La línea de defensa de sir Daniel Bethlehem, abogado del Rey Emérito, es que los tribunales ingleses no son competentes porque don Juan Carlos goza de inmunidad; el organo judicial para decidir sobre la demanda interpuesta por Corinna Larsen es el Tribunal Supremo de España.
La justicia inglesa no es competente en la demanda de Corinna contra el Rey Emérito porque este goza de inmunidad, según su abogado
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08/12/2021 06:48
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Actualizado: 07/12/2021 23:25
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Sir Daniel Bethlehem, abogado de la firma Clifford Chance, quien representa al Rey Emérito, don Juan Carlos, en la demanda que su examante, Corinna Larsen, interpuso contra él ante los Reales Tribunales de Justicia londinenses, argumentó ayer ante el tribunal del caso en esta vista preliminar, que preside el juez Matthew Nicklin, que «Su Majestad goza de inmunidad».
Por lo tanto, la justicia inglesa no es competente en este caso, que es precisamente lo que tiene que dirimir el juez Nicklin tras esta vista preliminar.
El abogado defendió que don Juan Carlos es miembro de la Casa Real y está amparado por la Ley de Inmunidad del Estado (State Inmunity Act) aprobada en Reino Unido en 1978, cuyo ámbito de aplicación se extiende al soberano y a los miembros de su familia que forman parte de la Casa Real.
El Rey Emérito tiene, por lo tanto, «derecho a inmunidad de la jurisdicción de los tribunales británicos en su calidad de miembro de alto rango de la Familia Real Española y la Casa Real de España, incluso en relación con las reclamaciones planteadas en este procedimiento», afirmó Bethlehem.
Y «es evidente que Su Majestad es miembro de la familia del Rey Felipe VI formando parte de su hogar y, por lo tanto, tiene derecho a inmunidad en virtud de la Ley de Inmunidad del Estado», añadió.
En el marco de su escrito, de 25 folios, Bethelem precisó que dicha inmunidad «no coloca a Su Majestad por encima de la ley», sino que «reconoce que, dado el carácter constitucional del cargo de Su Majestad, está debidamente sometido a la jurisdicción del Tribunal Supremo de España y solo del Tribunal Supremo de España».
«No es, ni puede ser, de interés público de Reino Unido y sus tribunales juzguen las acusaciones formuladas contra Su Majestad», subrayó la defensa de la firma Clifford Chance.
Insistió, además, en que este «reconocimiento constitucional» aplicable a la Familia Real Británica fue reconocido por Reino Unido durante siglos con respecto a los soberanos y miembros cercanos de la familias reales de otras monarquías.
«Es la piedra angular del principio de inmunidad soberana», destacó. Para luego añadir que en el caso de España esta apreciación se refleja en un tratado de compromiso que se remonta a hace más de 400 años y que fue firmado por los antepasados de la Reina Isabel II y de Juan Carlos I en el Tratado de Paz y Amistad de Utrecht de 1713.
EN MENOS DE 60 DÍAS EL JUEZ NICKLIN DEBE PRONUNCIARSE
El juez Nicklin tiene ahora que pronunciarse en un plazo que no pase de los 60 días sobre si don Juan Carlos posee esa inmunidad que su abogado defiende o no.
«Me sentiría mucho más cómodo si el Estado español pudiera confirmar que Juan Carlos sigue siendo miembro de la familia real», dijo el juez durante la vista oral.
En línea con el argumento relativo a la falta de competencia de los tribunales ingleses, la defensa destacó que aún en el caso de que los hechos relatados por Corinna Larsen fuesen ciertos, las «numerosas afirmaciones fácticas» que sustentan su demanda «no tienen un nexo territorial evidente con Inglaterra y Gales», ya que –según recoge el texto contra el monarca– en ellos se dice que ocurrieron en Mónaco, Suiza, Abu Dhabi, Los Ángeles y Tahití, Austria, Riyadh, Bahamas y en un vuelo de Londres a Nueva York.
Asimismo, el letrado precisó que los hechos habrían tenido lugar cuando don Juan Carlos aún era Jefe de Estado y que tal conducta, «incluso si fuera abusiva o ilegal» hubiese estado amparada por el ejercicio oficial de sus funciones como Rey de España.
La defensa de don Juan Carlos aseguró en el marco de sus alegaciones que «Su Majestad rechaza las acusaciones realizadas en su contra». Y negó que haya habiado «cualquier presunta irregularidad por parte del Estado español».
EL TRIBUNAL SUPREMO DE ESPAÑA ES EL COMPETENTE, SEGÚN EL ABOGADO DEL REY EMÉRITO
Después de negar todas las acusaciones contra su cliente, el abogado británico insistió en que el órgano competente para atender cualquier procedimiento sobre hechos vinculados al monarca tras su abdicación es el Tribunal Supremo de España.
En su demanda, la ex amiga íntima del monarca pidió a los tribunales ingleses que reclamaran al Rey Emérito una indemnización por los costes de su tratamiento médico de salud mental, por la «instalación de medidas de seguridad personal y servicios diarios de protección» y por la contratación a «exdiplomáticos y exfuncionarios del Gobierno» para que interviniesen con el fin de «poner fin al acoso» que dice haber recibido por parte de don Juan Carlos.
La empresaria, representada por el bufete Blake Morgan, aseguró que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de España, su entonces director, Félix Sanz Roldán, o las personas que trabajan en su nombre o en el de Juan Carlos, la pusieron tanto a ella como a personas de su entorno «bajo vigilancia física que incluía vehículos y personal vigilancia, invadir su propiedad en la que residía y espiar en sus teléfonos y ordenadores».
Larsen argumentó que el acoso tenía como fin persuadirla a que devolviera el regalo de 65 millones de euros que le hizo don Juan Carlos en 2012 –cuando todavía era Rey– y para reanudar la relación sentimental.
La mujer afirmó durante su declaración, haber «sufrido gran angustia, ansiedad, privaciones de sueño y preocupación por su propia seguridad física y la de sus hijos».
Insistió, además, en que «ha sido objeto de una continua amenaza de daño físico, intrusión y vigilancia» por parte del Rey Emérito, por lo que también pidió que el monarca no se pueda acercar a 150 metros de ninguna de sus residencias.
Además de la indemnización que la mujer reclama por gastos médicos, de seguridad y de asesoría, también pide que se de cobertura a los gastos a los que dice que tuvo que hacer frente, como contratar a personal de relaciones públicas y comunicación para «mitigar los daños causados» a su reputación en la prensa.
En la demanda Larsen no precisa el monto a requerir al monarca, pero sí señala que espera recibir los intereses correspondientes de conformidad con la ley por el importe y el periodo que el tribunal londinense considere oportuno.
La defensa de Juan Carlos I aseguró, en el marco de sus alegaciones, que «Su Majestad rechaza las acusaciones realizadas en su contra» y subrayó además, que niega «cualquier presunta irregularidad por parte del Estado español».
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