Solo Unidas Podemos y ERC han apoyado a EH Bildu, que fue quien registró y ha defendido la proposición. Foto: Confilegal.
PP, PSOE, VOX y Ciudadanos rechazan la PNL sobre el papel de la Abogacía del Estado en la nueva cuestión prejudicial del IRPH
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30/4/2021 06:48
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Actualizado: 10/12/2021 13:08
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El debate celebrado este jueves en el Congreso sobre IRPH y la PNL presentada por EH-Bildu ha dejado definida las posturas de los grupos parlamentarios sobre esta controversia.
En la propuesta debatida en el Congreso se instaba al gobierno a personarse ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para defender a las personas afectadas o, para el hipotético caso en el que el Gobierno de España decida no defender a su ciudadanía, adoptar al menos una postura neutral, no personándose en el asunto.
La iniciativa ha sido rechazada con los votos en contra de PSOE, PP, Vox y Ciudadanos, que apoyan de este modo que el Gobierno siga facilitando a la banca una defensa pagada con dinero público.
Solo Unidas Podemos y ERC han apoyado a EH Bildu, que fue quien registró y ha defendido la proposición. El Grupo Parlamentario Plural se ha abstenido, a pesar de que PDeCAT, partido integrante del mismo, ha mostrado su apoyo a la iniciativa.
Desde IRPH Stop Gipuzkoa, asociación de afectados que promovió la iniciativa, hacen una valoración positiva del debate de este jueves porque ha servido para dejar clara la postura de cada partido. Así, queda claro que “el bloque PSOE, PP, Vox y Ciudadanos harán todo lo posible por perpetuar la estafa del IRPH y evitar que la banca nos devuelva lo robado”.
“En su afán por complacer a la banca no dudarán en seguir utilizando recursos públicos, como lo es la abogacía del estado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, señalan.
Sin embargo, «lo ocurrido este jueves en el Congreso español no merma nuestra confianza en que el TJUE nos va a dar la razón nuevamente».
“En el nuevo juicio volveremos a presenciar cómo una abogada pagada con nuestro dinero actúa en nuestra contra, mientras el representante de la Comisión Europea defiende nuestros derechos como consumidores. Ocurrió antes y ocurrirá nuevamente. Esta vez nadie podrá discutir que PSOE, PP, Vox y Ciudadanos son responsables», señala.
No se protege a los consumidores
Para Carlos Ballugera, presidente del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU), “la neutralidad del Estado en los contratos hipotecarios de consumo entre persona consumidora y banco solo se cumple si el Estado, considerando como tal todos sus órganos, incluido el legislativo y el judicial, actúan para reequilibrar el contrato”.
Esto supondría “eliminar la diferencia de poder negocial entre el banco y la persona consumidora, para que como dicen en Luxemburgo, la intervención externa al contrato de los poderes públicos sustituya el equilibrio formal por uno real», advierte.
Para este experto, “en esta votación el legislativo se pone contra los obligatorios artículos 9.2 y 51 de la Constitución Española, que imponen a todos los poderes públicos remover los obstáculos para que la igualdad de los ciudadanos y sus grupos sea efectiva. Esos artículos exigen a las autoridades proteger los intereses económicos de las personas consumidoras”.
Carlos Ballugera, presidente del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU).
“No es posible ni concorde a la Constitución que el Estado, ya sea por medio de legislativo o por la Abogacía del Estado encuadrada en el ejecutivo, defiendan, los intereses de la parte más fuerte del préstamo como ha hecho en relación a su intervención en las cuestiones prejudiciales planteadas ante el Tribunal de Justicia sobre interés variable referenciado al IRPH”, advierte.
Este jurista recuerda que “frente a la indiferencia de las autoridades españolas el TJUE ha considerado la cláusula IRPH oscura por contraria a la normativa de transparencia bancaria. A eso hay que añadir que la cláusula IRPH sin diferencial negativo contraviene expresamente la misma normativa de transparencia española, promulgada por el Gobierno español”.
“Por eso no se entiende que el legislativo dé la espalda a los intereses de las personas consumidoras, ignore las normas dictadas por el Gobierno y se mantenga en posturas arcaicas propias del viejo estado liberal que creíamos en trance de superación por las reformas democráticas de la Constitución Española de 1978″, subraya este experto
Desde su punto de vista, “los argumentos de los grupos que han rechazado la iniciativa deberían atender con más cuidado la Constitución y ponerse al día en las transformaciones que afectan al Derecho de Consumo”.
“Son esas transformaciones las que obligan a los poderes públicos a defender los intereses económicos de las personas consumidoras en el IRPH para guardar una mínima apariencia de neutralidad», destaca.
El IRPH es abusivo
Por su parte, Patricia Suarez, presidenta de ASUFIN, indica que “el gobierno se equivoca con el IRPH. Ya sabemos que en las viviendas de protección oficial, su retirada solo precisa de un acuerdo de Consejo de Ministros”.
“Pero como ha demostrado la Dirección General de Consumo del gobierno balear, las administraciones públicas también pueden tomar cartas en el asunto e ir más allá si reúnen las pruebas suficientes que determinan que la comercialización de estas hipotecas no se ajustó a a los derechos de los consumidores”, indica.
En su opinión, “que nos obliguen a los consumidores a ir a los tribunales por casos como el IRPH, que se terminará demostrando su carácter abusivo por falta de transparencia, nos aboca a un despilfarro de dinero de los consumidores y del propio Estado en un sistema judicial costoso y saturado”.
La presidenta de ASUFIN señala que “en el caso concreto de la PNL que no ha salido adelante es evidente que los grupos que no la han apoyado no lo han hecho pensando en el consumidor”.
“Hay evidencias acerca de la falta de transparencia del IRPH que a unos políticos que han conocido de cerca la problemática de estas familias y les han apoyado mientras estaban en la oposición, como es el PSOE, no pueden ahora desentenderse”, comenta.
Una iniciativa razonable rechazada
Maite Ortiz, abogada experta en derecho hipotecario, estuvo junto con José María Erausquin, como parte de la defensa del consumidor en la vista de la primera cuestión prejudicial que se debatió en el Gran Sala del TJUE de Luxemburgo.
“Allí había tres partes que intervinieron de forma muy activa. La parte consumidora, nuestro despacho, Bankia, como entidad en litigio y la abogada del Estado, María José García-Valdecasas».
Mientras que Ortiz y Erausquin defendieron la falta de transparencia del IRPH en cuanto a su incorporación en los contratos. Su forma de cálculo determina que el índice puede ser abusivo y una serie de cuestiones.
Por su parte, Bankia defendió que era un índice oficial y que se le daba la posibilidad de elección al consumidor y en cualquier caso argumentó si ese índice se declaraba nulo que no se devolviera lo que hubiera pagado como ocurrió con las cláusulas suelo.
Esta abogada explica que “lo que no nos pareció tan normal es que esos argumentos tan favorables para la banca y tan perjudiciales para los consumidores que tiene sus préstamos hipotecarios con IRPH fueran respaldados por la Abogada del Estado allí presente”.
“Son argumentos que podrían haber sido respaldados por la propia entidad bancaria realmente”, añade.
En su intervención García-Valdecasas llegó a señalar que en caso que se declarase nulo el IRPH que no se devolviese. Y terminó un discurso de una forma curiosa con la expresión “y ya está”.
Esta jurista recuerda que “todos los que estábamos allí en la Gran Sala del TJUE estuvimos sorprendidos de sus planteamientos. Se defendía como índice oficial, que ya había suficientes normas para proteger a los consumidores en cuanto a la forma de incorporar estas cláusulas al contrato. Un discurso sorprendente que defendía el IRPH”.
Del debate de este jueves en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso cree que se tiran balones fuera y que no se aborda una situación grave que afecta a muchos ciudadanos.
“Creo que la propuesta era razonable y sencilla. Se pedía que la intervención del Abogado del Estado fuera en defensa de los consumidores o en el peor de los casos que fuera neutral en el nuevo procedimiento y no se posicionara por ninguna de las partes”.
Maite Ortiz confirma a Confilegal que en la próxima cuestión prejudicial de la que es parte volverá a ir a Luxemburgo y a escuchar al Abogado del Estado que tenga que presentar las alegaciones sobre las nuevas cuestiones prejudiciales. “En este asunto hay muchos intereses económicos en juego y cientos de millones de euros comprometidos por la banca”.
Esta jurista reconoce que su despacho lleva desde el 2012 estudiando el IRPH “lo hemos destripado a fondo y sabemos que este índice no es transparente. Por su fórmula de cálculo siempre estará por encima del Euribor”.
Ortiz recuerda que en el debate de este jueves en el Congreso los parlamentarios han hablado de algunas sentencias del Tribunal Supremo, “este tribunal también decidió una vez que no se devolviera con las cláusulas suelo las cantidades que se hubieran cobrado de mas antes del 9 de mayo del 2013. Luego el TJUE enmendó la plana”.
También recuerda que el Supremo ha venido a decir recientemente que “no analicemos la abusividad de la comisión de apertura en una sentencia de los prestamos hipotecarios. Pero el TJUE le ha corregido y señalado que dicha comisión se puede analizar para saber si es abusiva”.
Maite Ortiz, abogada.
Maite Ortiz espera y confía que de nuevo el TJUE “aunque ya lo dijo una vez, el pasado 3 de marzo del 2020 que lo vuelva a decir en la nueva sentencia que tendrá que dictar que el IRPH no es transparente. Y que la falta de transparencia es síntoma de abusividad”.
Sobre la falta de transparencia esta experta señala que en su día el Tribunal Supremo indicó que “las cláusulas suelo son nulas porque se han incorporado al contrato por falta de transparencia sin haber dado la debida información. No ha habido otro argumento para declarar nula las cláusulas suelo».
“Y ahora resulta que dice el Supremo que esa falta de transparencia no implica que sea la cláusula del IRPH. Inaudito”, remarca.
En dicho debate parlamentario sobre la PNL ha salido a relucir la sentencia del Supremo de septiembre del 2017, Ortiz da su opinión sobre esos comentarios de los diputados.
“La conozco bien porque yo era parte implicada en ese asunto. El Tribunal Supremo acabó diciendo que como era oficial no cabía entrar en un análisis del índice. El fallo tuvo dos votos particulares de otros tantos magistrados, pero eso el TJUE en su sentencia de marzo del 2020 lo tira para atrás. No es un argumento de peso para respaldar al IRPH”.
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