Será el próximo martes ante la magistrada del Juzgado de Instrucción 39 de Madrid, Belén Sánchez. La querella contra Manuel Morocho, inspector jefe del Grupo 21 de la Brigada de blanqueo de Capitales de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, y un subinspector, tiene su origen en sus declaraciones –como testigo– ante el tribunal del caso Gürtel, primera época, que se celebró ante la Audiencia Nacional.
Durante ese interrogatorio quedó claro que tanto el como el citado subinspector, a guisa de instructor y secretario, habían firmado actas de entradas y registros, los días 6 y 7 de febrero de 2009, en horas coincidentes en diferentes lugares.
Ninguno de los dos poseían el don de la ubicuidad, la capacidad de estar en dos sitios al mismo tiempo.
Esas declaraciones fueron la base de la querella que en enero de 2019 interpuso Pablo Crespo, mano derecha de Francisco Correa –ambos condenados en aquel juicio– contra Morocho y el subinspector.
En la misma se les acusa de un delito de falsedad documental del artículo 390.1 y 3 del Código Penal.
Está castigado con penas de prisión de 3 a 6 años, multa de 6 a 24 meses e inhabilitación especial por tiempo de 2 a 6 años, «a la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones, cometa falsedad alterando un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial» o «suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido, o atribuyendo a las que han intervenido en él declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieran hecho».
La magistrada Sánchez también ha convocado como testigos a 11 funcionarios de Policía Nacional que aparecen como «presentes» en dichas actas supuestamente falsificadas.
A la querella presentada por Crespo se adhirió después la defensa de Francisco Correa.
Fue inicialmente archivada por la juez instructora, pero en noviembre de 2019 la Audiencia Provincial de Madrid le ordenó reabrir la causa después de que los abogados de Crespo interpusieran un recurso de apelación.
Tanto la defensa de Correa como la de Crespo han intentado anular estos registros, que fueron la base de la investigación de la Gürtel, alegando vulneración de derechos e irregularidades durante la instrucción de diversas piezas del ‘caso Gürtel’ y en los propios juicios que hasta ahora se han celebrado.
