PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

El Congreso aprueba definitivamente la Ley orgánica de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia

Entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el BOELas ONGs celebraron ayer su aprobación a las puertas del Congreso, junto a la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, el Alto Comisionado del Gobierno contra la Pobreza Infantil, Ernesto Gasco, ministros y diputados. Foto: Alberto Ortega/ EP
| | Actualizado: 21/05/2021 15:49

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer la Ley orgánica de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia, que aumenta el plazo de prescripción de los abusos sexuales a menores, amplía la definición de violencia, elimina el Síndrome de Alienación Parental, obliga a utilizar la prueba preconstituida hasta los 14 años para no revictimizar, e incorpora el deber de todos los ciudadanos de denunciar cualquier indicio de violencia a la infancia, entre otras medidas.

Entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el BOE.

Ha sido aprobada con 297 votos a favor, y 52 en contra, de VOX, que la denomina «Ley Herodes».

«Proteger a los menores frente a la violencia, garantizar una infancia y adolescencia seguras. En ello avanzamos con la aprobación de la Ley de Infancia. Legislamos para construir una sociedad mejor, que cuida a los más vulnerables. Gracias a quienes han trabajado para conseguirlo», ha expresado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

El proyecto de ley fue presentado por el Gobierno y registrado en Congreso en junio de 2020. Una vez presentadas las enmiendas al articulado y estudiado el texto en ponencia, la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad se reunió en abril de 2020 para debatir y votar el informe de la ponencia, al que se incorporaron 200 enmiendas de los grupos parlamentarios, y otras 75 enmiendas transaccionales acordadas entre varios grupos.
El Congreso aprobó el pasado 15 de abril el Dictamen elaborado por la Comisión, junto a una enmienda transaccional que modifica el Código Penal para establecer que en la prescripción de los delitos contra menores los «términos se computarán desde que la víctima cumpla los treinta y cinco años de edad», y remitió el texto al Senado, donde el proyecto de ley fue aprobado con modificaciones, que han sido ratificadas en su mayoría en el Congreso.

Esta ley orgánica, conocida como «Ley Rhodes», tiene como objeto «garantizar los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, su integridad física, psíquica, psicológica y moral frente a cualquier forma de violencia (…) estableciendo medidas de protección integral, que incluyan la sensibilización, la prevención, la detección precoz, la protección y la reparación del daño en todos los ámbitos en los que se desarrolla su vida».

Garantiza a niños y adolescentes los derechos a la información, al asesoramiento a la atención integral y a la asistencia jurídica gratuita, y refuerza los mecanismos de prevención y detección precoz de la violencia sobre los menores de edad.

Además, amplía el plazo de la prescripción de los abusos a la infancia, que comenzará a contar cuando la víctima cumpla 35 años, y no 18, como ocurre ahora.

PUBLICIDAD

También establece que en los casos en que un menor de 14 años o persona con discapacidad necesitada de especial protección deba intervenir como testigo en un procedimiento judicial, se practique la prueba preconstituida (grabación del testimonio para evitar la revictimización del menor), y que la autoridad judicial pueda acordar que la audiencia del menor se practique a través de equipos psicosociales que apoyarán al tribunal de manera interdisciplinar.

Con esta norma también quedará suspendido el régimen de visitas cuando se dicte una orden de protección por violencia de género o haya indicios de que los hijos han presenciado o sufrido maltrato.

Incorpora la agravante de exclusión social a la reforma del Código Penal corrigiendo una laguna señalada por el Tribunal Supremo (TS) en el caso Alsasua, también introduce la agravante de aporofobia tras advertir el Supremo que los ataques a mentigos no quedaban incluidos en la agravante de discriminación por el hecho de serlo, y modifica el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), dando también la razón a una sentencia del Pleno de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal que estableció que la víctima que es acusación particular no recupera el derecho a la dispensa de declarar si renuncia a esa posición procesal.

PUBLICIDAD

Además, se prohíben los desnudos integrales y exploraciones genitales para determinar la edad de los menores que migran solos, así como el uso de la contención mecánica en centros de menores infractores, persigue delitos cometidos a través de Internet, crea unidades especializadas en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, juzgados y fiscales especializados, un Registro Central de Información y un coordinador de bienestar y protección en los centros educativos.

También recoge la obligación de pedir permiso a los progenitores para difundir la imagen de un menor fallecido, y se creará un Consejo Estatal de Participación de la Infancia, de modo que se garantice el ejercicio efectivo del derecho de participación de los niños en la formulación de planes, programas y políticas nacionales que les afectan.

PUBLICIDAD

El Pleno del Congreso ha ratificado la práctica totalidad de las enmiendas incorporadas por el SenadoHa rechazado dos: una que pretendía priorizar el acogimiento familiar frente al residencial, y que, según han informado fuentes parlamentarias, no se ha aprobado porque lo consideran ya recogido en la disposición final octava del texto, y otra que perseguía impulsar la mediación en casos de ruptura familiar.

Por el carácter orgánico de la norma, se ha sometido a una votación final de conjunto en la que ha obtenido la mayoría absoluta necesaria.

Algunos grupos han rechazado ciertos puntos del texto legislativo que han salido adelante, como el artículo 39, que otorga la condición de agentes de la autoridad a los funcionarios públicos, algo que, según varias formaciones y ONGs de infancia, puede provocar «situaciones arbitrarias».

PUBLICIDAD

La diputada de ERC María Carvalho y Mertxe Aizpurua, de EH Bildu, también han señalado como carencias de la ley que no se prohíban los desahucios de familias con menores a cargo. Además, la diputada de ERC ha lamentado que no se prohíba la entrada de los niños a las corridas de toros.

La diputada de Más País Inés Sabanés ha afirmado que la norma «hace mejor» al país y es «un aviso a los negacionistas del derecho internacional de la infancia».

«La Ley de protección de la infancia nos hace un país más digno y proyecta un mensaje muy serio: la violencia contra los niños y niñas no es tolerable en ningún espacio, cartel ni discurso», ha destacado.

Por su parte, la diputada de Ciudadanos, Sara Giménez, ha señalado que es un avance legislativo y un punto de partida para mejorar la situación de la infancia, quedando pendientes otros retos como «abordar bien la pobreza» o el fracaso escolar.

La ley orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia contará con una financiación de 70 millones de euros, según ha anunciado durante el debate la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, tras la intervención de la diputada del Partido Popular María de la O Redondo, quien ha expresado su preocupación por la falta de dotación presupuestaria de la ley

Belarra ha calificado la ley de infancia de hito, que supone «un antes y un después» en la protección de los derechos de la infancia, y ha dicho que pone a España a la vanguardia internacional en esta materia.

También ha agradecido a la ministra de Igualdad, Irene Montero, su colaboración para introducir en la ley la perspectiva de género. En este sentido, ha puesto de relieve la prohibición del Síndrome de Alienación Parental o el refuerzo del carácter imperativo de la suspensión del régimen de visitas para el padre cuando el menor ha presenciado situaciones de violencia «machista». «Un maltratador jamás será un buen padre», ha destacado.

Belarra también ha subrayado la importancia de la creación de un Consejo Estatal de Participación de la Infancia para escuchar las propuestas de los menores, y se ha dirigido a los niños, y adolescentes: «Esta ley es vuestra, no os pido que la defendéis a ultranza. Sed críticos, evaluados y decidnos qué falta».

«Hoy aprobamos en el Congreso la ley de protección a la infancia que impulsó el Gobierno del PP en 2017, junto a las organizaciones infantiles y expertos, para luchar contra el maltrato y la violencia hacia la infancia», ha publicado en Twitter la vicepresidenta segunda del Congreso y vicesecretaria de Política Social del PP, Ana Pastor.

También ha destacado que fue impulsada por el PP la diputada ‘popular’ María de la O Redondo, y ha manifestado que «esta Ley de Protección a la Infancia y a la Adolescencia no es de ningún partido», sino «de todos los niños, niñas y adolescentes y de aquellos que ya no lo son, pero sufrieron algún tipo de violencia».

LOS MOTIVOS POR LOS QUE LA RECHAZA VOX

El único grupo que ha mostrado su rechazo al texto ha sido VOX. La diputada de esta formación María Teresa López ha citado en su intervención el Evangelio de San Mateo, en concreto, el pasaje en el que San José fue advertido en un sueño de que Herodes tenía la intención de matar a Jesús.

«De la misma manera, ustedes traen hoy su Ley Herodes, queriendo cambiar las normas de una sociedad para arrebatarnos el regalo más grande y hermoso que nos da la vida», ha señalado López denunciando que la ley «arrebata la inocencia de los pequeños» y quiere «destruir la familia».

El portavoz de VOX en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, denuncia que esta ley «pretende que las administraciones públicas digan a los padres cómo tienen que educar a sus hijos». «¿Y cómo? Desde la perspectiva de la ideología de género», apunta.

También critica que «impide que se pueda examinar médicamente a un joven para determinar si es menor de edad», dice que «los llamados menas ya podrán ser de cualquier edad, mientras ellos digan que son menores».

Además, afirma que «esta ley, disfrazada bajo el título de protección, sólo está creada para educar a los hijos a imagen de lo que el socialcomunismo representa: la destrucción de la familia».

Así lo ha expresado en un hilo publicado en Twitter, en el que también ha manifestado su rechazo con esta ley porque «niega la existencia del Síndrome de Alienación Parental (incluso prohibe su reconocimiento)». «Hay muchos padres y madres separados, y abuelos, que saben de lo que estamos hablando», ha agregado.

«En definitiva, esta Ley Herodes es una jugada clásica de la izquierda: bonito nombre (Ley de Protección a la Infancia), y chantaje moral al PP, que de nuevo dobla la cerviz y se pone al frente de la manifestación, en este caso de la ideología de género. Una vez más, solo queda Vox», ha zanjado.

Por su parte, las organizaciones sociales coinciden en que es una ley pionera, que supone un avance histórico situando a España como referente a nivel internacional e incorporando los requerimientos del Comité de Derechos del Niño desde 2010.

Movimiento contra la Intolerancia lamenta que esta ley, que incorpora los delitos de odio, no recoja la cláusula general antidiscriminatoria «que permitía «proteger universalmente a la víctima», que sí incorpora el Código de Justicia Militar, pero no el Código Penal.

Esteban Ibarra, presidente de Movimiento contra la Intolerancia y secretario general del Consejo de Víctimas de Delitos de Odio, proseguirá con la reivindicación «hasta conseguir esa protección universal y la ley integral contra los delitos de odio».