La Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado una denuncia contra tres médicas de la residencia pública de mayores Adolfo Suárez de Madrid, entre ellas su directora, por presuntamente privar a dos de sus usuarios de una “adecuada” atención sanitaria que influyó “razonablemente” en el “fatal” desenlace de sus enfermedades.
Imputa a las tres los delitos de omisión del deber de socorro y de homicidio imprudente.
Según expone en la denuncia, dicha residencia, situada en el distrito de San Blas-Canillejas, y cuya gestión pública está adscrita a la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), a 3 de marzo de 2020 tenía 274 residentes, de los cuales solo 13 eran autónomos, mientras que 38 tenían una dependencia leve y 223 una dependencia moderada o severa.
Indica, entre el 1 de marzo y el 18 de junio se produjeron 91 defunciones en esta residencia, de las que 80 estuvieron relacionadas con el Covid-19.
La Fiscalía relata que durante este periodo de tiempo, la residencia, con su directora al frente, se desarrollaron medidas de prevención y organización para tratar de paliar los efectos de la enfermedad Covid-19, incluyendo el refuerzo de la atención sanitaria y el desarrollo de un sistema de comunicación diario con una doctora del Hospital Universitario Ramón y Cajal, designada por las autoridades competentes geriatra de referencia, quien era la encargada, en base a su criterio médico.
Sin embargo, la Fiscalía sostiene que ninguna de las doctoras llegó activar el citado mecanismo de coordinación “a pesar de que concurrían los presupuestos para hacerlo, y sin que conste razón justificada” en relación con dos usuarios, E. G. P. y J. R. B.
Ambos fallecieron en la residencia los días 6 y 1 de abril de 2020, respectivamente.
Afirma que con su actuación provocaron que «no pudieran ser valorados por la unidad de geriatría del hospital de referencia, e incluso trasladados a sus instalaciones, al tiempo que tampoco les proveyeron en la residencia un adecuado seguimiento y control médico, de todo lo cual era conocedora la directora del centro, que tampoco realizó acción alguna para solventar la situación”.
E. G. P., de 69 años de edad, fue atendido la primera vez por la doctora el 4 de abril, esto es tres días después de comenzar con los síntomas que indicaban que podía estar contagiado por Covid-19.
Durante una vista rutinaria la médico pautó antibiótico de amplio espectro, al tiempo que pidió que se hiciera un seguimiento del paciente.
La Fiscalía indica que a pesar de ello, el usuario no pudo superar el cuadro y falleció dos días más tarde.
“En ningún momento se realizó interconsulta con el hospital de referencia, ni para sugerir una posible derivación ni para pedir pautas de tratamiento”, añade.
Además, precisa que de la documentación sanitaria se desprende que “inmediatamente” después de que la doctora viera al usuario, fue cuando percibió la gravedad de la situación “pautando una mascarilla especial y un tratamiento sintomático que, lamentablemente, en este momento no surtió ya efecto”.
Para la Fiscalía, el tiempo que se tardó en prestar asistencia médica, así como la falta de un seguimiento “estricto” para evitar que el usuario se quitara el sistema de oxigenoterapia, unido a la ausencia, de cualquier interconsulta sobre el paciente, pudieron incidir “razonablemente” en el resultado final, que le es “directamente imputable” a la responsable de la situación sanitaria del paciente.
Apunta que el caso de J. R. B. es similar. Según expone, tenía numerosos antecedentes de broncoaspiración y el 25 de marzo sufrió uno de estos episodios sin que recibiera ningún tipo de atención médica “hasta el punto de que el usuario no fue revisado por una doctora hasta dos días después del incidente”.
Añade el 26 de marzo este hombre comenzó a tener fiebre y vio disminuido su nivel conciencia y, según señala el Ministerio Público, durante esos cincos días previos a su fallecimiento, ocurrido el 1 de abril, “no consta ningún tratamiento de enfermería ni que fuera trasladado para seguimiento y control a dicho departamento”.
Informa que tampoco consta que las doctoras realizaran interconsulta alguna con los responsables de la unidad de geriatría del hospital de referencia o que solicitaran ayuda en la propia residencia, “y todo ello a pesar de que no estaban sometiendo al usuario a un control exhaustivo como el que conocían, en base a su experiencia previa, que requería en estas ocasiones”.
La Fiscalía asevera que las doctoras ni siquiera valoraron la posibilidad de que el usuario estuviera contagiado de coronavirus, una circunstancia que solo valoraron el mismo día que falleció.
“La ausencia de un control y seguimiento de enfermería y médico en la residencia, unido a la falta de activación del protocolo de derivación a centro hospitalario, privaron al residente de una adecuada atención sanitaria y, razonablemente puede concluirse, que influyeron en el fatal desenlace de su enfermedad”, explica el Ministerio Público.
LAS OTRAS DOS DENUNCIAS
La Fiscalía también denunció el pasado mes de enero por homicidio imprudente al responsable médico de una residencia de ancianos, M. A. R. C., a quien imputa los delitos omisión del deber de socorro y homicidio imprudente.
Según manifiesta, no realizó un “adecuado” seguimiento de la enfermedad de un usuario, de 89 años, “ni tuvo en cuenta para su diagnóstico y tratamiento el contexto epidemiológico del país, inaplicando el protocolo vigente, y privando con ello de una adecuada atención médica al usuario”.
En diciembre de 2020, la Fiscalía Provincial de Madrid también denunció por homicidio imprudente a la doctora y a la gerente de una residencia privada de ancianos, A. M. G., y M. J. A., respectivamente.
Además, denunció por denegación de asistencia sanitaria a la médico y por omisión del deber de socorro a la gerente.
