La Asociación Profesional de Administradores Concursales (Aspac) lleva tiempo reclamando que se establezcan unas «condiciones justas» para este gremio, incidiendo en unos «honorarios justos». «Ante el desamparo» que, según denuncian, están «sometidos», los administradores concursales han interpuesto un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), en Estrasburgo, «para evitar trabajar gratis«.
«Un problema que viene acrecentado por recientes sentencias que, de forma retroactiva, obligarían a los administradores a devolver la remuneración recibida por concursos que han superado la duración fijada, pero que comenzaron bajo otra regulación que no lo preveía así», señala Aspac.
Además, advierte que esta situación «empeorará con las medidas que plantea el nuevo Proyecto de Ley Concursal«.
El nuevo Proyecto de Ley prevé reducciones del 50% en los honorarios de los administradores concursales cuando se superen los límites temporales que establece el texto
Uno de los puntos que más critica Aspac de la reforma es que establece límites temporales para que los administradores concursales perciban sus honorarios en procedimientos de insolvencia. «La supuesta intención de esta medida es acelerar los procesos, lo que supone que están culpando al administrador concursal de su duración e imponiendo esta medida a modo de castigo”, afirma el presidente de ASPAC, Diego Comendador.
Aspac insiste en que la misión del administrador concursal es facilitar la gestión del concurso y mejorar su eficiencia, y subraya que «no se puede penalizar a los profesionales por la duración del concurso, puesto que bien al contrario, gracias a su experiencia y especialización en el área, se evita llegar a tiempos mayores«.
“Mientras intentan reducir tiempos pidiéndonos que trabajemos gratis, están cargando a los juzgados con trabajos que podría resolver la administración concursal para agilizar trámites que son los que verdaderamente prolongan innecesariamente los procesos», apunta esta asociación.
Aspac señala que según las estadísticas oficiales, la duración media del concurso de acreedores es de unos cuatro años y medio, y añade que cada caso específico tiene una serie de características que ampliarán o reducirán su duración.
Expone que en los concursos de acreedores «entran en juego los intereses de distintas partes, lo que puede producir situaciones de conflicto que prolonguen el proceso».
Comendador advierte que el “peligro» de establecer esta penalización al administrador es que «puede repercutir en la calidad del trabajo, llevando a procesos de liquidación acelerados que no cumplirían con su papel de optimizar el valor de los activos”. “Los administradores concursales no somos, en absoluto, los responsables de la larga duración de los procedimientos”, añade.
LOS HONORARIOS CONCURSALES EN EL PROYECTO DE LEY
Respecto a la remuneración de los administradores, Aspac pone el foco en que el nuevo texto indica que «cuando la fase común sobrepase los seis meses, estos profesionales dejarían de percibir un 50% de sus honorarios». «En la liquidación, esta reducción también correspondería a un mínimo de un 50%. Además, el Proyecto establece que los honorarios fijados inicialmente se limitarían si el proceso se alarga más de la mitad del plazo legal o se prolonga en más de 12 meses desde que se declara el concurso», expone.
Comendador hace hincapié en que no pueden trabajar gratis.
«Somos profesionales y nuestra misión es que los procedimientos concursales se lleven a cabo con seguridad jurídica y de forma justa para todos los implicados. Las medidas de castigo impuestas en la nueva Ley Concursal son un desprecio hacia el trabajo de la Administración Concursal, que siempre ha estado al servicio de la economía del país», denuncia.
Según Aspac, la especialización y regulación de la profesión son los factores que permitirán mejorar realmente el sistema.
