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Día de la Justicia gratuita: síndrome de Tom Sawyer

Día de la Justicia gratuita: síndrome de Tom Sawyer
El columnista, Antonio Abellán, es abogado del turno de oficio y miembro del Consejo Asesor de ALTODO.
12/7/2021 06:46
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Actualizado: 12/7/2021 06:46
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Cuando hablamos de la asistencia jurídica gratuita hay que tener presente que tiene mucho porvenir pero en los términos del poeta Ángel González: «Te llaman porvenir porque no vienes nunca».

El 12 de julio se conmemora el Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio, por ser cuando entró en vigor la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, en el año 1996, y es una celebración cada vez más sin sentido porque van pasando los años y las aspiraciones de mejora se ven siempre lastradas por la falta de consecución de verdaderos avances.

Se objetiva un servicio más restrictivo para sus naturales destinatarios.

Hay que recordar que aunque se haya actualizado precariamente el módulo de referencia para concesión del derecho a la justicia gratuita, el IPREM, sigue estando muy bajo y por ello muchas familias con pocos medios no pueden disfrutar de este derecho, previsto no para los ‘pobres de solemnidad’ sino para quienes «carezcan de recursos para litigar», en los propios términos constitucionales.

A  su vez, y ahora que se anuncia la implementación de una Carta de Derechos Digitales, en el ámbito de la asistencia jurídica gratuita la brecha digital es una rémora que imposibilita el derecho de igualdad en el acceso a los servicios públicos y en las relaciones digitales de la ciudadanía con estos.

Para tratar de paliarlo, se han solicitado medios tecnológicos que garanticen los derechos procesales electrónicos de los justiciables, algunos tan básicos como servicios de digitalización de documentación o dotación de salas de videoconferencia, pero salvo tímidas propuestas en materia penitenciaria no tenemos noticias de ningún mayor avance técnico, pese a que se presenta una oportunidad histórica de modernización de la Administración gracias a los fondos europeos para transformación digital.

El troceamiento de la asistencia jurídica gratuita es una realidad de difícil vuelta atrás.

A las privatizaciones de Servicios de Orientación Jurídica (SOJ), que hemos visto cómo se ha permitido ignominiosamente que terminen en manos de mercantiles, se une el probono tiburón y la mediación imperativa, canonizado el primero en el nuevo Estatuto de la Abogacía y a exprimir la segunda en las reformas procesales que están en ciernes.

El Turno de Oficio va quedando residual, para el penal más penoso, y eso con el permiso de las subvenciones públicas a cada vez más entidades profesionalizadas en libar cualquier miseria humana, algunas más interesantes políticamente que otras y, por tanto, más becadas.  

En cuanto a los que prestamos los servicios jurídicos gratuitos, la abogacía y la procura del Turno de Oficio, el ejercicio es un difícil arte solitario y a la intemperie.

BÚSCATE LA VIDA

Cuando surge el más mínimo problema y se plantea auxilio a los colegios profesionales no es extraño que uno se encuentre con un ‘búscate la vida’, como Tom Sawyer, y esto ya es un síndrome.

Lo hemos visto recrudecido en la pandemia, cuando ante compañeros fallecidos se ha intentado que los colegios comuniquen a los órganos judiciales el deceso a los efectos de que se proceda a la suspensión de los procedimientos y a la sustitución del letrado de oficio.

La respuesta de algunos ha sido que no van a comunicar uno a uno a cada juzgado que en su caso hubiese sido designado el profesional, pese a que si alguien conoce y es responsable de cada designación no es otro que el propio colegio y, en definitiva, si el colegio puso, que el colegio quite.

Otro tanto sucede en los casos de accidente, enfermedad grave o nacimiento de hijos: Concilie usted mañana.

También cuando se solicitó que se pusieran medios para prevención de contagios, que se presionara para la práctica de las asistencias telemáticas y para garantizar los accesos  de la abogacía a las sedes judiciales, de tal manera que se procurase la debida audiencia, consulta de los expedientes y realización de los actos procesales con un mínimo no solo de eficacia, sino de dignidad, sin tener a los profesionales a la espera fuera de los edificios, vagando por las calles.

Aquí la alta abogacía ha sido, una vez más, complaciente con la desidia inercial del sistema de justicia.

En cuanto a las peticiones de refuerzo de los Servicios de Orientación Jurídica, imprescindibles de cara a poder canalizar las peticiones de asistencia jurídica gratuita y designar abogado/a y procurador/a de Turno de Oficio, siguen sin atenderse, y los retrasos en las citas, de más de un mes a veces casi dos, constituyen una traba que hace a gran número de esos solicitantes desistir y renunciar a su derecho a justicia gratuita, teniendo que recurrir a otras alternativas buitres, como la ‘abogacía-ikea’, la del «low cost-low service».

No obstante, distinto cariño se demuestra a la hora de establecer convenios de asesoramiento a empresarios, el voluntariado de abogacía para pymes o las colaboraciones ad hoc con exclusivas fundaciones derivadas de grandes despachos, incluso con el propio Consejo General de la Abogacía.

Si el cargo en la mayoría de los órganos de representación de estos colegios profesionales es gratuito, implicando además tiempo y responsabilidad y a ninguno/a se le obliga a encargarse de la llevanza del Turno de Oficio, ¿por qué se aferran al “sillonismo” los que nada consiguen?.

Especialistas del bastardo arte del barrer para dentro, causa vergüenza esos currículum de mano delante y mano detrás a la hora de toma de posesión de los cargos que sin embargo se ven a su salida obesos de hojalata en medalleo, integración en patronatos, despachazos, cortes arbitrales y, ¡milagro! asunción de misteriosas capacidades docentes, antes desconocidas, en multitud de instituciones de a muchos euros la hora-ponencia.

Y la abogacía de base pagando sus bolos.

De la clase política no se puede decir nada mejor.

Significar que cada año por estas fechas nos suelen dedicar, muy solemnes, sus promesas de subida de baremos o incluso de abono de actuaciones que se siguen llevando ‘et amore’, como los procedimientos de ejecución, y después se queda en el aire el humo de la palabra.

¿Les oyen hasta el año siguiente? Es el «fujitsu».

Y la abogacía institucional para hacerles la «clá».

Feliz Día, decía Ramón Pérez de Ayala que «cuando la estafa es enorme ya toma un nombre decente».

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