El precio de la energía dificulta que España ocupe el papel de Kazajistán en el minado de criptomonedas
María Muñoz, diputada de Ciudadanos, ha planteado en el Congreso de los Diputados situar a España como una alternativa segura para la minería de datos, ya que enfrenta una nefasta situación ante los disturbios en Kazajistán.

El precio de la energía dificulta que España ocupe el papel de Kazajistán en el minado de criptomonedas

En Kazajistán se efectúa más de un 18% de la minería de bitcoin, el principal lugar para esa nueva industria solo después de Estados Unidos
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12/1/2022 05:10
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Actualizado: 12/1/2022 05:23
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Los sucesos de los últimos días en Kazajistán han hecho tambalear el mercado mundial de las criptomonedas, con pronunciadas caídas en el valor de esos activos, incluido el célebre bitcóin.  Se ha cortado el acceso a internet, lo que dificulta el minado, entendido como creación y manutención de criptomonedas.

Una de las principales razones para esas turbulencias en las criptodivisas es que esa república centroasiática, hasta hace muy poco una de las más estables de la antigua Unión Soviética en Asia Central, es en la actualidad donde se efectúa más de un 18% de la minería de bitcoin, el principal lugar para esa nueva industria solo después de Estados Unidos.

María Muñoz, diputada de Ciudadanos, ha planteado en el Congreso de los Diputados situar a España como una alternativa segura para la minería de datos, ya que enfrenta una nefasta situación ante los disturbios en Kazajistán, después que se suspendiera su servicio de internet, lo que ha afectado a su capacidad operativa.

La diputada de la formación que lidera Inés Arrimadas ha enviado una carta a la Cámara Baja sobre las posibles acciones que podría tomar España para atraer a los ‘mineros’ que huyen de Kazajistán. Sin embargo, los altos costes de la energía son un hándicap importante, tal y como explican en Confilegal varios abogados expertos en la regulación de criptomonedas

La importancia del Reglamento MICA

Para Ricardo Plasencia, socio del área regulatoria de CMS Albiñana & Suarez de Lezo, “el minado de criptomonedas es una actividad que requiere de gran capacidad de computación y, por lo tanto, intensa en consumo de energía”.

A su juicio, “es complicado que España pueda ocupar el lugar de Kazajistán debido a los altos precios que tiene la energía en un país como España”. En su opinión, “la actividad de minado de criptomonedas no constituye, ‘per se’, ningún riesgo para los consumidores”.

“Sin embargo, actividades como la emisión, negociación, canje y custodia de criptoactivos sí pueden entrañar riesgos y es por ello necesario que haya normas que establezcan requisitos de transparencia e información para la emisión y admisión a negociación de criptoactivos; normas de autorización y supervisión de los proveedores de servicios de criptoactivos; y normas de protección de los consumidores en relación con los servicios sobre criptoactivos”.

“Todo ello está previsto en el futuro Reglamento MiCA”, destaca. Este jurista recuerda que “en el ámbito regulatorio, por el momento, los servicios de cambio de criptomonedas por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos ya tienen la obligación de registrarse en el Banco de España desde el mes de octubre, al ser sujetos obligados de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales”.

“Además, por otro lado, está prevista la publicación muy próximamente de una Circular de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que regulará la publicidad sobre criptoactivos”, añade.

Plasencia señala que “por lo que respecta a MiCA, hemos conocido recientemente que tras pasar la norma por el Consejo Europeo, está previsto que se apruebe en el primer semestre de este año para su entrada en vigor en 2024 respecto de la mayor parte de los criptoactivos, con la excepción de las criptodivisas ligadas a activos (‘stablecoins’) y los criptoactivos referenciados al valor de una moneda de curso legal (‘e-money tokens’), cuya entrada en vigor será en 2023”.

Ricardo Plasencia, socio del área regulatoria bancaria de CMS Albiñana & Suárez de Lezo.

También indica que “según las últimas noticias publicadas, el Ministerio de Economía está avanzando en la tramitación de una nueva Ley del Mercado de Valores que puede entrar en vigor este año para que todo el esquema regulatorio español (régimen de supervisión, sancionador, etc.) esté preparado para la entrada en vigor de MiCA”.

En su opinión, “sería deseable que España avanzase en un régimen regulatorio que se adelante a la regulación europeo unido a un régimen fiscal favorable, son las palancas que pueden hacer que España lidere inversiones en materia de servicios de criptoactivos”.

El coste de la electricidad

Para Joaquim Matinero, abogado Bancario-Financiero & Blockchain en Rocajunyent, “todo vuelve al punto de inicio, cada vez que Bitcoin se desploma un 20%, 30% o 40%, siempre aparecen pronósticos apocalípticos, propuestas de tertulia de bar o soluciones mágicas, que pueden dar la vuelta a toda una situación de crisis global de la noche a la mañana”.

Para este jurista los problemas de esta industria radican en dos cuestiones. “La primera, la falta de regulación concreta en relación a las criptomonedas o activos virtuales a nivel nacional (a la espera de la futura regulación europea MiCA)».

En su opinión, “aunque la actividad de minería puede realizarse en España sin ningún tipo de impedimento, sí que es necesario dar de alta su actividad en el IAE y proceder a la tributación correspondiente de los beneficios, por lo que no existe ventaja alguna que favorezca la captación de grandes empresas de minado, sin que tampoco se haya dado solución a la inseguridad jurídica”.

Al mismo tiempo este exprto señala que otra cuestión es “es el coste de la energía. En este sentido, España se basa en el ‘mix energético’ que varía en función de la demanda y del reparto que se hace en una subasta pública, conocida como ‘pool’ eléctrico”.

“El resto de los países de la Unión Europea tienen un marco jurídico del mercado de la energía eléctrica idéntico al de España porque el mercado de la energía eléctrica forma parte del mercado común y la electricidad es un producto armonizado de en la Unión Europea, pero debido a los distintos peajes, impuestos y el tipo de fuente de generación, hay Estados miembro con un coste muy interior al de España que serían más competitivos para este tipo de nuevo modelo productivo”, comenta.

Matinero recuerda que “Kazajistán fue el gran beneficiado de la 13ª prohibición del Gobierno Chino el pasado mes de octubre a la minería y al uso de cualquier clase de criptomonedas, en los distintos  negocios de curso legal que pudieran aceptar las mismas como forma de pago”.

Para este experto, “el hecho de ser un país rico en recursos naturales como el petróleo, gas y carbón facilita que el coste de la energía llegue a ser de USA $0,042/kWh, y además al encontrase geográficamente cerca de China, lo ha consolidado como el gran refugio de los mineros de criptomonedas durante 2021, hasta el inicio de los últimos acontecimientos a nivel civil en el país”.

Joaquim Matinero, especialista en el área bancario financiero y de Blockchain del despacho Rocajunyent.

A su juicio, “se antoja complicado por mucho voluntarismo político que haya poder atraer una nueva industria como esta, ya que  el sector de la cripto-minería es extremadamente sensible al coste de la electricidad y de cualquier tipo de tributación que pueda minorar sensiblemente sus beneficios o hasta monitorizar sus movimientos, con lo cual la realidad es que España es un país muy poco interesante para ello».

Este jurista señala que “hay que recalcar que Estados Unidos es el principal interesado en que la nueva industria de las criptomonedas se asenté en su territorio nacional, ya que es conocido, que quién controle la minería (excepto que ETH 2.0., y su ‘proof of stake’, demuestre lo contrario) controlará sin lugar a duda las futuras aplicaciones que se creen en los nuevos universos plenamente vinculados a la tecnología DLT”.

Falta un marco legal estable

Para Alejandro González, counsel en el departamento de Banking & Finance de la oficina de Madrid de Hogan Lovells, lo ocurrido en Kazajstán ha tenido un claro impacto en el minado de criptomonedas, aunque reconoce que no sabe hasta qué punto eso puede ser extrapolable a España.

“No tenemos mucho detalle sobre lo que se plantea como Estrategia Nacional de Criptomonedas por parte de Ciudadanos, pero una cosa es la producción de esos activos y otra la regulación para la comercialización de los mismos en aras de la transparencia del mercado y la protección a los consumidores”, comenta.

A su juicio, “hay dos ámbitos diferentes en esta propuesta, uno sería el que desde un punto de vista meramente económico quiere tratar de colocar a España en el mapa del minado de criptoactivos por las ventajas económicas que eso puede implicar para nuestro país”.

“Aunque excede del mero ámbito legal, soy escéptico ya que sabemos que para minar se necesitan ordenadores con gran capacidad de computación que consumen mucha energía por ello normalmente los ‘mineros’ se instalan en países donde el precio de la misma es barato”, explica.

“No creo que se den en el ecosistema español los elementos necesarios para que se desarrolle esa actividad a gran escala”, destaca.

Alejandro Gonzalez, counsel bancario y financiero de Hogan Lovells en Madrid.

Para este jurista, “el otro ámbito es puramente de regulación legal, ahí creo que hay unanimidad en el mercado español en que debe ser una prioridad para nuestro legislador crear un entorno de seguridad jurídica que apoye la innovación y que a la vez tenga unos niveles adecuados de protección a los consumidores e inversores, pero no acabamos de ver como el minado de criptomonedas puede encajar en ese entorno”.

“Dicho lo anterior y teniendo en cuenta que la aprobación -y entrada en vigor- de MICA está cada vez más cerca, y unido a las iniciativas locales -alguna de ellas pendiente de desarrollo todavía-, puede ser un buen momento para que se fijen las líneas maestras que regulen el mercado de criptoactivos en España para los próximos años”.

De esta forma, “podríamos colocarnos como un referente de innovación. Lo anterior, sabiendo que el margen que tendrá cada una de los legisladores locales estará limitado por la normativa ámbito Europeo”, concluye.

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