Recientemente también ha sido condenado a un año y nueve meses de cárcel por falsificar un DNI para que un amigo le aprobara Selectividad. Foto: EP
El ‘pequeño Nicolás’, condenado a tres años de cárcel por hacerse pasar como enlace entre el Gobierno y la Casa Real
Por un delito de usurpación de funciones públicas y un delito de cohecho activo, en los que concurren la atenuante analógica de anomalía psíquica y dilaciones indebidas
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20/7/2021 10:52
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Actualizado: 20/7/2021 10:52
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La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a tres años de cárcel a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, más conocido como el ‘pequeño Nicolás’, por hacerse pasar por un enlace de vicepresidencia del Gobierno y de la Casa Real en el viaje que hizo en 2014 a Ribadeo (Galicia) para reunirse con el presidente de ALSA, Jorge Cosmen.
En concreto, el tribunal de la Sala de lo Penal (Sección 17) le ha impuesto nueve meses de prisión como autor responsable de un delito de usurpación de funciones públicas con la atenuante analógica de anomalía psíquica y dilaciones indebidas, y otros dos años y tres meses por un delito de cohecho activo, en el que concurren las mismas atenuantes.
Lo ha absuelto de falsedad en documento público u oficial cometido por particular y de malversación de caudales públicos.
Junto al Pequeño Nicolás fueron también juzgados el cabo de la Policía Municipal de Madrid Jorge González Hormigos, destinado en el Grupo de Escoltas y Protección, y el policía municipal de Torrijos (Toledo), Carlos Pérez López-Dávila, quienes acompañaron a Gómez Iglesias en su viaje a Ribadeo.
El primero ha sido condenado por un delito de cohecho pasivo, concurriendo la atenuante de dilaciones indebidas, a tres años de cárcel, a una multa de 12 meses con una cuota diaria de cuatro euros e inhabilitación especial para el empleo de policía durante siete años. Ha sido absuelto de los delitos de usurpación de funciones y malversación de caudales públicos por los que venía siendo acusado.
El otro agente ha sido absuelto de todos los delitos de los que estaba acusado: usurpación de funciones públicas y cohecho pasivo.
La sentencia es la número 401/2021, de 19 de julio, la firman los magistrados José Luis Sánchez Trujillano (presidente y ponente), Manuel Eduardo Regalado Valdés e Ignacio U. González Vega.
Esta resolución no es firme, cabe recurso de casación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
Su abogado, Manuel Marchena Perea –hijo del magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena, el presidente de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal-, ya ha anunciado que la recurrirá.
En el juicio, celebrado en mayo, Gómez Iglesias sostuvo que su objetivo no era fingir que era una autoridad oficial, sino aparentar que era «una persona importante» para impresionar al presidente de ALSA, con quien había programado una reunión que tuvo lugar el 13 de agosto de 2014 en el Club Náutico de Ribadeo.
«Quería tirarme el pisto», dijo.
La Fiscalía pedía siete años de prisión para él por usurpación, cohecho y falsedad en documento oficial. Además, reclamaba una multa que rondaba los 81.000 euros. Para los otros dos acusados pedía cinco años y medio de prisión, una multa de 15 meses con una cuota diaria de 10 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante nueve años por usurpación de funciones públicas y cohecho pasivo.
En la sentencia, de 96 páginas, el tribunal declara probado que Gómez Iglesias «padece un trastorno de la personalidad con características narcisistas y de rasgos inmaduros, así como un trastorno adaptativo con sintomatología ansioso-depresiva, situación que le condicionaba la percepción de la realidad, limitando levemente sus facultades cognitivas».
«Se trataba de determinada persona que se había ido introduciendo en determinados círculos relevantes, tanto políticos, como de actividad misma del Estado, como empresariales», señalan los magistrados.
La detención del ‘pequeño Nicolás’ el 14 de octubre de 2014 derivó en diferentes procedimientos judiciales.
En 2018 fue absuelto de haber cometido un delito de injurias y calumnias contra el CNI en varios medios de comunicación por acusar al organismo de ‘pinchar’ su teléfono ilegalmente.
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