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Absuelto el guardia civil de tráfico acusado de maltratar a su novia por los caseros, quienes los querían echar del piso

El agente de la Benemérita pertenecía al destacamento de Tráfico de Fuerteventura. Ha estado un año suspendido de empleo y sueldo y con la prohibición de no poderse acercar a 500 metros a su pareja de hecho, con la que convivía, por una denuncia cuyas pruebas no solo se han obtenido ilegalmente sino que tampoco tenían ninguna base. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
| | Actualizado: 02/05/2021 11:13

Que en ocasiones hay una mala utilización de los recursos legales disponibles, es un hecho. Esta historia es una buena prueba de ello. El perjudicado es un guardia civil de Tráfico, natural de Cádiz, que está destinado en Fuerteventura.

Vivía en la localidad de Tuineje, al sureste de la isla, en un piso con su novia y pareja de hecho, puerta con puerta con los caseros, un matrimonio que les habían hecho saber que querían que lo abandonaran. El agente de la Benemérita les contestó que tenía un contrato y que su intención era cumplirlo.

El conflicto entre ambos había aflorado porque él quería declarar a Hacienda los gastos del alquiler de la vivienda y los caseros se habían negado. Como represalia, estos dejaban de hacer las reparaciones necesarias en la casa.

La relación había devenido en mala tirando a muy mala. Ni se hablaban.

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Profesionalmente, el agente tampoco era muy feliz. Su sargento y él no se entendían. Para desahogarse, solía llamar por teléfono a su padre, que es teniente coronel del Cuerpo de Sanidad del Ejército. En ocasiones levantaba mucho la voz. Se le podía escuchar fuera del piso.

Una circunstancia que aprovecharon los caseros para grabar con un móvil las conversaciones.

En una de las últimas, el 7 de abril de 2020, a las 14 horas, el guardia civil, muy acalorado, le dijo a su padre, al que se refería como «quillo» –un modismo gaditano– que iba a «cogerlo por el cuello y levantarlo» y cosas por el estilo, en referencia a su superior, el sargento jefe del destacamento de Tráfico.

Al parecer le dolía mucho la espalda y quería hacerle trabajar en esas condiciones.

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Los caseros, con esa «prueba», una conversación de 40 minutos que ellos «se supone» que dedujeron que había sido con su esposa, en vez de irse a poner la consiguiente denuncia al Cuartelillo de la Guardia Civil, enviaron un mensaje al teléfono móvil del sargento –al que conocían–, superior jerárquico del agente, para informarle de la conversación grabada.

El sargento jefe de Tráfico, que no tenía competencia alguna en violencia sobre la mujer, realizó un atestado denunciando, de oficio, al agente por un posible caso de amenazas y vejaciones en el ámbito familiar.

Aportó el «pendrive» que le entregaron los caseros –no el teléfono móvil con el que se había hecho la grabación– y les tomó declaración.

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Poco después, la tarde de ese 7 de abril el agente fue detenido en su domicilio por seis compañeros. Fue esposado y trasladado al Cuartel donde pasó la noche en el calabozo.

Al día siguiente, fue puesto a disposición de la juez María Isabel Quintero Verdugo, titular del Juzgado de Instrucción 1 de Puerto del Rosario, que tiene las competencias sobre los delitos de violencia sobre la mujer, quien, después de tomarle declaración, lo  puso en libertad provisional con cargos y sin fianza.

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Además, le impuso una orden de alejamiento de su pareja de hecho de 500 metros, estuviera donde estuviera.

Cuando la compañera sentimental del guardia civil fue interrogada por esta juez, a la que le explicó que su relación con su novio era normal y que no había habido maltrato ni nada de lo que se había dicho, Su Señoría le dijo que entonces mejor que no declarara para no perjudicar.

Un día después el agente de la Benemérita fue suspendido de funciones –empleo y sueldo– y cesado en su destino hasta que se celebrara el juicio.

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Una pesadilla.

En pocas horas se vio fuera de su casa. Sin trabajo. Sin ingresos. Y sin poder acercarse a la mujer que amaba so pena de vulnerar una orden judicial y verse otra vez tras las rejas.

Los beneficiados fueron los caseros. Pocas semanas después la mujer abandonó el piso, como habían pretendido desde el primer momento. 

UNA SENTENCIA EJEMPLAR

El agente fue defendido por Antonio Suárez-Valdés, socio director del Gabinete Jurídico Suárez Valdés, en el juicio que se celebró el pasado 22 de abril -un año después de la denuncia-, ante la magistrada del Juzgado de lo Penal 2 de Puerto del Rosario, Alicia María Buendía Fleitas. 

Se jugaba su futuro. Porque una condena devendría en una falta muy grave que podría concluir con su expulsión del cuerpo. Eso sin mencionar que durante todo el año no ha podido comunicarse con su novia.

La fiscal del caso, Marta Rodríguez León, «lo vio claro».

Solicitó, por una parte, un año de prisión, tres años de privación de utilización de armas de fuego y tres años de prohibición de comunicarse con su pareja de hecho por un delito de amenazas en el ámbito familiar de los artículos 171.4 y 5 y 57.2 del Código Penal. Y, por otra, por un delito de vejaciones del artículo 173.4, del mismo Código, a 25 días de localización permanente, seis meses de prohibición de comunicarse con ella y de aproximarse a 500 metros.

Casi nada.

Quien no lo vio nada claro fue la magistrada Buendía Fleitas que, en los «hechos probados» de la sentencia, de fecha 22 de abril –dos días después de celebrado el juicio–, refiere que los caseros habían hecho dicha grabación «vulnerando el derecho a la intimidad personal y familiar del acusado, el derecho al secreto de sus comunicaciones y el derecho a la inviolabilidad de su domicilio».

En la sala de vistas declararon el acusado, su pareja de hecho, los caseros, y el padre del agente.

Los caseros articularon el relato de los supuestos malos tratos. Que no coló.

«A la vista de la prueba practicada, no puede entenderse acreditado el relato fáctico del Ministerio Fiscal, pues ni (la pareja de hecho) refiere haber sido nunca amenazada o vejada por el acusado ni los testigos son creíbles ni la grabación obrante en autos es válida», se puede leer en el fallo.

Sobre los caseros, la magistrada refiere que estaban «supuestamente preocupados pero durante más de 40 minutos en vez de llamar a la Guardia Civil (están en el municipio de Tuineje, que es competencia de estos) graban con su móvil incluso conversaciones privadas del acusados con terceros (al parecer sus padres)».

«Y pese a estar preocupados y grabar dichas conversaciones no las llevan al puesto de la Guardia Civil de Gran Carajal Tuineje para denunciar las amenazas y vejaciones que refieren contienen las grabaciones. En vez de proceder en el puesto de la Guardia Civil envían un mensaje al teléfono móvil del Sargento Jefe, superior jerárquico del acusado, cuando en el contenido de las grabaciones se deducen expresiones claramente referidas a un superior», señala la magistrada.

SOSPECHAS DE QUE LOS CASEROS PUSIERON UN MICRÓFONO EN LA CASA DEL AGENTE

Fue a ese sargento jefe a quien llevaron la conversación en «pendrive», descargado del móvil, en vez de entregar el aparato, que habría sido lo lógico.

Sobre la grabación la magistrada expone ciertas dudas que hacen sospechar que los caseros pudieron haber puesto un micrófono en el interior del piso alquilado.

«Ciertamente no se  termina de tener claro cómo se llevó a cabo la grabación, pues teniendo en cuenta que el acusado estaba en el interior de su domicilio el sonido es extremadamente nítido uno puede ignorarse que los testigos son sus caseros», subraya en la sentencia.

Y concluye: «En virtud del principio de inocencia consagrado en el artículo 24 de la Constitución, que debe ser especialmente respetado por los Tribunales, y como quiera que no se ha producido la convicción en esta juzgadora de la culpabilidad del acusado, es visto que procede la libere absolución de todos los pronunciamientos favorables».

El abogado defensor del agente, Antonio Suárez-Valdés, se muestra encantando con el resultado.

«Casos como este deberían servir para afinar una ley que es necesaria y que se viene aplicando de una forma desproporcionada», afirma.

«La sentencia es ejemplar y muy fundada. Es una aplicación muy clara de la doctrina del fruto del árbol envenenado. La grabación vulneró la inviolabilidad del domicilio, el secreto de las comunicaciones y su derecho a la intimidad», añade.

«En cuanto a los testimonios, tanto mi cliente como su pareja negaron haber discutido aquel día. El agente discutía telefónicamente con su padre. La magistrada no ha dado ninguna credibilidad a los testimonios de los caseros al tener una mala relación previa con la pareja y tener intereses claros y evidentes», subraya.

A su cliente se le ha hecho un enorme daño, apartándolo de su profesión, de su destino, privándolo de su salario y alejándolo de la mujer que quiere y con la que vive.

Una importante ley, destinada para acabar con una de las mayores lacras de nuestra sociedad, fue utilizada para un fin distinto: hacer que el agente y su pareja de hecho se marcharan del piso que habían alquilado.

«Estamos estudiando actuar contra los caseros porque lo que se ha producido es un abuso de ley, que han propiciado ellos por intereses evidentes», subraya el abogado, que avanza que van a iniciar acciones contra la Guardia Civil, con carácter inmediato, para que repongan al agente en su destino, del que fue cesado, y para que le restituyan las retribuciones económicas que le fueron detraídas de su nómina durante este tiempo, «más los intereses devengados».

«Cuando ocurren cosas como estas, es evidente que la ley no funciona bien. Nada bien», concluye.