Este lunes se retoman las negociaciones entre el Ministerio de Política Territorial y Función Publica y los sindicatos de cara a buscar una solución a la problemática de los interinos.
Fijar una indemnización similar al despido improcedente para el interino dispararía el gasto público y podría colapsar los juzgados
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19/6/2021 00:35
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Actualizado: 19/6/2021 00:35
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Este lunes se retomarán las negociaciones, paralizadas desde el pasado 2 de junio, entre el Ministerio de Política Territorial y Función Publica y los sindicatos de cara a buscar una solución a la problemática de los profesionales interinos.
En este intervalo de tiempo, las declaraciones del ministro Miquel Iceta y algunos rumores apuntan a que la propuesta que presentará a los sindicatos pasa por introducir con la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) una indemnización a aquellos profesionales que a partir de ese momento se detecten en fraude ley.
Al parecer una de las hipótesis avanzada por ‘La Información’ y que se va a discutir a partir del lunes sería la de compensar al empleado interino con 33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades, si estuviera en situación irregular en ese momento.
Actualmente el interino cuando cesa no recibe ninguna compensación, da lo mismo que haya trabajo 1 años, 5 años, 15 años o 30 años. La propia jurisprudencia del Tribunal Supremo ha avalado que no tengan derecho a ella.
Una situación que según expertos consultados por Confilegal supondría un duro golpe para las arcas públicas, de difícil cuantificación a priori, amén del colapso de la jurisdicción social y contenciosa por el alud de reclamaciones que se producirán.
En estos momentos se da por amortizada la reforma del EBEP que Iceta planteó hace algo más de dos meses y que para algunos expertos vulneraba la jurisprudencia comunitaria. Ahora se abre un escenario algo diferente.
La indemnización no es lo adecuado
En el informe que María Emilia Casas, expresidenta del Tribunal Constitucional, y su equipo de laboralistas del despacho EJASO ETL hizo para la Coordinadora Estatal de Personal de Empleo Público, se analiza la idoneidad de dichas indemnizaciones.
Señala, por ejemplo, que en el caso de Ana de Diego Porras se podría hablar de una cuantía de 41.793,61 euros desde su nombramiento en noviembre del 2011 hasta su fecha de reclamación de diciembre del 2016, en su categoría de administrativo.
Sin embargo, extrapolando esta cantidad a la temporalidad existente del Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid, suponiendo una tasa del 20% de interinos del total de 50.000, el informe señala que la cifra se dispara a 417.935, 100 euros solo en ese departamento.
Junto con esa indemnización el informe de la expresidenta del Constitucional señala que al mismo tiempo habría que organizar un proceso selectivo de dimensiones desconocidas hasta ahora en el empleo público español para seguir prestando esos servicios.
Al final llega a la conclusión de que la “indemnización aunque pudiera ser conforme a la Directiva 1999/70 no parece la medida más oportuna para el Derecho Español”.
En ese informe se señala que «la forma más simple de que España adapte su legislación en materia de empleo público a la Directiva 1999/70/CE es incorporando la regla de transformación de contratos temporales abusivos en indefinidos«, recoge el dictamen.
También subraya que el derecho de la Unión Europea no prescribe «en modo alguno» la conversión en funcionario, sino que «deja abierta la posibilidad a la creación de figuras laborales dotadas de verdadera estabilidad».
Este informe apuesta por la figura del trabajador «fijo a extinguir» que aparece recogida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021, en una disposición sobre la integración del personal de las entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles estatales o fundaciones del sector público.
En opinión de la presidenta emérita del Tribunal Constitucional, tiene «apoyo normativo» sobre el que sustentarse.
La propuesta de Casas también plantea, de cara al futuro, la adopción de esta medida o de otras alternativas, como la imposición de indemnizaciones realmente disuasorias para las administraciones que incurran en un abuso de contratación temporal sucesiva.
Colapso en la jurisdicción social
Fabián Valero, experto en derecho laboral, ve con preocupación la situación que se puede generar con este tipo de indemnizaciones que Iceta parece tener en la cabeza. “La idea de hacer efectivo un despido improcedente para aquellos profesionales que estén en fraude de ley no parece que sea la solución”.
Para este jurista, “al parecer se reconoce únicamente para los casos de fraude que se produzcan a partir de ahora, pero no pueden excluir a los trabajadores que lleven años en fraude. Al no querer darles una estabilidad, el servicio se cubre con el mismo número de personas, pero el gasto se dispara por las indemnizaciones”.
Desde su punto de vista, “sería más económico hacerles fijos o indefinidos a extinguir para que puedan permanecer en su puesto de trabajo. Se trataría de consolidar las personas que estén en fraude en sus puestos de trabajo y las que no están en fraude emplear las indemnizaciones”.
Este jurista recuerda que “hay muchas administraciones locales con una tasa de temporalidad muy elevada sobre el 80%. Igual no convocan las oposiciones sabiendo el coste que les puede suponer. Es una estabilización forzada al no poder pagar los costes de indemnización».
Al mismo tiempo destaca que “en muchas ocasiones la administración no te va a reconocer una situación de fraude. Habrá que ir a la vía judicial. Son procedimientos que depende de donde toque la demanda pueden estar entre tres meses y cinco años, depende de la comunidad autónoma en cuestión”.
“Sigo defendiendo la tesis de que la indemnización no es un elemento que en sí mismo sirve para que la directiva alcance su finalidad. La solución para por fijeza o la estabilidad mediante la figura del indefinido a extinguir».
En este escenario este jurista cree que será importante lo que decida la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en su pleno del martes 22 de junio, “en función de lo que diga no es descartable que sigamos yendo a Europa”.
En su opinión, “van a tomar una decisión sobre la coyuntura actual, no creo que planteen una cuestión prejudicial como ya lo hicieron en el caso Diego Porras, la llamada Diego Porras II que elevó el Supremo cuando le llegó el caso, pero en este caso no pensamos que haya otra consulta al TJUE».
Fabián Valero, socio director de Zeres Abogados.
Para Valero, el TJUE en esta ocasión en su sentencia de 3 de junio y auto posterior ha sido más claro que en otras ocasiones, “las indemnizaciones dependen de cada caso y de la categoría profesional y la antigüedad. No hay cifra orientativa, lo que aún genera más problemas”.
Esto puede suponer que el despido de un ingeniero en fraude de ley sea diferente del de un celador con la misma antigüedad de diez años en ese puesto de forma temporal. “Tendrán que dar la misma solución en la vía social que en la contenciosa”, aclara.
A su juicio, no parece lógico teniendo una solución que permite contar con gente con experiencia y sin incremento del gasto, se apueste por una vía en el que el servicio público se deteriora y el gasto se dispare. El gasto público no está para las indemnizaciones”.
Proteger a los trabajadores ahora en abuso
Beatriz González, abogada experta en derecho administrativo, señala que las intenciones del ministro Iceta pasan por dejar fuera a los temporales que están en situación de abuso y aplicar la normativa a partir del momento de su entrada en vigor.
“No tiene mucho sentido, transponer una directiva sin sancionar el abuso a aquellas personas que han estado en una situación abusiva. No parece que tenga mucha lógica ese planteamiento. Habrá que ver como queda al final de las negociaciones, si solo se aplica a partir de ahora”.
Hasta el momento, esta jurista aclara que la jurisprudencia del Supremo, en sus Salas tercera y cuarta, no ha reconocido el abuso, “en el momento que se reconoce hay que seguir al TJUE y establecer la sanción adecuada y proporcionada”.
González señala que “en este escenario habrá que ver qué sucede en el Pleno del Tribunal Supremo y su Sala de lo Social. Las sentencias que están viniendo del TJUE son claras y no pueden seguir manteniendo la misma línea. En el propio auto de 10 de junio se dice que la jurisprudencia del Supremo es contradictoria a la del TJUE”.
Las medidas que ahora negocian sindicatos y el Ministerio van a suponer un antes y un después en el EBEP, “deberían también poner unos límites al abuso y a la contratación temporal, en el momento que no se cumplan lo que hay que hacer es sancionar ese abuso con una medida proporcionada y disuasoria. Es importante saber qué pasará con las personas en situacion de abuso desde hace quince o veinte años”.
González recuerda que “el TJUE, en el auto Gondomar de 30 septiembre del 2020 o la sentencia de Grecia, lo que dice es que la sanción adecuada cuando un profesional está en abusos es la transformación de ese contrato temporal en fijo”.
Para esta jurista “será complicado que las administraciones reconozcan las situaciones de fraude, con lo cual asistiremos a muchas reclamaciones por vía judicial tanto en el orden social como en el contencioso. Los temporales tendrán que acudir a los tribunales para hacer valer sus derechos”.
Beatriz González, abogada experta en derecho administrativo.
Para esta jurista, “las indemnizaciones para temporales, si son de larga duración son elevadas hablando entre los 150.000 euros a los 30.000 euros por el despido improcedente, con un máximo de 24 mensualidades”.
“No sabemos si las administraciones tienen capacidad para pagar a todos los temporales en fraude de ley que son más de los 300.000 los que Iceta ha señalado en sus intervenciones”.
González recuerda que hay trabajadores interinos en todas las administraciones en situación irregular. “Hay ayuntamientos con un elevado índice de temporalidad con un 38 o 40. Indemnizar a ese personal sería inasumible. “La solución menos traumática seria la fijeza, con menos coste y mas satisfactoria para el personal en abuso”.
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