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Pilar Vallugera, diputada de ERC, ve «impresentable» que se convoquen procesos selectivos sin esperar al proyecto de ley de interinos

Es partidaria de regularizar a los interinos en fraude a partir de los tres años con un concurso de méritos como permite el EBEPDurante la convalidación del Real Decreto-Ley en julio, Vallugera advirtió al PSOE de la necesidad de crear un marco jurídico estable para resolver la situación de 800.000 interinos. Foto: ERC.
| | Actualizado: 25/09/2021 13:37

En vísperas de la manifestación de interinos que tendrá lugar este sábado en Madrid, que espera superar la convocatoria del pasado mes de mayo, Pilar Vallugera, diputada de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso de los Diputados, explica a Confilegal el momento actual que vive la tramitación del Real Decreto-Ley 13/2021 en proyecto de ley.

Durante la convalidación del Real Decreto-Ley en julio en la Cámara Baja, Vallugera advirtió al PSOE de la necesidad de crear un marco jurídico estable para resolver la situación de 800.000 interinos.

“A los interinos en fraude no se les regala nada si al final se opta por el concurso restringido de méritos como acceso”, afirma.

Respecto a las tres prórrogas que los diputados de la Comisión de Política Territorial y Función Pública han pedido para tramitar sus enmiendas, explica que “la última que no se va a demorar más, tiene que ver con la enmienda a la totalidad de Junts que se votó este jueves en el Congreso y que se rechazó por amplia mayoría. Si hubiera salido, habría que haber retomado este nuevo texto y completado ese periodo de enmiendas”.

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“Tenemos el compromiso, los partidos políticos, de cerrar este tema el mes de octubre. Las posiciones están claras y las enmiendas ya están redactadas a falta de alguna sorpresa final. Se trata de consensuar una ponencia y ponernos de acuerdo en un texto que luego se envíe al Senado para regresar de nuevo al Congreso”.

“A 31 de octubre debería de estar vigente, si no lo está en el plazo de una semana, así lo fijamos en la convalidación del Real Decreto-ley”, comenta.

El PSOE y sus líneas rojas

En cuanto a las negociaciones, aclara que “espero y deseo que el PSOE esté dispuesto negociar este proyecto de ley. Habrá que ver si conseguimos que acepte el concurso de méritos para los interinos en fraude del 61.6 del EBEP. Parece lógico que aquellos en fraude a partir de tres años se beneficiaran de ello y no los diez que dijo Montero”.

Este argumento Vallugera lo valida desde la jurisprudencia europea que ya habla del abuso a los tres años y las sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal, que avala este tipo de iniciativa.

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También explica que “el PSOE no está dispuesto en principio a la estabilización automática de los interinos en fraude, la llamada fijeza automática porque al parecer podría vulnerar el acuerdo suscrito entre el Gobierno y los sindicatos UGT, CCOO y CSIF con el Real Decreto-Ley”.

Desde su punto de vista, el citado Real Decreto-Ley 14/2021 no sigue la jurisprudencia europea, “hay que ir a la lógica y racionalidad jurídica”.

“El tema está muy claro. Hay un abuso palmario y evidente como lo señala la sentencia de 19 de marzo del 2020 o el auto del 3 de junio del TJUe y el propio Tribunal Supremo ha modificado su jurisprudencia”.

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Concurso de méritos legal

Para Vallugera, ese concurso de méritos que se plantea a través del 61.6 del EBEP “debe ser restringido y es completamente legal. Así lo señalan varias sentencias del Tribunal Constitucional. Debe ser el elemento de adaptación de estos profesionales al nuevo marco normativo”.

Otra cuestión que apunta es que “se pretende hacer por una sola vez para regularizar a todos estos profesionales en fraude. No es un sistema de acceso a la función pública nuevo, como alguien ha dicho. Se trata de resolver esta problemática que hay que retrotraerla a los últimos diez años”.

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A su juicio, “hay que darse cuenta de que a los interinos en fraude de ley no les estamos haciendo ningún favor. Es una solución jurídica a una situación de abuso declarada que ha causado las administraciones.. Desde aquí enfrentar derechos de funcionarios y opositores con interinos es un grave error”.

Desde su punto de vista, “no se entiende bien cómo un Estado que se dice de Derecho y social sea capaz de generar esta situación para este colectivo superior de 800.000 interinos en fraude de ley. Un colectivo muy feminizado y que ha dado la cara ahora con el Covid en residencias, cocinas, sanidad y educación, difíciles de recolocar”.

También recuerda que “muchos de ellos entraron a través de pruebas en la administración, con lo cual ya cumplen el articulo 103 de la Constitución sobre igualdad, mérito y capacidad. No deberían enfrentarse en una oposición libre con gente joven que solo tienen que estudiar”.

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Fondos europeos e indemnizaciones

En cuanto a si se deberían pagar con fondos europeos las posibles indemnizaciones de interinos que sean cesados, Vallugera es tajante y advierte que “no deberían pagarse. Sin embargo nuestra propuesta no busca indemnizaciones. Queremos que a través de normas legales transparentes estos profesionales tengan su trabajo definitivo a coste cero para las administraciones”.

A su juicio, “en un momento tan complicado para nuestro país hay que destinar los fondos europeos a la recuperación económica y mejorar los servicios públicos existentes. Con esas indemnizaciones crearíamos parados y colectivos vulnerables, algo que hay que evitar. No tendría ningún tipo de lógica”.

Vallugera comparte tesis con Ciudadanos que acaba de hacer público una propuesta para estabilizar al colectivo, “ahí estoy de acuerdo con ellos, quieren que los directivos que realicen esos procesos selectivos respondan con sus bienes. La responsabilidad del sector público debe tener un componente personal porque de lo contrario, nunca pasa nada”.

A su juicio, “en el caso que se establezcan esas indemnizaciones debería de pagar el Estado. Si el Estado no da la capacidad que las entidades locales y comunidades autónomas puedan gestionar la entrada de ese personal interino como quieran y se genera la indemnización, el Estado debería indemnizar porque las administraciones no tienen fondos suficientes para dar servicios debido a la cláusula de subsidiariedad con la que estoy de acuerdo. No se puede cargar a las Haciendas locales con dicho gasto”.

En cuanto a las indemnizaciones, “en caso que no prosperen nuestras propuestas y las de otros grupos tendría que ser más elevadas de las que se plantea. Nosotros planteamos los 33 días por año trabajado, como si fuera un despido improcedente. Esto debe ponerse en relación con la reforma laboral. La actual indemnización es una limosma de 20 días por año trabajado y doce meses”.

En cuanto al problema de la retroactividad, con interinos ya cesados y otros inmersos en procesos selectivos, reconoce que “la retroactividad me tiene muy preocupada. Veremos como la podemos articular”.

“Habrá que ver hasta donde tendríamos que retroceder. Los procesos en curso ahora deberían pararse de forma inmediata. Bastaría un Real Decreto-Ley que incitase a dicha paralización, pero no se ha hecho hasta el momento”.

La diputada de ERC adelanta que “vamos a presentar una enmienda para que esas plazas que no se han terminado sus procesos se reenvíen a los concursos de interinos que se pongan en marcha para sacarlos de los procesos selectivos. Así quedarán solo las plazas libres en OPES”.

Buscar una ley clara y sin lagunas

Vallugera espera, al igual que María Luisa Segoviano -presidenta de la Sala de lo Social del Supremo-, que salga adelante “una norma clara y sin lagunas que no ofrezca interpretaciones”.

“Es necesario que el proyecto de ley debe dar instrucciones claras y precisas e inequívoco para que la litigiosidad que hay en estos momentos en todos los tribunales del Estado de alguna forma baje”, apunta.

Para esta parlamentaria, “los jueces no deben hacer ni de videntes ni de legisladores. Deben trabajar con reglas del juego claras para que las sentencias dejen de ser contradictorias en parte. Hay casi posturas personales de los jueces. El legislador debe dar esas reglas de juego para que los jueces hagan su trabajo”.

Otra cuestión que preocupa a la diputada de ERC es cómo será la aplicación práctica del proyecto de ley en las 17 comunidades autónomas, “habrá que ver como se asume, creemos que una de las cosas que el proyecto de ley permita que cada administración en su territorio exprese su manera de entender la función pública”.

En su opinión, “habría que hacer otra reforma del EBEP para impulsar la autogestión de la función pública en las Comunidades Autónomas que deberían tener en cuenta el derecho europeo y su jurisprudencia, donde ya se habla de abuso a los tres años de ser interino”.

Para esta diputada, “en la actualidad solo se puede hacer lo que diga el Estado a nivel de gestión de la función pública. Solo pueden contratar de la manera que dice el Estado. Se confunde igualdad ante la ley con la capacidad de autoorganización”.

En cuanto a la manifestación que tendrá lugar este sábado en Madrid a la que acudirán interinos de toda España, su mensaje es claro para este colectivo “tienen que seguir luchando. Cuanto más presión hagan más fuerza tendremos los que queremos defenderlos”

Vallugera constata que algunos de ellos están en situación precaria y su capacidad de maniobra es limitada. El día 2 de octubre habrá otra manifestación en Cataluña. «Tienen que tener esperanza de que esto se resuelve y deben empujar al Gobierno a que demuestre que es de izquierdas y está del lado de los más vulnerables”.