La Abogacía reclama en el Congreso de los Diputados una reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita
Los portavoces de los principales grupos parlamentarios coinciden en la necesidad de reformar la ley, pero no dan detalles de cuándo empezará a tramitarse. En la imagen la a presidenta del CGAE, Victoria Ortega, junto a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, en la inauguración de la jornada 'El futuro de la Justicia Gratuita'.

La Abogacía reclama en el Congreso de los Diputados una reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita

El CGAE pide que se amplíe la cobertura de la justicia gratuita y se mejore la retribución de los profesionales
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21/1/2022 13:52
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Actualizado: 21/1/2022 21:18
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La Abogacía ha reclamado hoy en el Congreso de los Diputados una reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita «para garantizar la sostenibilidad del sistema, ampliando las actuaciones cubiertas y mejorando la retribución de los profesionales que ejercen el turno de oficio».

“La Ley de 1996 era magnífica, pero al cabo de 25 años exige una reforma para adaptarse a las necesidades de la sociedad”, ha declarado la presidenta del Congreso General de la Abogacía Española (CGAE), Victoria Ortega, en la inauguración de la jornada ‘El futuro de la Justicia Gratuita’, celebrada esta mañana en la Cámara Baja.

En este acto, organizado por el Consejo, han participado la presidenta del Congreso, Mertixell Batet, los portavoces de Justicia de varias formaciones políticas -PSOE, PP, VOX y Ciudadanos-, el decano del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), José María Alonso, y el decano del Colegio de Zaragoza (ICA-Zaragoza), Antonio Morán, y en la clausura ha intervenido la vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados, Ana Pastor.

La inauguración ha estado a cargo de la presidenta del CGAE, Victoria Ortega, y de la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet.

Los portavoces de los principales grupos parlamentarios coinciden en la necesidad de reformar la Ley para garantizar la sostenibilidad del sistema, mejorar las retribuciones de los profesionales de la abogacía y ampliar su cobertura, pero no han dado detalles de cuándo podría empezar a tramitarse esta reforma. 

En la primera mesa se han tratado los aspectos fundamentales en la reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. En ella han intervenido los decano del ICAM y del ICA-Zaragoza, y ha moderado el portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso de los diputados, Carlos Rojas.

De izquierda a derecha: José María Alonso, Carlos Rojas y Antonio Morán. Foto: CGAE

«O cambiamos la ley o empezamos una situación de caos», ha subrayado Morán, quien, además, es presidente de la Comisión de Justicia Gratuita del CGAE.

Morán ha aseverado que para «mantener el sistema, el Estado tiene que garantizar a los ciudadanos que cualquier ciudadano que tenga que ir a juicio porque el Estado así lo ha previsto en sus leyes va a tener una asistencia satisfactoria”. Foto: CGAE

El decano del ICAM ha destacado también que «se están produciendo nuevas situaciones que requieren la intervención de los letrados del turno de oficio y no están contempladas en la ley». En concreto, ha hecho referencia a los casos de atención a personas jurídicas, a acusaciones particulares y a casos de mediación.

Alonso ha explicado que se dan situaciones en las que los tribunales requieren la designación de un abogado del turno de oficio para casos en los que no se contempla remuneración. «Desde el Colegio contestamos que ningún abogado tiene que trabajar gratis», ha indicado, apuntando que estos escenarios les coloca en «situaciones complicadas».

El decano del ICAM, José María Alonso, resalta que la abogacía ha demostrado un gran compromiso con los ciudadanos en la prestación de un servicio de alta calidad y que garantiza el derecho fundamental a la defensa. Foto: CGAE

Alonso ha incidido en que «tendría que establecerse una norma que dijera que desde el mismo momento en que un juez determina la intervención de un abogado, éste tiene derecho a ser compensado».

El decano del ICAM ha hecho un llamamiento los diputados del Congreso para abordar la reforma y dar solución al gremio. «El juez cobra, el fiscal cobra, el letrado de la Administración de Justicia cobra. ¿Y el abogado no? Esa es la situación que quiero transmitir», ha señalado.

Alonso también ha puesto sobre la mesa el caso de los procesos de mediación. «¿Cómo van a actuar los abogados como mediadores si no van a cobrar?», ha planteado, recalcando que este servicio debe ser remunerado.

En su intervención, el decano del ICAM también ha señalado los casos de intervención para llevar a cabo una conformidad o para los llamados casos de segunda oportunidad que contempla la nueva Ley Concursal, así como la participación de los abogados cuando se ejerce la acusación particular. «No puede ser que si alguien que no tiene recursos tenga que depender de si Fiscalía quiere o no actuar. Si todos tenemos derecho a ejercer la acusación particular, ¿por qué aquel que no tiene recursos no tiene derecho a un abogado del turno de oficio?», ha denunciado Alonso.

El decano del ICA-Zaragoza ha alertado de la «falta de un mínimo de homogeneidad», y ha recomendado introducir criterios en la ley para «intentar» que el trato sea igual en todos los territorios, en referencia a las disparidades en los casos de las comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia.

El decano del ICAM coincide en ello. Alonso también ha reivindicado «unificar los criterios de retribución». Ha calificado la remuneración actual de «vergonzosa» y ha expuesto que requiere un «sacrificio enorme» por parte de los letrados del turno de oficio y los colegios de abogados.

Así las cosas, José María Alonso ha planteado que la nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita establezca unos criterios de actualización de las remuneraciones conforme al Índice de Precios del Consumidor (IPC).

Entre los asistentes también se ha reclamado que se garantice la «sostenibilidad» de los colegios de abogados, que asumen la formación de los letrados del turno de oficio con una «dotación presupuestaria».

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha destacado que el actual sistema “es un buen ejemplo de colaboración y trabajo conjunto que podemos calificar de éxito, no sin reconocer que queda camino por recorrer”.

Victoria Ortega ha señalado en su intervención que «el 21% de la población española desconoce que existe el sistema de justicia gratuita y que se pueda acceder en condiciones de igualdad y con la mejor defensa a la tutela judicial efectiva».

Batet ha indicado en que «corresponde al Estado garantizar el ejercicio de la tutela judicial» y que todos los ciudadanos estén en condiciones de acceder a la justicia gratuita. «Si hay un 21% de personas que no conoce ni de su existencia, parece que deberíamos empezar al menos por ahí», ha apostillado.

La presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, en su intervención en esta jornada, celebrada de 9.30 a 13.00 horas en la Sala Ernest Lluch. Foto: Congreso

También ha expresado que es una satisfacción acoger en el Congreso el debate sobre el futuro de la Justicia Gratuita, «abriendo así camino a la generación futuros de acuerdos políticos en la materia», y ha dado las gracias al CGAE y a Victoria Ortega «por impulsar temas tan necesarios en nuestra sociedad».

Por su parte, la presidenta del CGAE le ha agradecido que haya acogido a la Abogacía en la Cámara Baja para debatir sobre el futuro de la Justicia Gratuita «y exponer nuestro punto de vista, y sumar conocimiento, sobre los textos normativos en fase de elaboración».

LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS, UNÁNIMES SOBRE LA NECESIDAD DE ESTA REFORMA

En otra mesa redonda se ha tratado la reforma de la Justicia Gratuita con los portavoces de Justicia de los grupos parlamentarios, moderada por la decana del Colegio de Abogados de Ceuta y consejera del CGAE, Isabel Valriberas.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Francisco Aranda, ha asegurado que “hay elementos suficientes para poder llegar a acuerdos y modificar una norma que necesita una nueva mirada”. Ha señalado que habría que analizar “la ampliación del servicio a más colectivos vulnerables”, y también a personas jurídicas por designación. Aranda también se ha mostrado favorable a estudiar la incorporación de los Medios Adecuados de Resolución de Controversias (MASC), y ha destacado que las tres leyes de Eficiencia que están en trámite de aprobación -Procesal, Organizativa y Digital- traerán importantes cambios que también afectarán a la Justicia Gratuita.

De izquierda a derecha: Patricia de las Heras, Francisco Aranda, Isabel Valriberas, Luis Santamaría y Juan Ignacio López-Bas. Foto: CGAE

Todos los portavoces de los principales grupos parlamentarios coincidieron también destacaron la necesidad de ampliar la cobertura a nuevas realidades como la segunda oportunidad y financiar la formación de los profesionales. Además, pusieron sobre la mesa las diferencias entre comunidades autónomas en la prestación de este servicio y el cobro de honorarios.

Igualmente, todos los portavoces elogiaron el importante papel de los Colegios y de los abogados del Turno de Oficio para garantizar el acceso a la justicia, especialmente durante la parte más dura de la pandemia.

“Queremos que la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita represente y dignifique a uno de los mayores patrimonios de nuestro país, los colegios de abogados y los abogados de oficio, capaces de llegar hasta al pueblo más pequeño de España y atender cualquier problema de los ciudadanos”, ha declarado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Luis Santamaría. Para que su partido apoye un nuevo texto de la Ley, ha señalado que el Gobierno deberá “asumir compromisos presupuestarios claros y mejorar la formación y la especialización de los profesionales”.

Ha subrayado la importancia de “avanzar en la homogeneización de los servicios del turno, para que sean iguales para todos, independientemente de su lugar de residencia”, algo que también debería aplicarse al cobro de las actuaciones y mantener “el papel que desarrollan los Colegios de Abogados”. Santamaría apuesta por “ofrecer un marco regulador que no se centre exclusivamente en la labor del turno en asistencia, sino también en el de orientación gratuita”.

Para Patricia de las Heras, del Grupo Parlamentario VOX, “el servicio de Justicia Gratuita es excelente, pero las condiciones en las que lo ejercen los que lo prestan no lo es tanto”. Entre estas condiciones que hay que mejorar, ha citado las remuneraciones de los abogados, que “por su cuantía irrisoria son una indemnización, pero tributan IRPF”, y ha reclamado que se regule este punto, al igual que los plazos de los pagos, ya que “a pesar de que se dictó un reglamento para que se realizaran de forma mensual, no se está haciendo”.

También ha coincidido en las críticas a las diferencias retributivas entre comunidades autónomas. “Hay muchas lagunas que hay que recoger para que la defensa de nuestro cliente la podamos hacer con plenas garantías”, ha afirmado.

Juan Ignacio López-Bas, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, ha manifestado que el servicio “funciona excelentemente bien gracias a los profesionales y la labor que se hace desde los Colegios de Abogados», y ha coincidido en que la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita «necesita una adaptación porque trata de responder a una realidad social que ha evolucionado en estos últimos 25 años, especialmente en los últimos dos” con la pandemia, algo que “hace necesario acelerar el proceso de  revisión de la ley”.

En la clausura de la jornada, la vicepresidenta del Congreso, Ana Pastor, también se ha mostrado partidaria de “una nueva ley”, entre otras cosas para mejorar las retribuciones, “una urgencia inexcusable”.

La vicepresidenta del Congreso, Ana Pastor, en su intervención. Foto: CGAE

Pastor ha afirmado en la clausura de la jornada que esta nueva ley “puede concitar el apoyo generalizado de las fuerzas parlamentarias”.

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