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Porqué Dolores Delgado está siendo contestada desde dentro y desde fuera de la Fiscalía General del Estado

Fernando de Rosa Torner
Porqué Dolores Delgado está siendo contestada desde dentro y desde fuera de la Fiscalía General del Estado
El senador popular, Fernando de Rosa, explica las razones internas y externas para la contestación a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado.
02/12/2021 06:47
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Actualizado: 01/12/2021 02:25
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La anomalía democrática que ha supuesto para la democracia española el nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado queda evidenciada cada día que pasa. Cuando el presidente del gobierno decidió cesar a María José Segarra como Fiscal General y nombrar a la que era su ministra de Justicia, todo el mundo consideró que se había pasado una línea roja en la decencia.

Realmente las terminales periodísticas de la Moncloa se encargaron de blanquear dicho nombramiento, afirmando que Lola era idónea atendiendo a su dilatado historial en la Audiencia Nacional, y que si se reaccionaba contra dicho nombramiento, se debía a actitudes machistas y retrógradas.

No obstante, las mentiras tienen las patas muy cortas, ya que de la fiscal Segarra, siendo igualmente mujer y perteneciente a lo que se denomina la progresía judicial, nunca se dudó de su actitud y aptitud para ejercer el cargo, recibiendo el aplauso unánime de la carrera judicial y fiscal, así como el respeto de las fuerzas políticas.

Así pues, el problema de la aptitud de la Fiscal Delgado no puede atribuirse a opiniones misóginas sino a claras motivaciones que afectan directamente a su idoneidad para ejercer su responsabilidad de forma transparente.

Con respecto a su nombramiento, el Tribunal Supremo ha dictado sentencia en la que no entra en el fondo de su idoneidad, porque no se ha admitido la legitimidad de los grupos políticos que interpusieron el recurso.

Pero sí que es necesario leer el voto particular emitido por el magistrado Antonio Fonseca en el que pone de manifiesto: “es indudable que para el desempeño del cargo de Fiscal General del Estado la idoneidad debe entenderse referida a la aptitud, adecuación, capacidad que alguien tiene para el desempeño imparcial del cargo”. Añadiendo: “su nombramiento no solo no es conveniente, sino que resulta contrario a la apariencia de imparcialidad que persigue el legislador”.

Estas frases describen a la perfección porqué cada día que pasa se van incrementado las dudas sobre su gestión.

Cada vez son más los fiscales asociados, como no asociados, que consideran que su actuación no se ajusta a lo previsto en el artículo 1 del Estatuto Orgánico en el que establece como función fundamental del Ministerio Fiscal la defensa del principio de legalidad.

Así pues, la asociación mayoritaria de fiscales le ha remitido una carta exigiéndole que defienda la independencia del Poder Judicial contra los ataques de miembros del gobierno, y en el mismo sentido se ha pronunciado en su último congreso celebrado en los últimos días.

Muchos nos preguntamos: ¿por qué permanece inactiva la Fiscal General del Estado ante las manifestaciones de algunos miembros del gobierno del que formó parte, contra la Sala de lo penal del Supremo? La ministra Belarra, en apenas cuatro líneas de un «tweet», atribuyó a los magistrados del Tribunal Supremo, un delito de prevaricación y otro de coacciones.

También la fiscal permaneció impasible cuando la magistrada del Tribunal Constitucional, Encarnación Roca, fue objeto de presiones por la exvicepresidenta Calvo para que cambiara el sentido de su voto en el debate sobre la legalidad del estado de alarma, presiones que no han sido desmentidas.

Podemos seguir relatando casos en los que Dolores Delgado ha puesto de manifiesto el déficit existente en su gestión de defensa del principio de legalidad.

Por ejemplo, no se ha pronunciado sobre si procede investigar si se han producido errores en la gestión de la libertad del presunto culpable de la muerte del niño de Lardero, y si se cumplieron los requisitos de legalidad en el abono de gratificaciones por parte del Ministerio del Interior a los directores de centros penitenciarios por favorecer los beneficios que permitan la libertad condicional de los internos.

También si desde el Ministerio se ha producido una peligrosa desautorización a los informes de los técnicos a la hora de la concesión de medidas de progresión de grado y de la concesión de la libertad condicional.

Otra cuestión que evidencia su complicidad con la política del que fue su gobierno, es su pasividad ante los ataques al ordenamiento jurídico e en Cataluña.

Ha estado callada con respecto a las actuaciones de los llamados comités en defensa de la republica que buscaron las direcciones personales de jueces y fiscales destinados en Cataluña para organizarles escraches en sus domicilios.

Igualmente, ha mantenido silencio ante los mensajes de humillación sexual contra la Reina y la Princesa de Asturias desde TV3.

Se ha negado a apoyar medidas que eviten el proceso de desertización judicial y fiscal en esa comunidad autónoma, y sigue sin instar a que se cumpla la sentencia del Tribunal Supremo sobre la enseñanza del español en los colegios catalanes.

Por otra parte, se niega a dictar una instrucción para perseguir los actos de enaltecimiento del terrorismo y evitar los homenajes a los etarras en el País Vasco y Navarra, siguiendo las recomendaciones de la comisión enviada por el parlamento europeo para analizar las razones por las que todavía hay 379 crímenes de ETA sin resolver.

En él se constata que se “han pisoteado” derechos de las víctimas del terrorismo y que se han dado beneficios penitenciarios a terroristas que no han colaborado con la justicia para esclarecer crímenes no resueltos.

Se ha opuesto a impulsar la creación de una fiscalía especializada en memoria de las victimas del terrorismo, fiscalía especial que debe de constituirse diferenciada de la existente en la Audiencia Nacional, porque como ha dicho el presidente del TSJ del País Vasco, “hacer justicia a las victimas supone restaurar el daño personal, el daño político y el daño social”.

Su desprecio a la defensa del principio de legalidad puesto en duda por los propios fiscales le ha llevado incluso a evitar instar a las fiscalías de la Comunidad Valenciana y de Baleares, para que investiguen si ha habido negligencia o cooperación necesaria de las autoridades políticas en los casos de abusos de menores.

Esta actuación ha provocado que el Consejo de Europa haya afirmado que el nombramiento de la jefatura de la Fiscalía General del Estado en España afecta a la percepción de la independencia de la institución y pide más transparencia en las relaciones entre la Fiscalía General de Estado y el Ministerio de Justicia

La Fiscal General ha estado salpicada en el caso Villarejo, al reírse de la condición sexual del ministro Fernando Grande-Marlaska. Además, se jactó de haber presenciado delitos de corrupción de menores y no los denunció y además, consideró la prostitución como una actividad aconsejable.

Esa conducta indigna le acompaña actualmente en la polémica del caso “Stampa”, donde los fiscales le están exigiendo que “se abstenga en los asuntos en los que tenga interés personal ya que sus decisiones causan un grave daño al prestigio del Ministerio Fiscal”.

Es muy grave lo que estamos conociendo a través de la prensa independiente sobre cómo actuó Dolores Delgado para dilatar la investigación contra Stampa en su condición de fiscal del “caso Villarejo”.

El propio fiscal encargado de la investigación ha denunciado que la mano derecha de Dolores delgado dilató la investigación de forma “sibilina y torticera” como “nunca había visto antes”.

No hay que olvidar que en el caso “Villarejo” el bufete de su pareja sentimental, Baltasar Garzón, defiende a tres investigados.

No son nuevas las dudas que planean sobre la relación profesional entre Delgado y Garzón, puesto que la acusación popular del llamado “caso Gali” ha llegado a denunciar las “maniobras dilatorias que provocaron la prescripción” de los delitos por los que estaba acusado el líder del Frente Polisario.

También fue muy comentado el documento oficial de la petrolera venezolana PDVSA fechado en 2016, en la que se abonaba 8,8 millones de euros al despacho de Garzón, para “la coordinación con la Fiscalía en España a fin de agilizar los trámites y avances del proceso judicial”.

Es decir, para coordinarse Garzón con Delgado y así agilizar los trámites de la empresa venezolana, por cierto, uno de los puntales del régimen comunista de Maduro.

Toda esta conducta poco transparente y sorprendente ha llevado a a asociación de fiscales, en su último congreso, a exigir a Dolores Delgado “su obligación legal de abstenerse en aquellos asuntos en los que tenga algún tipo de interés personal, familiar o que afecten a políticos, abarcando la imposibilidad de recabar información en aquellos en los que no deba intervenir”.

Igualmente, han denunciado “la arbitrariedad de los nombramientos de la Fiscal General”.

Sin duda, todas las sospechas que se vertieron sobre la aptitud y actitud de la fiscal General en el mismo momento de su nombramiento, se van confirmando con el tiempo, lo cual hace que sea imprescindible, por pura higiene democrática, que deje su cargo porque de lo contrario las sombras de las cloacas le seguirán acompañando hasta que sea insoportable el peso de la sospecha.

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