Es la cuarta denuncia que presenta contra una residencia de Madrid.
La Fiscalía denuncia a dos doctoras de una residencia de Madrid por el fallecimiento de dos usuarios
Les imputa los delitos de omisión del deber de socorro y homicidio imprudente
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03/6/2021 12:01
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Actualizado: 10/3/2022 13:59
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La Fiscalía de Madrid ha presentado una denuncia contra dos doctoras de la residencia privada de personas mayores Orpea Carabanchel, K. R. V. y M. S. M., por sendos delitos de omisión del deber de socorro y homicidio imprudente.
El representante del Ministerio Público arguye que la actuación de ambas en la atención dada a dos internas -un hombre y una mujer-, durante los primeros meses de la pandemia conduce “razonablemente” a concluir que influyó en el “fatal” desenlace de su enfermedad.
En la denuncia señala que, según la información de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, entre el 8 de marzo y el 29 de junio de 2020 fallecieron en dicha residencia 57 usuarios, 15 de los cuales habían sido derivados previamente a un centro hospitalario.
De los fallecidos en sus instalaciones, 22 presentaban sintomatología compatible con el Covid-19, mientras que cuatro usuarios
tenían el diagnóstico confirmado.
La Fiscalía expone que entre los meses de marzo y junio de 2020, la residencia desarrolló medidas de prevención y organización para tratar de paliar los efectos del Covid-19, entre las que figuraba el desarrollo de un sistema de comunicación
permanente con una doctora del Hospital Clínico San Carlos.
Indica que esta médica, designada geriatra de referencia por las autoridades competenciales, era la encargada “en base a su criterio médico” de decidir qué usuarios se beneficiarían más de una estancia hospitalaria y quienes debían permanecer en la residencia recibiendo un tratamiento.
En el caso de la usuaria C. C. G., de 95 años de edad y con deterioro cognitivo grave, las doctoras denunciadas, según la Fiscalía, “no realizaron el oportuno seguimiento médico”.
De hecho, afirma que la mujer, que falleció el 13 de abril de 2020, solo recibió desde el inicio del periodo pandémico una visita llevada a cabo el día 9 del mismo mes, en concepto de “seguimiento” por la doctora M. S. M., “de la que no surgieron hallazgos relevantes”.
Según relata la Fiscalía, cuatro días después de la primera visita, la salud de la mujer empeoró y fue a raíz de que los auxiliares alertaran de la desaturación y baja reactividad de la usuaria cuando la médico le visitó de nuevo.
Añade que el 13 de abril, tras constatar su situación, la doctora denunciada no realizó tampoco la “preceptiva” consulta con la geriatra de referencia, “limitándose a prescribir un tratamiento médico por vía endovenosa”.
Afirma que ni siquiera realizó una nueva consulta ante la “persistencia” del cuadro clínico, y pese a ver sido alertada por las enfermeras de la dificultad de la canalización de una vía para el tratamiento.
Según la Fiscalía, tan sólo optó por cambiar el tratamiento, “pautando uno de carácter oral y sueroterapia subcutánea, y dejó a las enfermeras una pauta de rescate mórfico, que usaron a las 15:00 horas ante la mala evolución de la residente, que falleció esa misma noche en torno a las 21:15 horas”.
El representante del Ministerio Público sostiene que esta “ausencia” de un control y seguimiento de enfermería y médico en la residencia, “unido a la falta de activación del protocolo de valoración de una posible derivación a centro hospitalario”, fue lo que privó a la mujer “de una adecuada atención sanitaria y, razonablemente puede concluirse, que influyeron en el fatal desenlace de su enfermedad”.
La Fiscalía explica que el caso de C. C. M., un hombre de 85 años de edad, difiere del anterior puesto que sí recibió “continuas” visitas de ambas doctoras y de enfermería durante los meses de marzo y abril.
Sin embargo, dice que a pesar de que comenzó a presentar sintomatología respiratoria el día 25 de marzo de 2020, ninguna de las denunciadas realizó interconsulta con la doctora del Hospital Clínico San Carlos hasta el 1 de abril.
Afirma que una vez realizada esa primera consulta con la geriatra de referencia, al usuario se le prescribió un concentrador de oxígeno “que, desde el día 2 de abril en que fue instalado», hasta su fallecimiento del usuario, ocho días después, «no fue usado para su tratamiento (…) a pesar de que conocían que el residente requería de ese aparato”.
Durante ese periodo de tiempo, además, según la Fiscalía, ninguna de las doctoras realizó una consulta adicional con la geriatra de referencia para informar de la evolución y valorar tratamientos alternativos, “limitándose a iniciar cuidados paliativos a partir del día 8 de abril, tras un empeoramiento ostensible» del hombre.
Para la Fiscalía, “la no administración del tratamiento prescrito, sustituyendo el aparato que se le había gestionado por otros mecanismos de oxigenoterapia, y la ausencia de una nueva interconsulta para valoración de una posible derivación hospitalaria, puede razonablemente concluirse que incidieron en el resultado final”.
CUARTA DENUNCIA DE LA FISCALÍA
En diciembre de 2020, la Fiscalía Provincial de Madrid también denunció por homicidio imprudente a la doctora y a la gerente de una residencia privada de ancianos, A. M. G., y M. J. A., respectivamente.
Además, denunció por denegación de asistencia sanitaria a la médico y por omisión del deber de socorro a la gerente.
Una vez practicadas una serie de diligencias, la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 32 ha acordado el sobreseimiento provisional de las actuaciones y el archivo por considerar que no queda debidamente justificada la perpetración del delito que dio lugar a la incoación de las diligencias.
La Fiscalía ha recurrido en apelación esta decisión ante la Audiencia Provincial.
Sostiene que las actuaciones se han cerrado “prematuramente” porque aún quedan dudas sobre determinados aspectos y actuaciones que tuvieron lugar en esa semana desde los días 22 y 30 de marzo de 2020 y que pudieron provocar el fallecimiento de una mujer de 85 años pocos días después de haber ingresado por COVID en el centro.
El pasado mes de enero también denunció por homicidio imprudente al responsable médico de una residencia de ancianos, M. A. R. C., a quien imputa los delitos omisión del deber de socorro y homicidio imprudente.
Según manifiesta, no realizó un “adecuado” seguimiento de la enfermedad de un usuario, de 89 años, “ni tuvo en cuenta para su diagnóstico y tratamiento el contexto epidemiológico del país, inaplicando el protocolo vigente, y privando con ello de una adecuada atención médica al usuario”.
En mayo ha presentado una denuncia contra tres médicas de la residencia pública de mayores Adolfo Suárez de Madrid, entre ellas su directora, por presuntamente privar a dos de sus usuarios de una “adecuada” atención sanitaria que influyó “razonablemente” en el “fatal” desenlace de sus enfermedades. Imputa a las tres los delitos de omisión del deber de socorro y de homicidio imprudente.
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