Condenado a tres años y medio de cárcel un lotero que se apropió de más de 236.000 euros de la recaudación
El condenado tendrá que indemnizar a la sociedad con la cantidad sustraída más intereses legales y a su socia con 30.000 euros por daños morales.

Condenado a tres años y medio de cárcel un lotero que se apropió de más de 236.000 euros de la recaudación

Tenía una socia, que como consecuencia de los hechos ha perdido el negocio del que era cotitular "y su forma de vida"
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01/2/2022 10:54
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Actualizado: 01/2/2022 11:01
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La Audiencia Provincial de Salamanca ha condenado a tres años y medio de prisión a un administrador de lotería de Ciudad Rodrigo que se apropió de 236.654,72 euros procedentes de la recaudación. Era socio del negocio junto a otra administradora. 

Por un delito continuado de apropiación indebida agravado por la cuantía, en el que concurre la circunstancia atenuante ordinaria de dilaciones indebidas. El tribunal lo ha absuelto de un delito societario.

Además de la pena de cárcel, la Audiencia le ha impuesto una multa de 1.800 euros, y tendrá que indemnizar a la sociedad con la cantidad sustraída más intereses legales y a su socia con 30.000 euros por daños morales.

La sentencia es la número 50/2021, de 14 de diciembre, firmada por las magistradas María del Carmen Borjabad García (presidenta), Cristina García Velasco, y María Victoria Guinaldo López, que ha sido la ponente.

Esta resolución no es firme. Contra la misma cabe recurso apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

LOS HECHOS PROBADOS

Según los hechos probados, ambos socios establecieron un sistema de gestión por turnos anuales, de manera que durante el periodo anual que cada uno de ellos estuviera al frente de la administración de lotería, sería de su exclusiva responsabilidad los resultados de dicha gestión, sin que el otro socio pudiera interferir en la administración. También establecieron que la contabilidad, libros fiscales, cuentas, impuestos y cuantas obligaciones contables, fiscales y de Seguridad social correspondieran a la sociedad se encomendarín a una asesoría concreta.

El primer turno anual de gestión y trabajo le correspondió tras un sorteo a la socia, que estuvo al frente de la gestión de la administración de lotería de mayo de 2014 a mayo de 2015, iniciando en ese momento el turno de trabajo el condenado.

Según expone el tribunal, con carácter previo al inicio del turno anual de éste, su socia presentó las cuentas de la gestión realizada y tras las comprobaciones oportunas realizadas por él, que mostró su conformidad con la gestión, cambiaron la cerradura de la puerta quedándose él con las copias de todas las llaves de la nueva cerradura.

Señala que a partir de ese momento el ahora condenado «fue detrayendo parte del dinero recaudado en el establecimiento con la venta de lotería y otros juegos», de modo que llegada la liquidación remitida el 22 de diciembre de 2015 por la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (Selae) que contenía las ventas correspondientes al sorteo extraordinario de Navidad, la Selae procedió a detraer de la cuenta de la que es titular el importe de la liquidación, que ascendía a 187.580,71 euros.

En la cuenta no había saldo suficiente y de la liquidación de la semana 51/15 se pagaron 54.793,12 euros, quedando la cuenta a cero y faltando por abonar el importe de la cobertura de impagados que ascendía a 132.787,59 euros.

Como consecuencia de ello y ante la gravedad de los hechos e impago, la Selae suspendió la actividad del terminal, que fue reanudada en enero de 2016 una vez que se procedió al pago pendiente.

El lotero manifestó en un documento fechado a 5 de enero de 2016 «ser el responsable de la situación en la que dejaba la administración». Siendo la única solución la transmisión del punto de venta y con el dinero obtenido proceder a liquidar la deuda generada por él con el Selae, esto obligó a la socia a aceptar la transmisión de la titularidad del punto de venta a un tercero, aunque fuera a la baja, y con ese dinero poder pagar las liquidaciones impagadas y las que faltaban por pagar, las correspondientes al sorteo del Niño, que se procedería a cargar en la cuenta el 14 de enero de 2016, y que en aquel momento se desconocía a cuanto podía ascender.

Los administradores solidarios firmaron la cesión del contrato de servicios de gestión del punto de venta integral el 7 de enero de 2016, y los compradores procedieron al abono de la deuda: Una de 60.000 euros y otra de 73.185,95 euros, un total de total 133.185,95 euros, el importe de lo impagado más los intereses generados. Posteriormente, los compradores tuvieron que adelantar otros 13.000,00 euros a cuenta del precio, para dotar de liquidez a la sociedad, y que el punto de venta pudiera continuar funcionando y hacer frente al abono de premios.

El precio pactado de venta fue de 200.000 euros.

La Audiencia de Salamanca considera probado que el condenado «no solo detrajo en su propio beneficio la cantidad de la liquidación de la semana 51/15″, también «el dinero que a la sociedad le permite el funcionamiento y liquidez para poder hacer frente a los pagos de premios y al normal desarrollo de la actividad, pagos de impuestos, así como todos los beneficios correspondientes al ejercicio 2015 de la sociedad, que provienen de las comisiones que abona Selae».

Explica que de la pericial judicial practicada se pone de relieve que en los meses que estuvo al frente del negocio alteró los datos de tesorería
apropiándose de dinero en caja cuantificado por el técnico en 236.654,72 euros.

Como consecuencia de los hechos, la socia denunciante «ha perdido el negocio del que era cotitular y su forma de vida», pues si bien estuvo empleada como dependienta por el nuevo adquirente del negocio, fue de forma temporal.

Las magistradas precisan en que la actuación del condenado ha privado a su socia, divorciada con dos hijas dependientes económicamente de sus progenitores, «de su forma de vida estable y segura», y consideran adecuada la cantidad de 30.000 euros en concepto de daño moral, cantidad solicitada por la acusación particular, a la que se adhirió el Ministerio Fiscal.

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