El exmagistrado Fernando Presencia, presidente de la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública (ACODAP), ha aportado, al Juzgado Mixto 4 de Talavera de la Reina, Toledo, los documentos en los que acredita que no es okupa del piso en el que habita con su familia desde 2013 y que se encuentra a apenas 300 metros de los Juzgados.
«He aportado una batería de facturas, incluyendo los recibos de electricidad, agua y teléfono a la juez», explica Presencia.
La vista pública, que tuvo lugar el pasado viernes por la mañana, tenía como objeto precisamente esto, probar que no era un okupa.
Su piso, propiedad de la sociedad Advanced Urban Energy hasta hace dos años, fue subastado.
«Y fue comprado por un fondo buitre. No se me informó de ello. No se me permitió ejercer mi derecho de tanteo, de poder adquirir mi piso, como establece el artículo 25 de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Le correspondía informarme a la secretaria judicial de este Juzgado, Rosa Turné, quien tiene una especial inquina personal contra mí. Y no lo hizo. Como consecuencia, articuló el lanzamiento. Mi desahucio. Que ahora estoy respondiendo judicialmente», explica Presencia.
Con la aportación de estas pruebas, Presencia pretende paralizar el procedimiento de ejecución –»ha quedado demostrado que soy inquilino y no okupa»–, y la nulidad de la subasta realizada sin respetar la ley.
«El nuevo propietario tiene que reconocer mi posesión como inquilino. Podemos llegar a un acuerdo, que sería lo suyo», subraya el presidente de ACODAP, que, además, dice haber recusado a Turné.
Paralelamente a este caso, Presencia ha denunciado a la letrada de la Administración de Justicia mencionada por los supuestos delitos de prevaricación administrativa, maquinación para alterar el precio de las cosas y falsedad documental, por cómo ha llevado el procedimiento del desahucio de su piso, en el que habita con su esposa y sus cuatro hijos pequeños.
La denuncia ha sido admitida a trámite por el Juzgado Mixto 6 de Talavera de la Reina, asegura el exmagistrado.
Esto añade un factor nuevo al desahucio, el de la prejudicialidad penal. Todos los procedimientos que no sean penales quedan paralizados hasta que se resuelva la denuncia contra la letrada judicial.
