevará a Polonia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para proteger la independencia de los jueces y el Estado de Derecho en ese país, y pedirá medidas cautelares para suspender la Ley sobre el Poder Judicial que Bruselas ve como un «riesgo grave».

«En España también vamos camino del descrédito», reitera Dexeus.

Explica que su asociación «ya alertó» a la Comisión Europea en el informe que emitió en 2020 y el pasado mes de marzo, «el único emitido por las asociaciones de fiscales».

«En el informe remitido sobre el Estado de Derecho en España, en el punto relativo a la administración de Justicia, la Asociación de Fiscales alertaba sobre la politización de la Justicia en España, tanto respecto a la forma de nombramiento de los vocales del CGPJ, como a la reforma entonces en ciernes y hoy ya aprobada de la limitación de funciones del Consejo cuando estuviera pendiente de renovación».

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El pasado mes de diciembre, la AF también denunció en un comunicado que la reforma planteada por los partidos del Gobierno «con el objetivo de controlar el Poder Judicial» supone «un grave ataque a nuestra democracia».

 

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“Esta decisión dinamita por completo nuestro Estado de Derecho”, denunció entonces la presidenta de la AF y decana de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Barcelona, y volvió a exigir que se modifique la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para que todos los jueces españoles puedan votar a 12 de los 20 vocales de este órgano.

Dexeus manifiesta que «los políticos no pueden elegir a los jueces», sino que «deben ser los jueces quienes directamente elijan a sus representantes».

Por otra parte, la presidenta de la Asociación de Fiscales indica a este diario que en su informe al Consejo de Estado también hizo referencia a «la necesidad de salvaguardar la independencia y la neutralidad de la Fiscalía como institución, dejando en evidencia la actual situación en la que una ministra de Justicia ha saltado directamente a la dirección de la Fiscalía General del Estado», en referencia a Dolores Delgado.

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La AF reclama un nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) «donde se regule adecuadamente la institución y se proteja al fiscal investigador de toda mediatización en su labor o de cualquier injerencia política».

RECLAMA A CAMPO UN NUEVO ESTATUTO DEL MINISTERIO FISCAL QUE SE TRAMITE DE FORMA PARALELA A LA NUEVA LECRIM

Lo ha vuelto a exigir recientemente en el informe que ha enviado al Ministerio de Justicia con alegaciones sobre el borrador de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim).

La Asociaciación de Fiscales reclama que esta reforma del EOMF se tramite de forma paralela a la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal para reforzar la autonomía institucional de los fiscales, que asumirán la investigación penal, aduciendo que «la figura del fiscal investigador exige un estatuto profesional bien definido y un reforzamiento de la autonomía institucional».

Además, la Asociación de Fiscales ha señalado que «el texto contiene previsiones que suponen una intromisión en la organización interna del Ministerio Fiscal y que, por lo tanto, deben venir reguladas en el Estatuto Orgánico, no en una norma procesal».

CRITICA QUE EL ANTEPROYECTO DE LA NUEVA LECRIM RECELA DEL FISCAL INSTRUCTOR

Por otro lado, entre otras cosas, critica que la nueva LECrim crea la figura del juez de garantías otorgándole «un papel de control, hipervigilancia y supervisión permanente de la actividad del Ministerio Público que excede con mucho de lo previsto en cualquier otro Código de Proceso Penal de derecho comparado», y que con ello «el legislador español parece recelar del Ministerio Fiscal español más que lo hace cualquier otro legislador del mundo» respecto al suyo.

En su opinión, «lo más censurable es que el anteproyecto no se preocupa tanto por la inacción del Ministerio Fiscal, sino por erigir constantes obstáculos a la persecución razonable precisamente de los fenómenos delictivos más complejos que especialmente inquietan a la ciudadanía más sensible con la defensa de los intereses colectivos de probidad política y económica».

Si con ello se pretende enfrentar «la sospecha de un sector del Poder Judicial o de la opinión pública y publicada que se desprende de la combinación de lo establecido sobre el nombramiento del fiscal general del Estado y la relación de subordinación a éste de todos los miembros del Ministerio Fiscal», ha indicado que «la solución se encuentra en un trabajo de reformas en los planos estatutario y orgánico, no en el marco normativo procesal penal».

Por último, Dexeus subraya en este diario que «blindar el Poder Judicial es esencial para la democracia».

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