CSIF, STAJ, CC OO y UGT han convocado a todos los operadores jurídicos dependientes del Ministerio de Justicia a un día de huelga el próximo 15 de diciembre -miércoles- «ante la negativa del Ministerio de Justicia y del Gobierno» a cumplir la subida salarial del personal dependiente del Ministerio de Justicia, pactada con los sindicatos el pasado 15 de septiembre y «bloqueada» este mes por el Ministerio de Hacienda.
Están llamada a ella el personal de los cuerpos de letrados de la Administración de Justicia (LAJ, antes denominados secretarios judiciales), gestión, tramitación, auxilio, médicos forenses y cuerpos especiales del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
Según informan, «la presión ejercida» por los sindicatos con la concentración de delegados llevada a cabo el 15 de noviembre ante el Ministerio de Justicia y la manifestación del pasado día 20 en Madrid, secundada por miles de trabajadores del ámbito no transferido, forzaron a la convocatoria de una reunión de la mesa sectorial, que se celebró ayer por la tarde.
Explican que el Ministerio de Justicia hizo una nueva propuesta consistente en que con efectos retroactivos desde el 1 septiembre de 2021, abonar durante este año el 40% del incremento del complemento específico pactado en septiembre, a partir del 1 de enero de 2022 añadir un incremento del 35% de lo pactado, y a partir del 1 de enero de 2023 abonar el 100% del incremento acordado.
Los sindicatos denuncian que el Ministerio «se apunta al chantaje de Hacienda, advirtiendo que solo cumpliría esta propuesta» si los representantes de los trabajadores la aceptan «antes del cierre de las nóminas del mes de diciembre».
De forma unánime, los cuatro sindicatos, han rechazado la propuesta.
Lo pactado en septiembre pasaba por un incremento del complemento específico entre 80 y 195 euros dependendiendo del cuerpo, con efectos retroactivos del 1 de enero de este año; y la creación de grupos de trabajo para negociar las reformas procesales y organizativas que está poniendo en marcha el Ministerio y que se encuentran en fase de anteproyecto. El acuerdo también recogía el compromiso de negociar diversas materias relativas a la mejora de las condiciones laborales y retributivas del personal de Justicia (revisión de las guardias, carrera profesional, complemento de violencia sobre la mujer, productividad, plan de igualdad y prevención de riesgos laborales), entre otras.
Los sindicatos exigieron la presencia de la ministra de Justicia, Pilar Llop, en la reunión «para que diera explicaciones sobre lo sucedido con el incumplimiento del acuerdo de septiembre», cosa que no se produjo.
Reclaman a la titular de Justicia que «defienda» los intereses de sus trabajadores «frente a los límites que pretende imponer la ministra de Hacienda y que haga gestiones efectivas para evitar que se vulnere el derecho a la negociación colectiva y se respete al personal destinado en el ámbito de su competencia».
En paralelo, estos cuatro sindicatos se están reuniendo con los grupos parlamentarios del Congreso para denunciar esta situación y solicitar su apoyo para llegar a una solución en este conflicto. Estos contactos se han materializado ya en preguntas parlamentarias y peticiones de comparecencia de la ministra.
