El Juzgado de Instrucción número 1 de Soria ha decretado el sobreseimiento provisional y archivo de un proceso de falsedad documental que la Policía había iniciado contra una ciudadana que intentó beneficiarse del acuerdo de canje de permisos de conducir, vigente desde 2005 entre Venezuela y España.
Este caso lo ha llevado la firma venezolana VCA FIRM, con sede en Venezuela y en España, en Madrid. Su defensa la han ejercitado el director del bufete, Amílcar Villavicencio, y la letrada María José Cuerva, que han demostrado que no es delito usar un permiso de conducir venezolano emitido después de agosto de 2017 por Venezuela e impreso en plástico por el mismo usuario.
«De lo actuado no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa, por lo que procede decretar el sobreseimiento provisional de las actuaciones», ha concluido la magistrada-juez Berta María García Márquez en un auto dictado el 30 de septiembre, resolución contra la que ahora cabe recurso de reforma y/o de apelación.
El director de VCA FIRM señala que, según cifras de la DGT, «que ha suspendido el acuerdo de canje con el pretexto de no cumplir las licencias venezolanas con la Directiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, con la operación “Driver”, hasta el pasado 1 de julio se habían intervenido 1.695 documentos y detenido a 1.237 personas por supuesta falsedad documental.
Según explica Amílcar Villavicencio, «en Venezuela la impresión de los documentos en papel de seguridad dejó de ser cumplida por el Estado venezolano desde que entraron en vigencia las sanciones internacionales que no permiten a la nación el pago internacional de insumos y servicios, ni disposición de sus haberes en el extranjero».
«En 2017, Venezuela tuvo un contexto político particular, en donde coincidieron en función parlamentaria la Asamblea Nacional (declarada en desacato por el Tribunal Supremo de Justicia) y una Asamblea Nacional Constituyente, que se subrogó en funciones legislativas, trayendo esos y otros factores nefastas carencias materiales para el Estado venezolano y consecuencialmente para los ciudadanos», expone.
Una de esas carencias materiales, indica, está reflejada en la emisión de documentos oficiales, como los certificados de registros de vehículos y los permisos de conducir.
Informa que en el caso de los certificados de registros de vehículos, el Estado empezó la emisión en formato digital PDF en agosto de 2017, pero no fue hasta un año después, el 29 de agosto de 2018, cuando entró en vigencia en Venezuela la resolución que modificó el formato del Certificado de Registro de Vehículos, por publicación en Gaceta Oficial número 41.470, con fecha de 29 de agosto de 2018.
Eso no ocurrió con las licencias de conducir, según explica, «sobre las cuales nunca se publicó alguna gaceta oficial de Venezuela que regule la emisión e impresión del nuevo formato de permiso de conducir». «Ante ese vacío legal, el usuario debe atender normas internacionales vigentes, que hemos citado en estrados para fundar nuestra defensa y poder demostrar que imprimir en plástico la licencia de conducir que se recibe en digital en formato PDF no es delito», informa.
Villavicencio señala que la solución de este conflicto «ha sido de estricto derecho y de riguroso conocimiento del derecho y contexto interno venezolano, de la normativa Internacional, y del Derecho Español». «Por eso, hemos innovado y triunfado en favor de nuestra cliente, a quien seguiremos representando en búsqueda de las indemnizaciones económicas que sean procedentes por los daños sufridos», añade.
«Nuestra defensa cambia una situación que ya era un paradigma: Hasta ahora, parecía que todas las licencias de conducir de los venezolanos eran falsas, y así se venía considerando socialmente. Por eso, nos complace revertir ese pensamiento colectivo devenido de actuaciones policiales indebidas y de claros errores burocráticos, de los cuales son responsables ambos países», manifiesta la abogada María José Cuerva.
Indica que “argumentar esta defensa ante el Juzgado y lograr convencerlo de que son legales los permisos de conducción venezolanos emitidos después de agosto 2017 e impreso en plástico, ha sido un trabajo de análisis pormenorizado de las normas de los dos países en esa materia, y de las normas internacionales que regulan el acuerdo binacional».
Señala que «los hechos juzgados han puesto en duda la decencia ciudadana de los venezolanos, y ello ha sido consecuencia de la muestra continua de estadísticas de detenidos y juzgados por supuesta falsedad documental».
Esta letrada subraya que a ello VCA FIRM le ha hecho frente «con honor y convicción de que no hay delito en los hechos juzgados, que los procesos son consecuencia de graves errores de los Estados intervinientes en el acuerdo de canje, y que los ciudadanos son desvalidos usuarios que intentan sobrevivir al desorden institucional y legal al que son empujados por carencia legislativa u omisión de análisis de legislaciones como las citadas».
NUEVO DESPACHO EN MADRID
Con dos décadas de existencia, los socios fundadores de VCA FIRM, Nathaly Alviarez y Amílcar Villavicencio, decidieron dar el salto a Europa a principios de 2020, graduándose en Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid.
En 2015 abrió despacho en Caracas, y a el pasado mes de septiembre inaguró su nueva sede en el centro de Madrid, a pocos metros de la Puerta de Alcalá, su primer despacho en España.
Los socios españoles son Lenin Colmenares, Amílcar Villavicencio, Nathaly Alviarez y María José Cuerva.
La firma está integrada por profesionales de ambas nacionalidades y representa ante la Justicia a particulares, funcionarios, empresas e instituciones públicas en el área civil, mercantil, laboral, administrativa, y penal.
