La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la mayoritaria en el Consejo de la Benemérita, ha convocado para el próximo 18 de septiembre, sábado, una manifestación en Madrid que partirá a las 12.00 de la plaza de Colón y finalizará frente a la sede del Ministerio del Interior, en el Paseo de la Castellana.
Ante el Ministerio, la AUGC leerá un manifiesto donde expondrá sus motivos al «rechazo de las políticas de Fernando Grande-Marlaska»
El objetivo de esta movilización, en la que participarán agentes procedentes de toda España, es «concienciar a la ciudadanía de la falta de derechos y precariedad en las condiciones sociolaborales de los trabajadores de la Guardia Civil» y «trasladar a los grupos políticos y el Gobierno la necesidad de poner remedio a dichas precariedades y discriminaciones de manera inmediata», explica la AUGC.
Según informa, «la convocatoria ya ha despertado una enorme expectación entre los compañeros y sus familiares».
La última gran manifestación convocada por la AUGC tuvo lugar en noviembre de 2015 y reunió en la capital a más de 12.000 guardias civiles y familiares. El precedente más reciente de un acto reivindicativo en Madrid fue la que celebró el pasado 5 de junio en la Puerta del Sol, que reunió a más de 3.000 guardias civiles.
La AUGC señala que «las discriminaciones, precariedades y faltas de derechos que han llevado a AUGC a convocar la manifestación del 18S son muchas, diversas y antiguas».
Denuncia, por ejemplo, que los guardias civiles «todavía no cuentan con una jornada laboral digna, con turnos de trabajo que permitan conciliar»; que el reparto de la productividad «premia a los altos mandos y deja las migajas a los agentes»; que pueden ir a la cárcel por una discusión laboral; que sus representantes asociativos «son represaliados»; que «no hay derecho de sindicación»; y que «faltan medios humanos y técnicos».
Por otro lado, destaca que el acuerdo de equiparación salarial firmado en 2018 con el Gobierno «no se ha cumplido totalmente».
«Hay que revisar las cantidades inicialmente destinadas a la equiparación salarial con los ‘Mossos’ y dar cumplimiento a la cláusula tercera, para que se puedan incorporar al servicio los guardias civiles en situación de reserva sin destino, y la cláusula octava para la tramitación de una ley que no permita en el futuro discriminaciones salariales entre cuerpos policiales que realizan las mismas funciones», explica.
Además, asegura que hubo «diferencia de trato» en la asignación del tercer y último tramo de equiparación salarial para guardias civiles y policías nacionales. «A pesar de contar la Guardia Civil con un presupuesto mayor (59%) que la Policía Nacional (41%) la cantidad asignada a las escalas de base fue menor para la primera», manifiesta.
La AUGC informa que «por si esto fuera poco atropello, el reparto del tercer tramo ha conllevado a un nuevo abuso y se ha publicado una nueva norma para regular la productividad que es tan ininteligible, complicada y confusa, como la anterior, y que, asimismo, es incoherente ya que no reconoce el servicio operativo que realizan los guardias civiles en horas nocturnas o festivas».
A esto se añade -señala- que los guardias civiles continúan siendo «los únicos trabajadores de los servicios de emergencia, incluidos, por supuesto, el resto de cuerpos policiales, que no cuentan con una turnicidad de trabajo estable y continuada -a pesar de que así lo marca la ley- que les permita conciliar su jornada laboral y familiar».
Según informa la AUGC, los guardias civiles no conocen qué días tendrán que trabajar y cuáles librarán a apenas unas semanas vista. Además, según expone, «un guardia civil es el policía que más horas de trabajo realiza anualmente, sin que este esfuerzo se vea recompensado en su nómina».
«Los guardias civiles continúan siendo tratados como policías de segunda», lamenta.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles afirma que esta situación condiciona enormemente la vida de cualquier familia.
Además, manifiesta que «para mayor agravio para los guardias civiles», estos continúan «privados de unos complementos dignos» por el servicio realizado en horario festivo, nocturno o en horas extras.
«Otro de los agravios» que sufren los guardias civiles , según la AUGC, es el Código Penal Militar, «un anacronismo impropio en una verdadera democracia, que se emplea como herramienta laboral represora».
«Los números son claros: de las sesenta condenas impuestas por sentencias firme desde 2010 hasta 2019, 52 correspondieron a guardias civiles, mientras que cinco se aplicaron sobre suboficiales, y tres contra oficiales. En casi la mitad de los casos, el ‘delito’ cometido fue el de «Insulto a Superior»», expone.
Por eso, la AUGC insiste en «la necesidad» de que deje de aplicarse el Código Penal Militar a los guardias civiles en funciones policiales, «tal y como se estableció en 2007».
Esta asociación asegura que «la reforma de 2016, decidida unilateralmente por el Gobierno del PP con el resto de fuerzas políticas en contra, supuso un enorme paso atrás en los derechos de los guardias civiles». «Antes de esta reforma, el CPM sólo se les aplicaba en tiempo de conflicto armado; durante la vigencia del estado de sitio; o en el cumplimiento de misiones de carácter militar», apunta.
En este sentido, señala, además, que «la cuadratura del círculo se cierra con la reciente aprobación de un Código de Conducta que supone una involución en las políticas de personal aplicadas a los guardias civiles para hacerles retroceder a épocas ya superadas».
A todo ello añade que «todavía hoy los trabajadores de la Benemérita carecen de derecho de sindicación, algo fundamental a la hora de negociar con la institución mejoras sociolaborales». «Mientras que el resto de cuerpos policiales sí disfrutan de este derecho, al igual que el resto de españoles, los guardias civiles están privados de él», denuncia.
También denuncia «persecución de los representantes asociativos de AUGC, pues son los únicos que sufren estas aperturas de expedientes y aplicación de sanciones, como práctica represora que tiene como claro objetivo amedrentar a los legítimos representantes de los guardias civiles».
La AUGC señala que interpeló directamente por todas estas cuestiones al ministro del Interior en la concentración del pasado 5 de junio, pero que Marlaska «sigue haciendo oídos sordos» a las reclamaciones de la asociación, y «no se ha dignado» a contestar a sus requerimientos.
Por ello, los guardias civiles volverán a salir a la calle el 18 de septiembre «para hacer partícipe a la sociedad de la necesidad de cambios en la Guardia Civil para modernizar y homologar las condiciones sociolabores de estos servidores públicos».
