La norma, pendiente de su aprobación en el Senado, también contempla que el personal interino que no supere el proceso selectivo tendrá derecho a una indemnización de veinte días por año trabajado hasta un máximo de doce meses. Foto: Confilegal.
El Pleno del Congreso da luz verde al proyecto de ley de interinos con 170 votos a favor, 5 en contra y 156 abstenciones
Los puestos deberán ofertarse antes de junio de 2022 y tendrán que cubrirse antes de que termine el año 2024
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03/12/2021 01:00
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Actualizado: 02/12/2021 22:14
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No hubo margen para sorpresas. Una a una las enmiendas pendientes de distintos grupos políticos como Coalición Canaria, Ciudadanos, Partido Popular o Grupo Popular fueron desestimadas el Pleno del Congreso de los Diputados que se celebró este jueves por la tarde.
La Cámara Baja aprobó el proyecto de ley de reducción de la temporalidad en el sector público por 170 votos a favor, 5 en contra y 156 abstenciones, un texto que pasa ahora al Senado donde continuará su tramitación.
La gran novedad de este proyecto de ley es la creación de unos concursos extraordinarios para estabilizar a miles de interinos que actualmente se encuentran en fraude de ley por ocupar una plaza estructural desde hace años, pero con un contrato temporal.
Ahora se pretende que con la convocatoria de un concurso de méritos de carácter abierto siguiendo las directrices de los artículos 61.6 61.7 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) los interinos con cinco años o mas en situación de fraude puedan participar en dicho concurso.
A lo largo del trámite parlamentario se ha establecido que las administraciones convocarán por el sistema de concurso de méritos, «con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016«, es decir permite a interinos con esta antigüedad optar a plazas fijas sin oposición sino vía concurso de méritos.
Para aquellos profesionales en situación de abuso entre los tres y cinco años se habilitará un concurso oposición donde las pruebas podrán no ser eliminatorias.
La medida que supone un avance notable en el Real Decreto-Ley, para juristas y el propio colectivo de interinos sigue sin cumplir con la normativa europea y la propia Directiva 1999/70.
De hecho, un grupo numeroso de interinos protestaron en la mañana de este jueves frente al Congreso la convalidación del dicho proyecto de ley por considerarlo insuficiente para sus reivindicaciones.
Hay que recordar que inicialmente el Gobierno con Miquel Iceta, como ministro de Función Publica, pactó con los sindicatos un sistema de nuevas oposiciones, a través del Real Decreto-Ley 14/2021 aun en vigor con la intención de publicitar unas 300.000 plazas en un periodo de tres años.
El llamado ‘Icetazo’ fue convalidado en segunda votación en el Congreso de los Diputados tras las presiones de ERC, PNV, Unidas Podemos y EH Bildu de que se tramitase vía proyecto de ley para incorporar diferentes mejoras.
Estas formaciones políticas presionaron para introducir una vía alternativa y más garantista para evitar que gran parte de los interinos que ocupaban dichas plazas tuvieran el riesgo de suspender la oposición y quedarse sin plaza.
Fruto de dicha negociación, primero el Ejecutivo se abrió a habilitar un concurso de méritos para los interinos que llevaran 10 años en la misma plaza, para más tarde pactar rebajar dicha cifra a cinco años.
Este proyecto de ley tiene varios cometidos que afronta, por un lado reducir los ratios de temporalidad que en algunas administraciones superan el 30%, estabilizar a los miles de interinos en fraude de ley en las diferentes administraciones y al mismo tiempo trasponer la directiva 1999/70 y la jurisprudencia del TJUE
Precisamente, sobre el número de trabajadores interinos a estabilizar, las cifras no concuerdan, mientras que el Gobierno habla de unas 300.000 plazas estructurales ocupadas por personal temporal, este colectivo cifra en 900.000 los interinos en fraude de ley.
Un debate muy polarizado
En la Cámara Baja antes de la votación las diferentes formaciones políticas justificaron la razón de su voto de este proyecto de ley que quiere trasponer la Directiva 1999/70 que debería haberse traspuesto hace veinte años. El debate previo a la votación fue bastante tenso como el resto de comparecencias anteriores.
Para los partidos de gobierno la aprobación era necesaria.
De esta forma, el diputado socialista José Luis Aceves defendió el texto porque ataca un problema «intolerable» de la Administración heredado de los gobiernos del PP.
Por su parte, el diputado de Unidas Podemos Pedro Honrubia consideró que se ha logrado modificar bastante el Real Decreto-Ley 14/2021 y que el texto va a ayudar a que muchos interinos mantengan su plaza.
“Con esta normativa que viene reflejada en las disposiciones adicionales sexta y octava hemos recogido el concurso de méritos como una medida de estabilización legal”.
Honrubia hizo un llamamiento público desde el estrado en su intervención en el Congreso para pedir a las administraciones que hayan convocado procesos selectivos que paralicen dichos procesos. «Que los paralicen y los ajusten a la nueva normativa. Con ello se hará justicia al trabajo desempeñado por cientos de interinos».
La diputada de ERC Pilar Vallugera, otro de los partidos que ha impulsado el texto definitivo, apuntó que aunque esta ley «no es la panacea», incluye algunas de las propuestas de su formación para establecer «una vía efectiva, eficaz y real» de estabilización de los empleados públicos temporales.
En su intervención el diputado de PNV Mikel Legarda indicó que su formación política apoyaba el texto aprobado este jueves a pesar de algunas reticencias porque la iniciativa, «supone un notable avance para abordar el grave problema de temporalidad que sufre el sector público».
En cambio, la diputada de PP Llanos de Luna, como ya había hecho en otras intervenciones a lo largo de esta compleja tramitación, volvió a criticar que este proyecto de ley. «Es fruto de la improvisación y precipitación», adoptado sin debatir con las comunidades autónomas y entidades locales y que «cierra en falso» el problema de la temporalidad.
También el diputado de Vox José María Figaredo lamentó que la ley es «la indefinición elevada a la máxima potencia» y genera una «absoluta inseguridad jurídica» para quienes han trabajado de forma «leal» durante muchos años para la Administración.
Hay que recordar que VOX ya anunció que había interpuesto un recurso ante el Tribunal Constitucional por creer que este proyecto de ley vulnera varios preceptos constitucionales .
Por su parte, el diputado José María Espejo-Saavedra (Ciudadanos) criticó que esta es una «medida para hoy, pero no regula con certeza la situación de futuro», ya que no resuelve el problema de la temporalidad.
En su turno de palabra, la diputada de EH Bildu Mertxe Aizpurua defendió su abstención porque «esta ley es algo más justa para las personas en temporalidad» pero quedan todavía sueltos «multitud de flecos», al tiempo que ha valorado las enmiendas para aportar seguridad jurídica en Navarra.
Con respecto a los ámbitos educativo y sanitario, habrá un plazo de un año para adaptar la normativa al personal docente y al personal estatutario y equivalente de los servicios de salud.
Por lo demás, este proceso de estabilización será de aplicación en todos los niveles de la Administración y también en las sociedades mercantiles públicas, las entidades públicas empresariales, las fundaciones y los consorcios del sector público, sin perjuicio de la adecuación, en su caso, a su normativa específica.
Esta dinámica de regularización concierne tanto al personal laboral como al funcionario de la Administración siempre que cumpla los requisitos.
La norma, pendiente de su aprobación en el Senado, también contempla que el personal interino que no supere el proceso selectivo tendrá derecho a una indemnización de veinte días por año trabajado hasta un máximo de doce meses y a incorporarse a una bolsa de empleo específico.
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