Sigue sin establecerse las sanciones adecuadas tanto para la administracion que incurra en el abuso de temporalidad como para reparar el daño al interino. Foto: EP.
La propuesta de Iceta de indemnizar con 33 días por año trabajado deja al margen a los interinos ya en fraude de ley
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22/6/2021 01:00
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Actualizado: 22/6/2021 01:00
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Después del parón tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 3 de junio, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública y los sindicatos mayoritarios se han vuelto a reunir este lunes para retomar la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).
Dicha reforma debería entrar en vigor en este primer semestre del año. El compromiso que tiene España con la UE es que debería acometerse en dicho periodo de tiempo. Así se dice en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia aprobado por Bruselas recientemente.
El semestre acaba el 30 de junio con lo cual todo parece indicar que las reuniones de la mesa negociadora se intensificarán en los próximos días.
El Ministerio de Iceta ha planteado de forma verbal a los sindicatos convocados las modificaciones que harán en el EBEP donde se habla de una indemnización de 33 días al interino y un nuevo proceso de estabilización que valorará la experiencia de esos profesionales.
Esta propuesta se aleja por la planteada por el ministro Miquel Iceta hace algo más de un mes, aunque algunos expertos consultados por Confilegal siguen señalando que falta sanciones a las administraciones y que la puesta en marcha de procesos selectivos abiertos no es la solución.
El gran problema es saber de qué cifra se está hablando. Iceta en sus primeras comparecencias hablaba de 300.000 interinos en fraude de ley, mientras que el colectivo vertebrado a través de varias coordinadoras habla de 800.000 profesionales en fraude de ley.
Ante esta coyuntura, CSIF, sindicato mayoritario que preside Miguel Borra, ha planteado al Ministerio que se identifique con claridad cuáles son las situaciones de abuso y establecer inspecciones ordinarias para que de alguna manera no se escape ninguna situación.
En principio esas situaciones de abuso comprenderían todas aquellas que no se ajusten al actual artículo 10 del EBEP. Para los sindicatos es muy importante que se defina bien esas causas de sanción.
De todas formas, no se descarta que se apruebe un protocolo para evitar que el interino en fraude de ley, si su administración correspondiente hace caso omiso a su situacóon, tenga que demandar en los tribunales.
Dicha labor de inspección no tendría que encomendarla directamente la inspección de trabajo. Se ha comentado que se podría crear un órgano externo o incluso que esa labor podrían hacerla los propios sindicatos.
Al parecer la idea de las indemnizaciones viene provocada por las limitaciones que existen en el ordenamiento jurídico actual y que no permitirían, según los asistentes a dicha Mesa de Negociación, realizar la fijeza automática de dichos profesionales que se reclaman los interinos y sus asesores jurídicos.
En dicha Mesa de Negociación son conscientes de que la administración debe ofrecer certeza y seguridad jurídica tanto a opositores como a los propios profesionales que trabajan de forma temporal.
De hecho la intención de la Mesa de Negociación es cerrar la reforma en los próximos días sin resquicios, para que en el futuro se eviten reclamaciones judiciales, como las que hay habitualmente en la jurisdicción social y contenciosa.
Pleno Social del Supremo muy esperado
En este escenario, habrá que ver el desenlace del Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de hoy, convocado por su presidenta María Luisa Segoviano. Al parecer podrían establecerse algunos cambios de criterios en la postura del Supremo. Por el momento sus sentencias no ven abuso ninguno.
Que la próxima reunión de esta Mesa Negociadora vaya a celebrarse el próximo jueves podría estar relacionado con dicha reunión de trabajo de los magistrados de la Sala de lo Social. Es evidente que se va a seguir con mucho cuidado este tema.
De momento, salvo alguna sentencia que reconoce el abuso, el panorama está siendo negativo para los intereses de estos profesionales interinos. “Los jueces esgrimen la crisis económica como justificación de que no ha habido convocatorias de plazas y no castigan el abuso”, aclara Pau Albert Martí, abogado especializado en reclamaciones a nivel laboral y contencioso y vinculado a la Coordinadora Estatal de Empleo Público Temporal (CEPPT).
Para este jurista, “deberían volver a su doctrina del 2014 y que vuelva a señalar que cualquier contrato de interinidad por cobertura de vacante que supere los tres años, debería convertirse en indefinido no fijo, al menos. En el 2017 se reconoció su indemnización de los 20 días por año trabajado que se cambió en el 2019”.
Pau Albert Martí, abogado.
En la actualidad, “únicamente se reconoce la categoría de indefinido no fijo si se demuestra que la relación es injustificadamente larga y que en un periodo sin determinar, la administración no haya hecho ninguna actuación para intentar cubrir esa plaza vacante”.
Para Martí, la sentencia de 3 de junio tiene un punto importante, “señala el TJUE que la crisis económica no puede servir para que un país como España no cumpla con la Directiva 1999/70 y que las administraciones hagan que una relación temporal perdure en el tiempo. Es posible que el cambio del Supremo venga por aquí”.
Junto a las movilizaciones y a la huelga general que tuvo lugar este viernes pasado en todas las administraciones españolas, con impacto desigual, el movimiento de los interinos mantiene su actividad en los tribunales para buscar sentencias que les den la fijeza y reivindicar sus intereses.
Abogados como Raúl Bocanegra, experto en derecho administrativo con despacho en Oviedo y Madrid, en el área de influencia de Castilla-León; José Páramo, en la jurisdicción laboral; Fabián Valero, experto en contencioso en Galicia.
También Andrés Buades, Felio Bauza, Javier Arauz de Robles, Beatriz González o Fruitos Richarte, son abogados que estarán pendientes, como otros tantos interesados en este asunto, del Pleno de hoy martes de la Sala de lo Social del Supremo.
¿Qué pasa con los que están en fraude ya?
Esta es la pregunta que se hace todo el mundo, Javier Arauz, abogado del Estado en excedencia y muy vinculado a la defensa de los interinos, señala que “la situación la están complicado los políticos. Europa ha dejado claro por donde hay que ir. Pero la actitud opaca del Gobierno está complicando la reforma del EBEP y la situación de miles de interinos del país”.
En cuanto a la propuesta de Iceta de las indemnizaciones como si fuera un despido improcedente, apunta que “el Ministerio habla de una indemnización para el futuro para aquellos que caigan en esa situación si no se cumple el EBEP, pero falta saber qué hacemos con los que ya están en abuso de temporalidad”.
Para este experto, “no hay guerra de cifras, los datos que manejamos hablan de cerca unos 800.000 interinos en fraude de ley. El Gobierno tiene reconocido 675.000, sabemos que en los ayuntamientos el número es muy elevado. En Ayuntamientos como el de Madrid no bajan de 3.000. hay una falta de transparencia notable en este sentido”.
Desde su punto de vista, “no se da una solución al problema real que esta en abuso en la actualidad. El Ministro vuelve a hablar de procesos de estabilización que ya la sentencia de 19 de marzo ha señalado que ningún proceso estabilización tiene contenido sancionador. El auto de 2 de junio del TJUE los echa por tierra son procesos abiertos donde las víctimas de abuso no tienen garantizada su estabilidad en el empleo”.
Arauz recuerda que «estos procesos selectivos los diseñó el Gobierno en la época de Mariano Rajoy y que ha seguido el PSOE ahora. Además, se demuestra que no están conformes con la Directiva comunitaria porque así ya lo ha dicho el TJUE en varias ocasiones. Se insiste en una medida que no es viable ni proporciona solución”.
Javier Arauz, abogado.
Al mismo tiempo sobre la cuantía de las indemnizaciones señala que “el problema que tiene es quién la va a pagar en plena crisis económica. La situación del país no está para pagar estas cantidades que se barajan. Son indemnizaciones innecesarias porque podríamos seguir contando con estos profesionales que han hecho su trabajo de forma modélica hasta que se jubilen. Creo que este dinero debería dedicarse a afrontar la crisis”.
Este jurista no niega que “de cara al futuro establecer una indemnización podría ser una de las soluciones, pero para los que ya están en abuso la única solución razonable, estable que se vislumbra y que beneficia a ambas partes, tanto al Estado y administraciones como a los interinos es que tengan una estabilidad en el empleo hasta que se jubilen”.
CSIF y los interinos
En esta negociación entre Ministerio y sindicatos, el propio CSIF, reclama extender la compensación económica de 33 días a los actuales interinos en situación de abuso. CSIF propone un concurso oposición que valore al máximo la antigüedad, sin pruebas eliminatorias y con ejercicios teórico/prácticos.
De manera paralela, exigen que se fomente la promoción interna y la movilidad del personal fijo para garantizar las legítimas aspiraciones de todos los colectivos de la administración.
Además, consideran que la propuesta sigue sin aplicar con claridad medidas efectivas, disuasorias y sancionadoras (por la vía disciplinaria, administrativa y penal) para acabar con la temporalidad, como establece la Directiva Europea.
Miguel Borra, presidente de CSIF.
Y es que la propuesta del Ministerio sigue penalizando al personal temporal, como señalan otros expertos, que finalizaría su relación con la administración a los tres años, sin que se le ofrezca una alternativa clara, como si éste fuese el culpable de su situación de temporalidad.
CSIF además reclama un sistema de acceso por concurso oposición, con plenas garantías constitucionales, si bien baremando al máximo la antigüedad, con una valoración de la fase de concurso del 40 por ciento, con ejercicios teórico prácticos y sin pruebas eliminatorias.
De manera paralela, entiende que se debe fomentar la promoción interna y la movilidad del personal fijo para garantizar las legítimas aspiraciones de todos los colectivos de la administración.
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