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La Comisión de Función Pública aprueba el dictamen al proyecto de ley de interinos y se debatirá en el Pleno del Congreso
Tras ser aprobado el dictamen por 19 votos a favor de PSOE, Unidas Podemos, ERC y PNV, será elevado al Pleno del Congreso para una votación final antes de ser remitido al Senado. Foto: Congreso.

La Comisión de Función Pública aprueba el dictamen al proyecto de ley de interinos y se debatirá en el Pleno del Congreso

El PP plantea que los interinos con oposición aprobada, pero sin plaza pasen ya directamente al concurso de méritos. Educación, sanidad y justicia, son los sectores donde hay más casos de este tipo
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23/11/2021 06:48
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Actualizado: 22/11/2021 20:34
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La Comisión de Función Pública del Congreso de los Diputados ratificó este lunes el acuerdo vía enmiendas alcanzado entre PSOE, Unidas Podemos, ERC y PNV que respalda el concurso de méritos abierto para interinos en fraude de ley en cinco años y concurso oposición para los interinos que llevan en esta situación de tres a cinco años.

Ahora, tras ser aprobado ese dictamen por la comisión con 19 votos a favor de PSOE, Unidas Podemos, ERC y PNV, será elevado al Pleno del Congreso para una votación final antes de ser remitido al Senado, donde continuará con su tramitación parlamentaria.

En la votación se han abstenido Cs y PP, mientras que PRC se ha posicionado en contra y el grupo parlamentario Vox no ha votado, tras recordar su intención de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la norma.

Será el próximo 2 de diciembre cuando el Pleno del Congreso debata dicho proyecto de ley, con la posibilidad de introducir nuevos cambios en el texto aprobado este lunes.

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En este debate previo a la votación, el portavoz de Vox, José María Figaredo confirmó que su grupo parlamentario había interpuesto un recurso de inconstitucionalidad al citado Real Decreto-Ley 21/2014 por ser un ‘totum revolotum’ que no soluciona nada y empeora la situación gravemente.

A su juicio, «no se sabe con claridad las plazas que se sacarán a concurso de méritos y el abuso, según el tribunal Supremo y el TJUE, es a tres años. También cree que falta un análisis de los puestos de la administración en abuso y a partir de ahí establecer la norma. Están redactando una norma a ciegas”.

Sobres los datos, el Ministerio de María Jesús Montero habla de 300.000 profesionales, mientras que las plataformas de interinos hablan que el fraude se extiende ya a 900.000 trabajadores.

El propio colectivo de interinos sigue siendo crítico con este proyecto de ley que se está tramitando, alegando que pese a alguna mejora incorporada este lunes, como la enmienda que avala el concurso de méritos para personal laboral a través del 61.7 del EBEP, sigue sin cumplirse con la jurisprudencia europea.

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Buscar consenso amplio

Por su parte, José Luis Aceves, portavoz del PSOE, resaltó que es un acuerdo esperado porque de ello depende los fondos europeos. Recuerda que detrás hay un acuerdo sectorial y dos conferencias sectoriales.

Asimismo, indicó que “hay administraciones con un 50% de temporalidad. Esperamos que haya un consenso posible en todo el país. Habrá que adaptarlo en todo el país Estamos abiertos al Pleno para lograr la seguridad jurídica de esta iniciativa. Ahora hay varias sentencias del TC y las sentencias del TJUE que ofrecen el encaje legal al concurso de méritos”.

También señaló que “hemos dado garantías para tres y cinco años de concurso oposición, donde la fase de oposición no seré eliminatoria. Estamos marcando las pautas de las comunidades. Así es como funciona, les damos la autopista y deben ponerlo en marcha”.

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A su juicio, con esta iniciativa se da respuesta a una situación que genera mucha problemática. Por ello, manda un mensaje de tranquilidad a los funcionarios de carrera y a los opositores, a los primeros que “las sentencias  del TJUE y constitucional habla de crear un procedimiento de estas características. Hay que leerlo. Hay seguridad jurídica”.

A los segundos, se dirigió para indicar que “se han convocado casi 110.000 plazas en el último año y habrá más convocatorias porque el personal de función publica ya tiene una edad y necesitará un relevo pronto”.

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Aceves avanzó que mediante una conferencia sectorial se pondrá en marcha para que esta norma se coordina a nivel autonómico y de entidades locales.

“A todos los afectados, lo que se ha hecho es intentar la mejor solución posible, dentro del marco jurídico para acometer un problema que tenia al más de l33% de los empleados públicos en ratio de temporalidad. Solo la AGE tiene el 8% hay otros con el 50 por ciento de temporalidad”.

Un proyecto improvisado

Llanos de Luna, portavoz  del PP, mantuvo un tono critico similar a cuando se convalidó en el Congreso el Real Decreto-Ley, ya que a su juicio este proyecto de ley cierra en falso el problema de la temporalidad por las lagunas que tiene. “Es fruto de la improvisación y de la precipitación recuerda que a los populares no se nos ha preguntado”.

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Al mismo tiempo esta tramitación adolece de la valoración de los órganos consultivos, de la participación de los afectados y de las propias comunidades y entidades locales que serán las que tengan que ejecutar los procesos selectivos.

Critica la falta de una tramitación sosegada y rigurosa, “no se conoce el número de plazas de temporalidad, se habla de 800.000 o 300.000, tampoco el tiempo que llevan ocupado  quienes las ocupan y como accedieron a ellas. No se sabe el objeto fundamental de esta regulación. Es imposible solucionar lo que no se conoce”.

La diputada reprochó que tenga que salir como sea, «hemos presentado enmiendas para mejorar el texto, se concretan  los conceptos de las indemnizaciones ya que estos varían en las distintas administraciones públicas y el mecanismo para la financiación de las indemnizaciones, también planteamos flexibilidad para plantear los procesos selectivos».

También recordó que “contemplamos a los aprobados sin plaza, personas que superaron ya un proceso selectivo conforme libre concurrencia, proponiendo que pase a la fase de concurso. Esta es una enmienda que consolidaría a  muchos profesionales de educación, sanidad y justicia. Sectores con más temporalidad en estos momentos”.

Un esfuerzo importante

Pilar Vallugera, diputada de ERC, indicó que se ha hecho un esfuerzo importante analizando sentencias del Tribunal Constitucional y de la jurisprudencia europea. “Salir de donde estábamos a un concurso de méritos que no es restringido, pese a que lo intentamos, para plazas ocupadas cinco años ininterrumpidamente , es una solución amplia para  que permita la estabilización de la mayor parte de interinos afectados”.

“Nuestro objetivo es lograr una legislación que estabilice  a la mayor cantidad de gente posible. Esto da la posibilidad a las administraciones para que lo hagan. Es obligatorio y necesario convocar los concursos de méritos”, comentó.

«Luego cada administración va a utilizar este herramienta que no tiene duda sobre su legalidad, se pactará en la negociación colectiva las bases de cada proceso. La competencia de las bases es de los órganos convocantes. No podemos entrar ahí«.

Vallugera señala que hay comunidades que no lo van a utilizar de ahí a las OPE que han puesto en marcha, “sin embargo otras las han parado, en algunos casos los juzgados los han parado”.

Las seis enmiendas transaccionadas permiten a las comunidades que desde la negociación colectiva puedan fijar el desarrollo de estas herramientas.

“Esperamos que lo hagan. Nuestra intención es que se estabilice todas las personas que participen en estos concursos de méritos”.

La importancia del concurso de méritos

Para Pedro Antonio Honrubia, diputado de Unidas Podemos, el concurso  de méritos se ha logrado a través de un análisis riguroso y jurídico y una dura negociación en estos meses.

«Es una herramienta legal que viene recogida en el EBEP en su aríiculo 61.6 y al mismo tiempo anunciamos que en la ultima transaccional  se hace referencia al 61.7 del EBEP para temporales laborales que también se incluye ahora”.

Pedro Antonio Honrubia, portavoz de Función Pública de Unidas Podemos. Foto: Congreso de los Diputados.

A su juicio, las indemnizaciones deberían ser mayores que los 20 días por año que señala el Real Decreto-Ley 14/2021. En relación a los procesos sobre de estabilización de 2017 y 2018 hay una disposición transitoria que deja abierta la posibilidad aquellos procesos que se estén desarrollando se puedan paralizar para que se ajuste  a la normativa. Es potestativo de la administración concreta que se haga o no.

Para este diputado, “se trata de que mayor número de interinos se queden estabilizados, aunque nos preocupa que las administraciones de la derecha hayan indicado que no la van a aplicar”.

Por último, Honrubia hizo un llamamiento público para que los procesos selectivos ya en marcha “se paralicen y se sometan a esta normativa que es mucha más justa para las personas abusadas por la temporalidad”.

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