Un proyecto de resolución de la Asamblea del Consejo de Europa pone en pie de guerra a 5 asociaciones de jueces y fiscales por ser una afrenta al Poder Judicial Español
El texto, según las cinco asociaciones de jueces y fiscales, es sesgado y falaz, a favor de los separatistas y en perjuicio del poder judicial de España.

Un proyecto de resolución de la Asamblea del Consejo de Europa pone en pie de guerra a 5 asociaciones de jueces y fiscales por ser una afrenta al Poder Judicial Español

LO CONSIDERAN SESGADO, A FAVOR DE LOS SEPARATISTAS
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20/6/2021 00:30
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Actualizado: 20/6/2021 00:30
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Tres de las cuatro asociaciones nacionales de jueces y dos de las de fiscales, menos las progresistas, han hecho un llamamiento instado al Gobierno de España para que intervenga ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa con el fin de impedir que se apruebe un proyecto de resolución elaborado por su Comité de Asuntos Legales y Derechos Humanos cuya redacción consideran injusta, falaz y supone una afrenta para el Poder Judicial de España. 

Dicho llamamiento también lo extienden a los partidos políticos con representación parlamentaria en dicha Asamblea para que en el debate de aprobación de dicho texto «expongan con claridad que la declaración se aparta radicalmente de la realidad del funcionamiento de los órganos judiciales en España».

De la misma manera se dirigen al Consejo General del Poder Judicial, organismo directamente afectado por el proyecto de declaración y como garante de la independencia judicial que se pone en entredicho, para que «se pronuncie oficialmente sobre su contenido, denunciando públicamente las falsedades e inexactitudes que el mismo contiene para evitar una declaración que, si bien carece de eficacia ejecutiva, lesiona el prestigio del Poder Judicial y la necesaria confianza en su recto funcionamiento cara a los ciudadanos».

En un comunicado que suscriben la Asociación de la Magistratura Española (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) –no la suscriben Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF)– explican que dicho texto, del que es autor el letón  Boriss Cilevics, miembro del Grupo Socialistas, Demócratas y Verdes, se considera que los políticos independentistas catalanes fueron condenados no por su participación en el proceso secesionista sino por sus declaraciones en apoyo del referéndum inconstitucional de independencia.

El socialista letón Boris Cilevics, es el autor del proyecto de resolución falaz, inexacto y sesgado –según las cinco asociaciones– sobre el juicio a los separatistas condenados que será sometido a aprobación ante la Asamblea del Consejo de Europa.

El mencionado proyecto de resolución que las asociaciones de jueces y fiscales condenan dice: «Varios políticos catalanes de alto nivel fueron procesados y finalmente condenados a largas penas de prisión por sedición y otros delitos, entre otras cosas, por declaraciones realizadas en el ejercicio de sus mandatos políticos, en apoyo del referéndum inconstitucional sobre la independencia de Cataluña de octubre de 2017 -organizado por aplicación de las ‘leyes de desconexión’ aprobadas por el Parlamento de Cataluña en septiembre de 2017 y declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional español- y llamando a participar en las protestas masivas en torno a este evento».

COMPARA A ESPAÑA CON TURQUÍA

En el mismo, el socialista letón subraya la preocupación existente «por el creciente número de políticos nacionales, regionales y locales procesados por declaraciones realizadas en el ejercicio de su mandato, en particular en España y Turquía«.

Una afirmación con la que disienten las cinco asociaciones por desconocer la realidad española: «El texto sugiere una equiparación entre la situación de España y de Turquía, países cuyos regímenes políticos y situación del estado de derecho y garantías democráticas difieren de manera rotunda, sin que sea preciso abundar en las diferencias por su carácter patente y conocido».

Turquía ha sido denunciada internacionalmente porque tras el golpe de Estado sufrido en julio 2016, más de 3.900 jueces y fiscales fueron cesados de sus puestos; un buen número de ellos fueron detenidos y encarcelados. Desde entonces la deriva autoritaria del régimen impuesto por el presidente Recep Tayyip Erdogan se ha alejado de forma evidente de los postulados ideológicos que representa, precisamente, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.

Nada que ver con España.

Además, añaden las asociaciones españolas, «se presenta la actuación de determinadas personas condenadas por delito de sedición como una mera discordancia política abordable desde el ámbito del debate político, desconociendo la vertiente de lesión a bienes jurídicos esenciales como son la paz pública, la seguridad ciudadana y la recta administración de fondos públicos, que, según parece entender el proyecto, no se resentiría por una aplicación caprichosa de los mismos a finalidades ajenas a su destino, siempre que lo ordenen políticos y se orienten a finalidades de tal carácter».

Las cinco asociaciones recuerdan que el juicio contra los condenados fue llevado a cabo y su sentencia dictada «con escrupuloso respeto a todas y cada una de las garantías de un proceso justo, en los términos del artículo 6 de Convenio Europeo de Derecho Humanos».

La sentencia del Tribunal Supremo, además, ha sido refrendada por el Tribunal Constitucional mediante la sentencia 106/2021 de 11 de mayo pasado, «que ratifica sus fundamentos y la ausencia de lesión al derecho de libertad de expresión e ideológica, que se da por supuesta en el proyecto de declaración».

UN PROYECTO DE DECLARACIÓN SESGADO A FAVOR DE LOS SEPARATISTAS

Las cinco asociaciones de jueces y fiscales subrayaba que el mencionado texto «hace suyas unas posiciones que son las que, desde el inicio del proceso, sostuvieron los políticos catalanes condenados como parte de la campaña de desprestigio a los órganos judiciales españoles, en previsión de la condena que vislumbraban segura».

Dicha versión no tiene nada que ver con la realidad de la situación judicial en España de la que se han hecho eco los organismos internacionales encargados de testar la calidad democrática de las instituciones.

Y recuerdan que «en el apartado 34 del informe intermedio de cumplimiento de España, en la Cuarta Ronda de Evaluación, efectuado por GRECO, se establece con toda rotundidad: ‘el GRECO ha sido muy claro a este respecto y desea volver a serlo: no cabe duda de la independencia e imparcialidad de los jueces en el desempeño de sus funciones (véase también el apartado 3 del informe de la cuarta ronda de evaluación de España; el apartado 78 del informe de cumplimiento'».

También citan el el último Democracy Index de la Unidad de Inteligencia de ‘The Economist’, España aparece, una vez más, entre los sistemas democráticos más avanzados del mundo, que establece únicamente 23 democracias plenas en todo el planeta.

Y el índice Rule of Law de World Justice Project, organización civil que trabaja para analizar y promover el Estado de Derecho en todo el mundo, España ocupa la posición 21.º de un listado de 126 países, con una mayor consolidación y cumplimiento del Estado de Derecho.

«Con estos datos, poner en cuestión la calidad de la democracia en España y la labor de los Tribunales y su defensa de los derechos fundamentales, insinuando una complicidad en la persecución ideológica de sus ciudadanos, constituye una falacia que debe ser reparada, evitando que se consoliden declaraciones sin fundamento que perjudican la imagen de la Justicia y de la propia percepción de España, como Estado de plenas garantías», afirman las cinco asociaciones.

Recuerdan, asimismo, que «los órganos judiciales no están al servicio de unos intereses del poder ejecutivo para reprimir las libertades públicas, como se desliza en el texto. Todo lo contrario, hasta el punto de que las Asociaciones firmantes, en defensa de la independencia judicial, hemos acudido a la Comisión Europea para alertar, precisamente, del riesgo que determinadas reformas legislativas podían suponer para la separación de poderes y el respeto a la independencia judicial».

Y terminan afirmando que «Los órganos judiciales españoles constituyen la más eficaz garantía de las libertades y aseguran la convivencia pacífica de los ciudadanos en el marco de la legalidad, por encima de subjetivas consideraciones de legitimidad ideológica que se pretenden imponer al margen del marco de convivencia, incluso a quienes no estén conformes con las mismas, pues como se señala en la sentencia dictada por el Tribunal Supremo el 14 de octubre de 2019: ‘Cuando se invaden espacios acotados por normas penales mediante actuaciones animadas por un deseo, no solo de exteriorizar las disidencia, que puede estar fundada en convicciones profundas, sino también de lograr la modificación de la legalidad, se ha asumir que el mismo ordenamiento reaccione con los resortes previstos como autodefensa frente a vías, no ya carentes de cobertura, sino en abierta oposición y rebeldía frente a la legalidad’.

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