La calificación de España en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2021, que ha publicado Transparencia International, ha supuesto la bajada de un punto en relación con el año pasado, obteniendo en esta ocasión un 61/100.
Con esta calificación, España ocupa la posición 34/180 del ranking global del IPC, junto con Lituania. Esto supone un descenso de dos puestos con respecto al IPC2020. Por otro lado, España se ubica en el puesto número 14/27 de la Unión Europea, bajando, asimismo, dos posiciones con respecto al año pasado.
De acuerdo con la metodología utilizada en el IPC, una diferencia de un punto en un año, como
el que ha bajado España en 2021, no es estadísticamente significativa, explican desde la organización.
Sin embargo, «sí que refleja que sigue latente en España un nivel de corrupción que incide en el buen funcionamiento de las instituciones democráticas, y que requiere una llamada a la acción a las autoridades públicas, al sector privado y a la sociedad civil».
En cualquier caso, Transparency International España (TI-España) considera que una economía como la española, que se sitúa entre las 15 primeras del mundo, no debería estar por debajo de los 70 puntos en el Índice de Percepción si quiere mantener su imagen y competitividad.
Por eso, este año TI-España señala una vez más que reducir la corrupción es fundamental para garantizar la integridad política y el buen funcionamiento de las instituciones democráticas.
Varios de los países que en 2020 se situaban por debajo de España en el ranking (Portugal, Lituania, Corea del Sur), ahora superan a nuestro país
A nivel comparativo, el informe refleja que España ha empeorado en relación con varios países con los que compartía una puntuación y posición similar en ediciones anteriores.
Así, varios de los países que en 2020 se situaban por debajo de España en el ranking (Portugal, Lituania, Corea del Sur), ahora superan a nuestro país, y aquellos que tenían puntuaciones superiores pero que sin embargo se encontraban cercanos en el ranking, este año se han alejado (Barbados, Bahamas, Catar).
Finalmente, aquellos países que se encontraban muy por debajo de la posición española, han reducido su diferencia significativamente (Israel, Letonia, San Vicente y las Granadinas, Cabo Verde), quedando ahora muy cerca de España.
El IPC 2021 indica que los niveles de corrupción se encuentran estancados a nivel mundial, con
escaso o ningún progreso en el 86 % de los países evaluados en los últimos diez años.
En el contexto de la Unión Europea, y también a nivel comparativo, España ha sido adelantada por dos países con los que siempre ha mantenido una relación pareja: Lituania y Portugal.
Este índice de Transparencia Internacional clasifica 180 países y territorios según el nivel de percepción experta de la corrupción en el sector público de cada uno, medido a través de datos de 13 fuentes externas, en una escala de cero (muy corruptos) a cien (muy limpios).
Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda, líderes frente a Somalia, Siria y Sudán del Sur que se sitúan a la cola del ranking
La puntuación media global se mantiene en 43 puntos por décimo año consecutivo y dos terciosde los países no llegan a 50/100.
A la cabeza se sitúan Dinamarca (88), Finlandia (88) y Nueva Zelanda (88). Estos tres países también se encuentran entre los diez mejor puntuados en cuanto a libertades civiles según el informe Democracy Index.
Por su parte, Somalia (13), Siria (13) y Sudán del Sur (11) obtienen de nuevo las puntuaciones más
bajas del índice. Siria es también el último país en materia de libertades civiles (Somalia y Sudán del sur no están calificados).
El informe de Transparencia Internacional señala que en la última década, 154 países han sufrido un deterioro o no han avanzado sustancialmente.
Así, desde 2012, 23 países han decaído en el índice, entre ellos algunas economías avanzadas como Australia (73), Canadá (74) y Estados Unidos (67). Este último ha dejado de estar entre los 25 países mejor calificados por primera vez.
Frente a ellos, 25 países han mejorado significativamente sus puntuaciones, como Estonia (74),
Seychelles (70) y Armenia (49).
Silvina Bacigalupo, presidenta de Transparency International España, ha manifestado que, «la corrupción es un riesgo constante que impide la realización de los derechos fundamentales y erosiona las instituciones que velan por la garantía de los mismos también en Estados que consideran consolidados sus sistemas democráticos y que aparentemente no presentan problemas de protección de derechos humanos».
Por ello, «mitigar y controlar este riesgo que supone la corrupción no depende únicamente de los gobiernos, sino que es preciso un esfuerzo coordinado de todos los actores sociales, políticos y económicos».
A su juicio, «es necesario replantearse el modelo actual de gobierno abierto» porque «de poco nos sirven agendas muy ambiciosas y participativas si después no existe voluntad, capacidad y ejecución por parte de los Estados para poder cumplir sus compromisos. La agenda legislativa en España no puede esperar más y debe ser un compromiso político sin excepción para lograr avanzar», concluye.
