Esta asociación, presidida por Patricia Suárez, pide a las administraciones públicas competentes que se involucren: "de nada sirve afear conductas cuando se tienen obligaciones como servidores públicos para legislar y poner coto a esta situación". Foto: Carlos Berbell/Confilegal
Asufin denuncia el deterioro de la atención bancaria, con un 40% menos de empleados, la mitad de oficinas y un 22% menos de cajeros desde 2008
Advierte que la atención personalizada en la sucursal bancaria lleva una década deteriorándose, lo que deja a numerosos colectivos sin alternativas claras a la operativa 100% 'online'
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01/2/2022 09:32
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Actualizado: 01/2/2022 09:39
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La Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) denuncia que el impacto de la reestructuración del sector bancario, con «una caída del 39,5% en la cifra de empleados, del 54,2% en oficinas y del 22% en cajeros en cajeros de 2008 a 2021», se traduce en un descenso drástico de todos los elementos relacionados con la atención personalizada al usuario, y advierte que la atención personalizada en la sucursal bancaria lleva una década deteriorándose, «lo que deja a numerosos colectivos sin alternativas claras a la operativa 100% online«.
Esta asociación, presidida por Patricia Suárez, ha puesto cifras a «la desatención bancaria» en base a datos del Banco de España y el INE.
Subraya que las entidades bancarias «tienen que garantizar un servicio de mínimos para no seguir incrementando la exclusión financiera y, por ende, social», y pide a las administraciones públicas competentes que se involucren.
«De nada sirve afear conductas cuando se tienen obligaciones como servidores públicos para legislar y poner coto a esta situación”, sostiene Patricia Suárez
Según señala, si relacionamos estos datos con la población española, ligeramente superior en estos momentos, tenemos ratios que reflejan el deterioro en la atención: en 2008 cada oficina bancaria en España daba cobertura a algo más de mil personas, mientras que en 2021 tiene que atender a más de 2.200 personas.
Añade que la retirada de cajeros provoca que si bien en 2008 cada unidad daba servicio a 741 personas, en 2021 esta cifra se eleva a 970.
En cuanto a los empleados, indica que los despidos masivos se reflejan en la caída año a año de las cifras. «Sólo en 2021 el descenso fue del 6,4%, tras destruir de forma estimada algo más de 11.000 empleos, cifra que se espera se repita en 2022», explica. Con ello se ha pasado en el citado periodo, según informa Asufin, de 270.855 a 164.000 empleados de banca; es decir, 106.855 trabajadores menos, una caída del 39,5%.
También señala que el número de oficinas también ha descendido este año (hasta el mes septiembre, último dato publicado) de 22.589 a 20.904, una caída del 7,5% en un año. Con respecto a los máximos del año 2008, el descenso desde 45.662 supone más de la mitad, un 54,2%.
Según las estimaciones de Asufin, en cajeros la caída es menor pero importante, pese a que entre 2015 y 2019 se mantuvieron las unidades e incluso crecieron, compensando la bajada de oficinas, en estos dos últimos años ha vuelto a acelerar su caída, pasando de 49.841 en 2020, a 48.081 el tercer trimestre de 2021; es decir, una merma del 3,5%. El descenso desde máximos de 2008 es del 22,1%.
«El principal perjudicado de toda esta situación es el usuario de banca, que finalmente se encuentra con menos oficinas, menos cajeros y servicios, en general, más masificados», destaca esta asociación de usuarios financieros.
La presidenta de Asufin, Patricia Suárez, manifiesta que el sector bancario «sigue instalado en una actitud negacionista del problema que no contribuye a solucionarlo».
«Es evidente que muchas capas de la sociedad encuentran barreras claras de acceso al servicio bancario y que la transición a la digitalización no se está realizando con el debido cuidado por la inclusión de todos los sectores», asevera.
Asufin pide «empatía y mayores esfuerzos para que la ciudadanía, en general, no sufra de manera drástica la reestructuración de un sector que, aún sometido a las tensiones de búsqueda de rentabilidad, como tantos otros, se distingue por su carácter esencial y básico».
Además, reclama a las administraciones públicas competentes en la materia que se involucren en esta problemática. «De nada sirve afear
conductas cuando se tienen obligaciones como servidores públicos para legislar y poner coto a esta situación”, sentencia.
TAMBIÉN HA PEDIDO AMPARO AL DEFENSOR DEL PUEBLO PARA ‘GARANTIZAR LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA’
Por otra parte, Asufin también pidió amparo al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, el pasado mes de noviembre para «garantizar la tutela judicial efectiva de los consumidores».
Denuncia que los consumidores asisten a una «flagrante vulneración» del artículo 24 de la Constitución al no ver garantizada su tutela efectiva en los tribunales, y ha reclamado al Defensor del Pueblo que inste al Gobierno a proveer de recursos humanos y materiales suficientes «para que abusos reiterados como los gastos de la hipoteca, el IRPH o la hipoteca multidivisa encuentren un cauce adecuado y no se agolpen en los tribunales especializados hasta 3 y 4 años». «Una dilación de los procedimientos que termina disuadiendo al consumidor de reclamar», afirma.
Manifiesta que se hacen necesarias en este contexto «medidas contundentes» para defender los intereses del consumidor financiero, «como la imposición de sanciones y recargos disuasorios a las entidades que persistan en las malas prácticas y la comercialización de productos y servicios con cláusulas abusivas». Y advierte que los mecanismos extrajudiciales son «un parche, como se ha demostrado en numerosas ocasiones».
CSIF se concentró el pasado mes de abril frente al Ministerio de Justicia para denunciar «el deterioro de la Justicia». Este sindicato reclama un refuerzo en las plantillas y medios tecnológicos «adecuados» ante «la saturación actual de los juzgados». Una reivindicación que sigue vigente.
Asufin es una asociación sin ánimo de lucro fundada en 2009 por un grupo de afectados por derivados financieros con el objetivo de “cambiar la cultura bancaria de nuestro país”. Centra su actividad en la “prevención, información, formación y defensa de los usuarios financieros”.
La preside desde entonces Patricia Suárez, licenciada en filología alemana, quien en 2008 descubrió que el banco le había colocado un “seguro” que le iba a costar más de 8.000 euros cancelar. Comenzó a buscar por Internet y vio que no era la única. “A principios de 2009 comenzamos a intercambiar información en un foro -publicidad, sentencias y resoluciones del Banco de España- y en julio de ese mismo año un grupo de afectados por clips e intercambios de Bankinter fundamos Asufin”, relata.
Forma parte de las asociaciones europeas ‘Bureau Européen des Unions de Consommateurs’ (BEUC), ‘Finance Watch’, ‘Digital Euro Association’ y ‘Spainsif’, y desde octubre del grupo de la Comisión Europea para «atacar» la morosidad derivada de la Covid-19. Este grupo desarrollará la futura directiva que creará un mercado secundario común de préstamo dudoso para sanear el balance de los bancos, en el que Asufin considera imprescindible que la protección del consumidor esté garantizada.
El Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) otorgaron a Asufin el pasado mes septiembre el Premio Finanzas para todos en la categoría de “mejor trayectoria en el desarrollo del Plan de Educación Financiera”, destacando el “compromiso asumido con la protección del consumidor financiero”.
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