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Ilicitud de la violencia

Jesús Seligrat
Ilicitud de la violencia
El abogado Jesús Seligrat en la Academia de Jurisprudencia y Legislación, donde presentó la propuesta del 'Defensor del Mayor'. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
25/6/2021 06:46
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Actualizado: 25/6/2021 06:46
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En la actual sociedad internacional, colmada por instituciones públicas, cargos públicos y partidos políticos, ideologizar la violencia, siempre constituirá un horroroso error.

La violencia de género, la violencia patriarcal, la violencia de vicaría, son violencias sociales, violencia de violencias, violencias del terror, del horror, de la sangre, del execrable crimen contra los derechos humanos, las libertades, la vida, la verdad y el corazón biológico y social de la Humanidad.

La mujer, como víctima de violencia de género, las hijas e hijos, los mayores y todo ser humano como víctimas de violencia social, de terrorismo contra familiar, constituyen una asignatura social pendiente, que no logrará su solución jamás, si lejos de la prevención jurídico-social, se gestan enfrentamientos ideológicos, pues considero que, la violencia carece de ideología, los delitos socio-familiares carecen de ideología, ya que el horror de los crímenes en los entornos socio-familiares, considero que no deben ser politizados.

Politizar la violencia, las normas jurídicas, la justicia y su interpretación generará error, horror, injusticia y desequilibrio social. ¡Toda violencia, viola el corazón social de la Humanidad, vulnerando sus latidos de libertad, justicia y legalidad!

El terrorismo contra familiar, el terrorismo de género, el terrorismo patriarcal, el terrorismo de vicaría, constituyen trágicos exponentes de violencia social en un mundo donde hay guerras de todo tipo, desde víricas hasta emocionales, psicológicas, económicas, sin olvidar que la violencia, venga de donde venga, debe ser siempre condenada por verdad, por justicia y por libertad.

Todo pueblo bien informado desde la libertad de la verdad, debe evitar que determinados medios de comunicación, determinadas televisiones, se conviertan en juezas y jueces con juicios paralelos con grave perjuicio social, ya que, la potestad de juzgar y ser juzgados está encomendada por Ley, por justicia, por verdad, por libertad y por razón legal a las Administraciones de Justicia, debiendo la sociedad cumplir las resoluciones judiciales y sentencias con el más escrupuloso respeto y acatamiento, en todo Estado Social y Democrático de Derecho.

La libertad de expresión, jamás debe ser empleada como libertad en la difamación, como intromisión en el honor, la intimidad, la privacidad, la dignidad y la verdad de todo cuanto sucede en el mundo.

Las versiones, no deben sustituir a los hechos, sin olvidar que rige la presunción de inocencia en todo Estado Social y Democrático de Derecho y los hechos deben ser probados en sede judicial, no inventados, diseñados, manipulados ni tergiversados, fuera de las jurisdicciones correspondientes, por rigor jurídico y garantía procesal.

Como jurista, defensor de la libertad de la verdad, de la seguridad jurídica, de la garantía legal y constitucional, considero con supremo respeto y saludable reflexión social, que no beneficia a la erradicación de la actual y execrable violencia de género y violencia contra familiar, determinados dictámenes pronunciados en determinados medios de comunicación, por personas no especializadas en un asunto de tanta envergadura, suprema trascendencia social, necesaria  y rigurosa especialización, como todo aquello que afecta a la violencia de género, violencia patriarcal y violencia de vicaría, así como, de todo cuanto afecta al régimen jurídico sustantivo y procesal de las separaciones, divorcios, rupturas de pareja y rupturas familiares.

VIOLACIÓN DE DERECHOS

La violencia de género, como violencia social, constituye un fenómeno tan grave como extendido mundialmente en la Historia Universal de la Humanidad, con tramos opacos, silenciados en distintos períodos donde los derechos y libertades de las mujeres, fueron vulnerados, sangrados y letalmente abandonados, como lacra execrable y cruel.

Las violencias constituyen hiriente violación de derechos, libertades, vidas, haciendas, ilusiones, metas, intimidades, ideologías, economías, salud, naturaleza, climatología, verdades y esperanzas en la Humanidad.

Las Leyes, las normas jurídicas, no deben ser duras ni blandas, deben ser justas, protegiendo a las víctimas, a los seres humanos más débiles y vulnerables, a los menores de edad, buscando la reinserción de los caídos, sin venganzas, sin presunción de culpabilidad, con garantía jurídico-procesal y con medidas cautelares de prevención jurídica, social y asistencial, desterrando la violencia de género y todo tipo de violencia contra el género humano, mujeres, hombres, menores, jóvenes y mayores con inteligencia, rigor y talento institucional.

La presunción de inocencia debe ser garantizada, erradicando la presunción de culpabilidad, sin ideologizar ninguna norma, ningún principio general del Derecho, ningún derecho humano, ninguna libertad, si en verdad amamos y deseamos el logro de que la justicia sea camino de verdad, desde la seguridad jurídica y la garantía procesal.

La existencia de heroínas y mártires en el mundo, delata injusticia, ineficacia, inseguridad en los derechos de las mujeres, falta de prevención jurídico-social, económica y asistencial, insuficiencia y nocividad en situaciones de terror, sangradas por violencia de género, violencia patriarcal, violencia de vicaría.

La maldad no constituye una patología psíquica, que exima de responsabilidad, siendo un componente de la personalidad en determinados individuos, como demuestra la evidencia pública y notoria en la historia delictiva universal.

En los procesos socio-familiares, separaciones, divorcios, rupturas de parejas, disolución de uniones consensuales, los Derechos Humanos Socio-Familiares, deben ser garantizados con integral seguridad y eficacia en los derechos de las mujeres, los derechos de las hijas e hijos, los derechos de ambos cónyuges y las obligaciones de progenitoras y progenitores en su función-deber, protegiendo los derechos de las hijas y de los hijos menores de edad, como máximo interés a salvaguardar en la noble y abnegada función-deber de la patria potestad, guarda y custodia y derechos de comunicación y visita de las hijas y de los hijos menores de edad, siendo el Derecho Civil socio-familiar clave en su especialización, en aras de lograr evitar toda contienda entre los distintos componentes del grupo familiar con efectos no deseados, previniendo la erradicación de todo tipo de violencia con el rigor de la Ley, con la garantía jurídico-procesal y con la asistencia magistral de los juzgados especializados de familia, salas de familia, fiscales, psicólogos y asistentes sociales especializados, profesionales procuradores y letrados especializados.

Ya en el año 1.974, cuando presenté mi tesis de licenciatura con la nueva figura jurídica del defensor del menor, vengo señalando que no resulta acertado establecer como criterio general, las guardas y custodias compartidas en procesos de separaciones, divorcios y rupturas de pareja, ya que, cada asunto socio-familiar, matrimonial y de parejas es único, exclusivo e irrepetible, debiendo ser enjuiciado en su unicidad, encontrándose nuestro país a la cabeza de Europa en derechos jurídico-matrimoniales, en derechos socio-familiares y en uniones consensuales, con especializados juzgados de familia, salas de familia, juzgados de violencia de género, como exponente magistral de seguridad, garantía procesal, rigor y transparencia.

En los procesos socio-familiares, matrimoniales y de pareja, la patria potestad, las guardas y custodias, los derechos de comunicación y visita, constituyen derechos inalienables de las hijas y de los hijos menores de edad, siendo obligada función-deber de progenitoras y progenitores cumplirlos adecuadamente, en interés de los menores como prioritario criterio e interés a salvaguardar, evitando legalmente desde la prevención con las pertinentes medidas cautelares, que ningún menor sea “utilizado” como víctima en contiendas familiares, matrimoniales o de pareja.

Resulta fundamental el requisito de “idoneidad” para cumplir con la función-deber de madre y padre, ya que, resulta público y notorio, que desgraciadamente, en determinados supuestos, progenitores de ambos sexos no reúnen las condiciones idóneas para ejercer tan noble, obligada, abnegada y protectora función.

Las hijas e hijos y sus derechos son de ellas mismas y de ellos mismos, y en todo proceso matrimonial o de parejas, los menores deben ser escuchados si no carecieren de juicio o razón suficiente y, taxativamente, a partir de los 12 años de edad, sin olvidar la figura de las abuelas y abuelos, existiendo desde la trascendental reforma legal de 7 de julio y de 13 de mayo de 1.981, magistrales resoluciones judiciales concediendo tan noble función de guarda y custodia a abuelas y abuelos, cuando en casos determinados y excepcionales, los progenitores no reúnen la necesaria “idoneidad”, ya que, las hijas e hijos menores, constituyen la más nítida, rigurosa y transparente protección, garantía y seguridad sustantiva y procesal.

Los daños emocionales y daños morales, deberían regularizarse de forma específica en nuestra legislación sustantiva civil en asuntos matrimoniales, de pareja y socio-familiares.

Con supremo respeto y cálida reflexión social, considero que no resulta suficiente, las pensiones por desequilibrio económico y las indemnizaciones compensatorias en determinados procesos matrimoniales, familiares y de parejas cuando la convivencia gesta daños emocionales en cualquiera de los integrantes matrimoniales, socio-familiares o de pareja.

El derecho civil socio-familiar, constituye un derecho específico, necesitado de la suma de normativas específicas, máxime cuando incide en perjuicios emocionales, morales o sentimentales, en determinadas convivencias nocivas, degradantes, maliciosas o perversas sin gestar situaciones tipificadas penalmente.

Por ello, no sólo procede la compensación por desequilibrio económico en las rupturas, sino también por desequilibrio emocional, sentimental o moral, brotado por convivencias adversas a cualquiera de los integrantes del grupo socio-familiar, cómo lo acredita la situación actual, colmada de graves conflictos.

No estancarse en errores pasados siendo presente con futuro, constituye base prioritaria para lograr avanzar en un mundo donde, la libertad de la verdad, como necesaria transparencia internacional, constituya raíz esencial de progreso con talento social e inteligencia institucional, sin politizar ni ideologizar la justicia, las leyes, los derechos ni las libertades sociales, individuales y económicas en la Humanidad, erradicando la violencia en todos los confines de la Tierra, como avance veraz de concordia, razón y justicia.

La violencia no debe ser ideologizada ni politizada, la violencia como ilícita, debe ser erradicada desde la prevención hasta la más justa condena.

¡Qué la violencia muera para siempre, haciendo verdad la inmortalidad de las libertades en todos los confines de la Tierra!

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