El juzgado de Instrucción número 4 de Castellón ha abierto juicio oral al expresidente de la Diputación de esta provincia Carlos Fabra en el procedimiento penal sobre el origen y la posible ocultación de su patrimonio.
Junto a Fabra se sentarán en el banquillo por esta causa otras nueve personas: la mujer del político, dos de sus hijos, un yerno y cinco empresarios.
También se ha acordado la apertura de juicio oral contra seis empresas, como personas jurídicas, según consta en el auto de 4 de junio contra el que cabe recurso.
El magistrado Jacobo Pin Godos ha requerido a los diez encausados para que presten una fianza conjunta y solidaria por importe de 1.375.276 euros a fin de asegurar las responsabilidades civiles que se les pudiera imponer en caso de sentencia condenatoria.
La Fiscalía y la Abogacía del Estado aprecian inicialmente la comisión de delitos de insolvencia punible y frustración de la ejecución, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y cohecho.
En el auto que puso fin a la instrucción, el pasado mes de abril, el magistrado señalaba que Fabra y su mujer, María Desamparados F. B., «urdieron y llevaron a la práctica un plan para ocultar la mayor parte de sus ingresos y bienes patrimoniales».
De este modo, según el instructor, pretendían evitar un eventual embargo judicial por los casi 920.000 euros que el político aún adeuda a la Agencia Tributaria como consecuencia de una condena por delitos fiscales.
En la ejecución de ese plan, ambos cónyuges habrían contado desde el principio «con el auxilio» de sus hijos Borja y Claudia F. B. y del marido de ésta, Fernando C. I.
Según explicó entonces, la «situación de aparente penuria económica» que exhibía el principal investigado no resulta acorde con el hecho de haber recibido entre los años 2007 y 2017 abonos en efectivo en cuentas tituladas a su nombre por importe de casi 2,7 millones de euros.
Esto, argumentaba, se contradice con el hecho de «haber mantenido una intensa actividad bancaria por él organizada, con unos abonos bancarios brutos en conjunto superiores a los 26 millones de euros a través de diversas operativas continuadas en el tiempo, no aplicados finalmente a satisfacer la deuda pendiente con la Administración».
En el auto, conocido hoy, el juez señala la Audiencia Provincial de Castellón como órgano para el enjuiciamiento y fallo de esta causa.
Cumplido el trámite notificación, emplazamiento y requerimiento, ordena dar traslado de las actuaciones para que en el plazo de diez días presenten escrito defensa frente a las acusaciones formuladas.
