Audiencia Provincial de Castellón

Las redes sociales han cambiado la forma de contacto entre los jóvenes, y dicha vía de comunicación quebranta condenas.

Quedó claro que ésta conocía perfectamente que los fondos procedían de la actividad desarrollada por su pareja, pero no la ocultación.

Los hechos ocurrieron el 19 de diciembre de 2020 en la localidad de Benicarló y en ellos participaron también dos menores de edad, ya juzgados.

En los exámenes médicos ha quedado probado que la menor presenta trastorno de estrés postraumático, malestar emocional, ansiedad y depresión.

El Supremo ha desestimado todos los motivos y ha considerado que el agresor es incapaz de rebatir los argumentos principales de la sentencia.

Los hechos, según consta en la resolución, ocurrieron a lo largo de 2016 cuando las hijas tenían 11 y 13 años y una discapacidad psíquica.

La Fiscalía y la Abogacía aprecian la comisión de delitos de insolvencia punible y frustración de la ejecución, alzamiento de bienes, blanqueo y cohecho.

Por un delito de asesinato en grado de tentativa y un delito leve de lesiones. Es una sentencia de conformidad.

La pareja deberá indemnizar con un total de 81.880 euros (11.500, 2.900 y 67.480) a los tres perjudicados por la cantidad defraudada.

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha aceptado hoy su renuncia.