El juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Leganés ha admitido a trámite una denuncia contra el Hospital Universitario Severo Ochoa por la gestión de la pandemia de coronavirus.
En concreto, se dirige contra el director gerente, la dirección de Salud Laboral y la dirección de Enfermería por los presuntos delitos de homicidio imprudente, de lesiones y un delito continuado contra la salud y la seguridad de los trabajadores.
En el auto, con fecha de 18 de mayo y contra el que cabe recurso, el juez Ignacio Santiago Candal Jarrin cita en calidad de investigadas a cuatro personas de la dirección del centro hospitalario y señala el próximo 4 de junio para que se les de traslado de la denuncia.
También dirige un oficio al Severo Ochoa para que informe del ámbito de competencias de cada uno de los denunciados, las actuaciones llevadas a cabo para contener la pandemia en relación con medios materiales, formación de profesionales, organización del trabajo y protección de los trabajadores.
Asimismo, solicita información sobre el criterio de traslado de pacientes con Covid-19 a otros hospitales o centros médicos.
La denuncia la interpuso la Agrupación Sanitaria Española (ASAES), fruto de la colaboración con la ‘Plataforma por los trabajadores del Severo Ochoa’, contra la dirección del centro por una gestión de la primera ola del coronavirus que consideran penalmente relevante.
La agrupación, de la que es abogado Javier Ruiz Blay, de la firma Matilla & Blay, asegura que Leganés ostenta el récord de mortandad de España por Covid-19, el Severo Ochoa tiene la mitad de personal y dotación que otros hospitales que atienden a la misma cantidad de población.
Esto explica los miles de traslados al año y que se atienda en los pasillos todos los inviernos, algo que, según los denunciantes, pone en riesgo a los trabajadores y a toda la población frente a cualquier adversidad.
En el Severo Ochoa, recuerdan, se mantuvieron las operaciones hasta finales de marzo -el estado de alarma se declaró el 14 de marzo- cuando en otros hospitales llevaban un mes suspendidas. También se realizaban cirugías menores sin PCR previa.
No hubo protocoles de actuación, ni seguimiento de los brotes internos, según los denunciantes
Los denunciantes afirman que se negó material al personal y se repartió material defectuoso en las plantas que más se debían proteger, como la UCI y la 2-A (no covid).
No existía Plan de contingencia, ni Protocolos de actuación y no se hizo seguimiento de los brotes de Covid internos, por lo que se produjo un contagio masivo entre el personal, llegando al 80% en la planta 2-A y acercándose la media del hospital al 30%.
También aseguran que se aceptaron 200 pacientes en Urgencias y se rechazó ayuda de la UME, alcanzando los 300 pacientes en unas Urgencias con una capacidad para 90 personas.
Asimismo, se realizó un traslado completo de camas UCI sin supervisión del jefe de la Unidad a un lugar sin capacidad y sin medios para mantener la unidad funcionando (sin enchufes adecuados para los respiradores).
«Una grave imprudencia que ha ocasionado muertes que se podían haber evitado»
Los traslados de pacientes, según ASAES, se realizaban mediante un grupo de Whatsapp que permanecía inactivo a partir de las 22 horas, del que se desconocen criterios de actuación y registro alguno; fuera de todo control público y oficial.
Toda esto, subrayan, ha producido el fallecimiento de varias personas -entre ellas un enfermero de quirófano del hospital-, el contagio masivo y las consecuentes secuelas del personal del Severo Ochoa y de sus pacientes «quienes se han visto perjudicados de mayor forma que el resto de los habitantes de España por razón de la gestión de los penalmente responsables».
Sostienen que «si la dirección se sentía impotente, incapaz o sobrepasada, debió haber dado paso a quien se mostrase capacitado y dispuesto, pero su desaparición se ha traducido en una grave imprudencia que ha ocasionado muertes que se podían haber evitado con su sola actuación o participación».
A partir de esta denuncia de ASAES, el juzgado ha acordado la incoación de diligencias previas. Esto es, realizar las actuaciones oportunas para determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos, así como las personas que han participado.
