“Hay que garantizar el derecho a la propiedad privada y dar seguridad jurídica a los ciudadanos”. Así lo ha reivindicado hoy el senador del PP Fernando de Rosa Torner, durante el debate en la Cámara Alta de una Proposición de Ley (PL) presentada por el Grupo Parlamentario Popular (GPP) que modifica el Tribunal del Jurado y la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para juzgar por procedimiento rápido el delito de allanamiento de morada.
LA PROPOSICIÓN DE LEY DEL PP SOBRE ‘OKUPACIÓN’ PARA DESCARGAR
“El Gobierno socialista y comunista se dedica a amparar a los okupas que incurren en un delito”, ha denunciado De Rosa, portavoz del PP en la Comisión de Justicia del Senado y exvicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Este magistrado en servicios especiales ha recordado que desde el punto de vista procesal, la ‘okupación’ ilegal de bienes inmuebles que no constituyen morada, se tramita por el procedimiento del juicio rápido, y que sin embargo, para la instrucción y enjuiciamiento de la ocupación de la morada habitual, se seguirá el procedimiento ante el Tribunal del Jurado.
«El delito de allanamiento de morada se puede tramitar como juicio rápido, pues el inicio del procedimiento, en la mayor parte de las ocasiones, es una denuncia del morador plasmada en un atestado policial», ha explicado De Rosa.
Afirma que de esta forma, la instrucción sería «más sencilla» y la pena entra dentro de los límites del procedimiento de juicio rápido, regulado por los artículos 795 y 801 de la LECrim.
De la Rosa ha señalado que el procedimiento ante el Tribunal del Jurado es «complejo». «No sólo por su tramitación ardua y el tiempo que todos los profesionales de la justicia invierten en el mismo, sino también por la tardanza en poder señalar un juicio de jurado, que en muchas ocasiones se dilata en más de un año desde que concluye su tramitación y su señalamiento para la celebración”, ha explicado.
538 DIAS PARA UN JUICIO
Durante la defensa de la iniciativa, Fernando de Rosa se ha referido a la Memoria de la Fiscalía y a los trabajos debatidos en el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), que «critican la inclusión del delito de allanamiento de morada dentro del catálogo de delitos enjuiciables por los trámites de la Ley del Jurado, al denunciar que este delito de sencilla tramitación, tarda una media de 538 días para ser enjuiciado».
«Por este motivo, de manera paralela a la propuesta de reforma del artículo 1 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, se incluye la propuesta de reforma del artículo 795 de la LECRIM con el objeto de que el delito de allanamiento de morada sea instruido y juzgado a través del procedimiento rápido», ha precisado.
Para el senador por Valencia y portavoz de Justicia, el Decreto aprobado en diciembre pasado por el Gobierno «exige la intimidación o violencia para desalojar a los okupas».
,“¿Son conscientes de que se está impidiendo la expulsión de los ‘okupas’ que han cometido un delito?, se ha preguntado.
De Rosa ha expuesto numerosos ejemplos en la Comunidad Valenciana, donde «la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo tiene un total de 1.349 viviendas okupadas, lo que representa un 9,6% de las viviendas públicas de la Generalitat Valenciana”.
Según ha señalado, “la solución que han encontrado es regularizar a los ‘okupas’, aunque hayan empleado violencia o intimidación, lo que ha generado un agravio comparativo”.
También ha puesto ejemplos de Madrid, Barcelona, Sevilla, Zaragoza, entre otras y muchas ciudades metropolitanas. “Son cientos de ejemplos que se extienden por toda España”, ha afirmado.
“La izquierda está más cómoda respaldando a los ‘okupas’ que protegiendo a los ciudadanos”, ha denunciado el portavoz de portavoz del PP en la Comisión de Justicia del Senado.
“Niegan que sea un problema real”, ha agregado, y se ha dirigido al Grupo Socialista diciendo que han votado en contra de las propuestas presentadas por el Grupo Popular, “porque olvidan que un delito contra la propiedad no puede generar un derecho”.
De Rosa también ha mostrado en la defensa de la Proposición de Ley del PP los siguientes gráficos:
UN PLAZO MÁXIMO DE UNA SEMANA PARA LIBERAR LAS VIVIENDAS
Fernando de Rosa ha subrayado que los ciudadanos solicitan soluciones inmediatas ante los problemas sociales y de convivencia que sufren, además de los atentados contra su derecho a la propiedad.
“Por eso proponemos soluciones inmediatas, como esta Proposición de Ley que sacaría a los ‘okupas’ en un plazo máximo de una semana”.
La iniciativa del PP se basa en cinco ejes.
Según ha explicado De Rosa, uno de ellos es que el ocupante ilegal de una vivienda o bien inmueble «no goce de la protección como morada o domicilio, frente a la actuación de la autoridad pública o sus agentes».
También plantea que se establezca «un plazo máximo de desalojo voluntario» de un inmueble por parte de quien realiza una ocupación ilegal y, de no producirse, poder procederse al «alzamiento inmediato por parte de la autoridad pública o sus agentes».
Además, reclama que no se permitan empadronamientos de personas que hayan ocupado de forma ilegal y, de haberse realizado, se considere nula.
El PP plantea, asimismo, que se aumenten las penas del Código Penal relativas al allanamiento de morada y la usurpación.
El quinto eje de la iniciativa es que tanto las comunidades de propietarios, como las personas jurídicas, puedan adoptar medidas legales y actuar ante los tribunales e impulsar estos desalojos.
Para que estas medidas tengan su encaje en el proceso penal, el PP plantea la reforma de la Ley del Jurado y de la LECrim: la supresión de la competencia del Tribunal del Jurado del delito de allanamiento de morada, y la modificación del ámbito del procedimiento de enjuiciamiento rápido de delitos, incluyendo este tipo penal, como ya lo está el delito de usurpación.
