Cristina Mariscal, la madre que se llevó a sus hijos menores –de 14 y 12 años de edad– para impedir que su exmarido los vacunara contra el COVID, fue puesta ayer en libertad provisional por el titular del Juzgado de Instrucción 2 de Sevilla, que estaba de guardia.
Como medida cautelar: no podrá aproximarse ni comunicarse con sus hijos.
Lo que se dirime es un supuesto delito de sustracción parental.
Mariscal entregó voluntariamente a sus hijos el pasado miércoles, 5 de enero, tras habérselos llevado el 3 de noviembre.
Una desaparición que denunció el progenitor, David Kau.
En ese mes la mujer le comunicó a su exmarido, del que lleva divorciada desde 2015, que no se los entregaría, a pesar de que le correspondía por turno de custodia compartida y que tampoco los llevaría al colegio; no han ido al colegio desde entonces.
El Juzgado de Familia 17 de Sevilla había ordenado, a través de un auto, que los niños recibieran la vacuna. Un proceso que inició Mariscal para impedirlo, en el que reclamó la patria potestad de los menores sobre la vacunación. El titular de dicho órgano judicial, contriamente a lo que esperaba, dictó la retirada del régimen de custodia compartida y le atribuyó la custodia temporal al padre.
Tras la denuncia interpuesto por el progenitor, el Juzgado de Instrucción 10 de Sevilla, competente en el caso, dictó finalmente una orden de búsqueda y captura contra Mariscal el 31 de diciembre.
La mujer, a la vista de la situación, decidió plegar velas y devolver voluntariamente a sus dos hijos ante el Juzgado de Guardia, cosa que hizo el miércoles.
Lo que no le ahorró el pasarse la noche del 5 al 6 en los calabozos de la Guardia Civil.
Precisamente fue ante la Guardia Civil de San Juan de Aznalfarache, localidad al oeste de Sevilla, donde Kau tiene su domicilio y donde reside.
La madre, por su parte, vive en el municipio de Tomares, a 3,3 kilómetros de San Juan de Aznalfarache, distancia que se tarda en cubrir en 7 minutos en coche.
