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Caso ERE: El juez abre juicio oral contra cinco investigados por las ayudas de 34,2 millones a un entramado empresarial

Por supuestos delitos de prevaricación administrativa y malversación, y en el caso de uno de ellos alternativamente por estafa o apropiación indebidaEntre ellos está Daniel Alberto Rivera, exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, a quien ha impuesto una fianza de 75.500 euros. Foto: EP
| | Actualizado: 12/05/2021 10:26

El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha abierto juicio oral contra el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Daniel Alberto Rivera, el empresario José María Sayago, Eduardo Lora, Manuel Valdecantos y Manuel Robles, por la pieza separada del caso ERE centrada en las presuntas irregularidades en las ayudas concedidas por la Administración autonómica por un importe aproximado de 34.264.273 euros a un “entramado empresarial” radicado en la Sierra Norte de Sevilla.

En un auto fechado a 10 de mayo, el magistrado de refuerzo del Juzgado, José Ignacio Vilaplana Luquero, abre juicio oral contra el exalto cargo de la Junta y otros tres investigados por supuestos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, y contra José María Sayago alternativamente por delitos de estafa o de apropiación indebida.

El magistrado requiere a los acusados para que en el plazo de un día presten cada uno de ellos distintas fianzas -oscilan entre los 75.500 euros que fija para el exdirector de Trabajo de la Junta y los 18,2 millones que establece para Sayago, para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponerse, con el apercibimiento de que, de no prestarlas, se les embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma impuesta.

El instructor también ha acordado la apertura de juicio oral contra 17 entidades en calidad de responsables civiles subsidiarios, a quienes igualmente requiere el pago de fianzas que van de los 300.000 euros a los 6.414.566,16 euros.

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Declara a la Audiencia Provincial de Sevilla órgano competente para el conocimiento y fallo de esta causa.

El magistrado ha dictado este auto después de que hayan presentado sus respectivos escritos de acusación la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones que ejercitan la Junta de Andalucía y el Partido Popular Andaluz.

INDICIOS ‘SUFICIENTES Y SOLVENTES’ CONTRA EL EXALTO CARGO DE LA JUNTA

La Fiscalía pide para el exdirector de Trabajo de la Junta dos años de cárcel y seis años de inhabilitación especial para empleo y cargo público por un delito de prevaricación en concurso medial con un delito de malversación, mientras que, por estos mismos delitos reclama para otros tres acusados cinco años de prisión y 12 años de inhabilitación absoluta, y para el quinto, seis años de cárcel y 15 años de inhabilitación absoluta.

En concepto de responsabilidad civil, reclama que indemnicen a la Junta en diferentes cantidades, mismas peticiones que realiza la acusación ejercida por el PP-A.

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La Junta no ejercita pretensión de condena para el exalto cargo de la Junta. Pide para dos de los encausados cinco años de prisión y seis años de inhabilitación absoluta por un delito continuado de malversación, y siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación.

Para los otros dos acusados socilita tres años y seis meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el delito de prevaricación, y tres años de cárcel y cinco años de inhabilitación absoluta por el delito de malversación, así como que los cuatro investigados indemnicen a la propia Administración autonómica con distintas cantidades.

El magistrado argumenta en el auto que procede decretar la apertura de juicio oral contra el exdirector general de Trabajo Daniel Alberto Rivera al existir indicios “suficientes y solventes” de que “sí tuvo intervención -y, por tanto, podría ser partícipe y responsable- en los hechos delictivos por los que se procede, ordenando y disponiendo –de manera arbitraria e injusta- de los fondos públicos constitutivos del ilícito pago de parte de las ayudas objeto de las actuaciones (en este caso, concedidas en favor de Explotaciones Agrícolas Sanluqueñas S.A.)”.

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Señala que si bien es cierto que la Junta de Andalucía no ejercita pretensión de condena frente a Daniel Alberto Rivera y, por consiguiente, no deduce tampoco pretensión indemnizatoria frente a dicho acusado, la Junta «no ha renunciado en la presente causa al resarcimiento de los daños y perjuicios que pudieran corresponderle, ni ha hecho reserva de acciones civiles en relación a los hechos delictivos objeto del presente procedimiento abreviado”.

Por ello, el magistrado considera que “nada obsta a que el Ministerio Fiscal dirija en solitario -la acusación popular carece de legitimación para solicitar ese resarcimiento por cuenta del perjudicado- la correspondiente pretensión de resarcimiento dirigida contra todos y cada uno –incluido Rivera- de los presuntos responsables penales y civiles frente a los que se decreta la apertura de juicio oral”.

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AYUDAS POR VALOR DE 34 MILLONES DE EUROS 

En el auto donde acordó continuar como procedimiento abreviado las diligencias previas seguidas contra los cinco investigados, dictado el día 23 de noviembre de 2020, el magistrado explicaba que el objeto de estas actuaciones lo constituye “la presunta ilicitud de las ayudas y subvenciones concedidas extramuros de la legalidad” por la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, y abonadas por la agencia IFA/IDEA, en favor de distintas empresas y entidades vinculadas con Sayago y el también empresario de la Sierra Norte sevillana José Enrique Rosendo, fallecido en enero de 2016, por un importe total aproximado de 34,2 millones de euros.

El instructor precisa que el “tándem” compuesto por ambos empresarios “habrían constituido diversas empresas y sociedades interrelacionadas, muchas” de las cuales “carecían de actividad y trabajadores, y que tenían por objeto recibir subvenciones y ayudas de la Junta para, seguidamente, realizar el traspaso de fondos a distintas sociedades del mismo entramado, posibilitándose así, mediante este número de sociedades interpuestas, que el grupo controlado por ambos investigados percibiera fraccionadamente y de modo coordinado, en connivencia con responsables de la Junta, múltiples subvenciones, evitando en muchos casos con las cuantías de las ayudas sobrepasar los límites competenciales de la Consejería de Empleo y en su caso del Consejo Rector de IFA/IDEA”.

El magistrado señala que el total de las ayudas que se habrían concedido “ilícitamente, sin que existiera solicitud o se acompañaran proyectos, memorias o planes de viabilidad por parte de los investigados, habría ascendido a la suma aproximada de 34 millones de euros por el sólo interés ilegítimo de favorecer a ambos investigados y a su grupo de empresas por parte de la Administración autonómica”.

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Apunta que de estos 34 millones “existieron resoluciones de ayudas por el correspondiente director general de Trabajo por importe aproximado de 27.928.772 euros, suscribiéndose también adicionales convenios de colaboración con IFA/IDEA para materializar el pago de estas ayudas por importe de 16.461.132 euros”.

El magistrado indica que de los 24 convenios suscritos para “favorecer” a este grupo, los investigados “habrían conseguido, gracias a sus importantes relaciones e influencias en la Consejería de Empleo e IFA, que veinte de ellos se efectuaran entre julio de 2003 y febrero de 2004”.

Explica que de todas las ayudas concedidas, “destacan por su especial concentración” las recibidas por Matadero de la Sierra Morena, con aproximadamente 7,5 millones de euros, mientras que otras entidades que “recibirían importantes ayudas” serían Arcadia Emprendedora, Sociedad del Desarrollo de El Pedroso. (Sodelp) y Marco de Estudios y Proyección Siglo XXI, “que fueron beneficiarias de ayudas por más de dos millones de euros”.

Recientemente, el magistrado también ha continuado el procedimiento contra nueve investigados por las ayudas a la empresa Río Grande.