El Tribunal Supremo (TS) ha fijado como doctrina que los empleados públicos tienen derecho a dietas por asistir a exámenes de promoción interna previos a cursos selectivos, como establece el artículo 7 del Real Decreto 462/2002.
El tribunal de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Cuarta) ha desestimado el recurso de casación interpuesto por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que ya reconoció este derecho a una empleada de la AEAT en diciembre de 2019, dictada por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal madrileño, en el recurso contencioso-administrativo número 55/2018.
La sentencia del Supremo es la número 1.427/2021, de 2 de diciembre.
La firman los magistrados Pablo Lucas Murillo de la Cueva (presidente), Luis María Díez-Picazo Giménez, María del Pilar Teso Gamella, Antonio Jesús Fonseca-Herrero Raimundo, José Luis Requero Ibáñez y Celsa Pico Lorenzo, que ha sido el ponente.
«La doctrina fijada por esta sentencia obliga a la Administración General del Estado a aplicar el artículo 7 del citado Real Decreto y abonar dietas a empleados públicos que tengan que desplazarse a otra localidad para asistir a exámenes de promoción interna, dando así la razón a la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF)», señala a Confilegal Javier Manuel García Medina, vocal del sector Administración General del Estado (AGE) de este sindicato, que a lo largo de los últimos años ha emprendido diferentes procedimientos judiciales dirigidos a obtener el reconocimiento del derecho que negaba la Administración del Estado.
Por ello, CSIF ha solicitado a la Administración que se allane a todas las reclamaciones pendiente de resolver y proceda al abono inmediato de las dietas.
CSIF señala que desde que se promulgó este Real Decreto, la Administración estuvo aplicando las indemnizaciones, pero que «desde 2010 se modificó el criterio y se empezaron a denegar coincidiendo con la crisis económica».
El vocal del sector AGE de CSIF destaca que esta sentencia «afecta a miles de personas que a lo largo de los últimos años se han tenido que desplazar a una localidad diferente de su residencia habitual para realizar pruebas selectivas y a los que en adelante tengan que hacerlo».
Este sindicato ha iniciado una campaña para que todas aquellas personas que estén en esta situación puedan reclamar sus dietas.
CSIF ya se dirigió en 2017 a la Agencia Tributaria para que dictara las instrucciones oportunas para indemnizar a sus funcionarios ante los numerosos pronunciamientos de los tribunales en sentencias ganadas por este sindicato. «Sin embargo, la Agencia Tributaria hizo una consulta a Función Pública solicitando autorización para poder pagar las dietas, que fue denegada. En consecuencia, la Agencia Tributaria recurrió algunas sentencias estimatorias ante el Tribunal Supremo, como esta conocida ahora que es la primera que se dicta sobre esta cuestión controvertida», explica García Medina.
CSIF espera que «la Administración acate la doctrina establecida en esta resolusión y que no continúe obligando a los empleados públicos a acudir a los tribunales para reclamar este derecho».
