La sociedad siempre ha cambiado más rápido que la regulación, pero la digitalización parece haber dejado a esta última muy rezagada. Un paradigma que se ha visto acelerado con la pandemia y del que tratan de tomar buena nota en el Gobierno ante la necesidad de acompasar las políticas públicas a la realidad.
«La rápida y constante evolución de la sociedad digital ha propiciado la proliferación de normas debido a la especial intensidad de la actividad normativa de los poderes públicos, tanto en el ámbito nacional como en el plano supranacional», expone el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en una memoria justificativa para la contratación de asesores jurídicos en materia digital por 450.000 euros.
El departamento dirigido por Nadia Calviño se refiere a acciones europeas como la Estrategia Digital, que se artícula alrededor de distintos ejes, entre los que se inlcuyen la propuesta de Reglamento ePrivacy, ciberseguridad o el proyecto de Ciudadanía Digital. A nivel nacional se ha impulsado reciente la elaboración de una Carta de Derechos Digitales.
A la vista de que todos estos elementos conforman un panorama compuesto y complejo, «con un fuerte impacto en el ordenamiento jurídico» y una concurrencia en «la ordenación y la puesta en marcha de políticas públicas», desde el Ejecutivo consideran oportuno llevar a cabo un análisis de situación desde el punto de vista legal.
Según consta en la documentación consultada por este medio, «se hace necesario evaluar dicho impacto, teniendo en cuenta las iniciativas a nivel europeo y comparado, desde la Subdirección General para la Sociedad Digital con vistas a orientar las iniciativas y políticas de ámbito interno».
Y dado que los procesos de digitalización constituyen un área estratégica dentro los programas de recuperación económica de la Unión Europea, la Administración pretende disponer en el plazo de tiempo más breve.
Economía justifica en la falta de medios la necesidad de contratar asesores externos para la realización de esta labor de evaluación y análisis. En concreto, señala que la Subdirección General para la Sociedad Digital, y más globalmente el departamento jurídico, no disponen actualmente de personal cualificado suficiente, de acuerdo con la actual Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del propio ministerio.
Atendiendo a las distintas áreas de impacto que requieren de una evaluación respecto de la acción de los poderes públicos, el contrato se articula en 5 lotes, cada uno de ellos dedicado a un aspecto concreto: proyecto de Carta de Derechos Digitales, Propuesta de Digital Services Act (La Ley de Servicios Digitales), Gobernanza de Datos, privacidad y ciberseguridad -a través de la propuesta de reforma de la Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes- y sistemas de información en la Unión (Directiva NIS).
De todas ellas, la que prevé provocar un mayor efecto a nivel comunitario es la Ley de Servicios Digitales, con la que la Unión Europea un complejo entramado regulatorio para terminar con las opacidades y los vacíos de que disfrutan las grandes plataformas tecnológicas
