Había sido acusado de un delito de desobediencia, otro de intrusismo, contra la intimidad y un delito de calumnias con publicidad. Todo lo cual quedó grabado en su móvil. Un vídeo que se hizo inmediatamente viral. Ocurrió la madrugada del 9 de mayo de 2020, en pleno confinamiento. Cuatro policías acudieron al domicilio donde estaban celebrando una fiesta en el Paseo Mallorca.
En el juicio, que se celebró en la sala de vistas del Juzgado de lo Penal 6 de Palma, del que es titular la magistrada Juana Ana Arbona, tras escuchar a las partes, el joven fue condenado por un delito de calumnias con publicidad contra cuatro de los seis policías. Por declarar a los medios que los agentes del orden habían entrado en el piso sin permiso.
La condena ha consistido en una sanción de 2.520 euros (14 meses a 6 euros por día), por una parte, y por otra 12.000 euros, como indemnización a los cuatro policías nacionales –3.000 euros por cabeza–, como resarcimiento por los daños morales sufridos por la difusión de la grabación.
La magistrada le absuelve del resto de los delitos.
El joven se ha visto beneficiado por la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional el estado de alarma que el Gobierno impuso desde el 14 de marzo de 2020 durante tres meses.
El juicio tuvo lugar el 24 de enero pasado. Durante el mismo, el joven declaró que los policías habían entrado en la casa de su amigo sin autorización, desde su punto de vista, que los grabó con su teléfono móvil y que después lo subió a un grupo de «WhatsApp» de 20 personas, algunos de ellos policías y guardias civiles.
Desde ahí se difundió a gran velocidad a toda España.
En la sentencia la magistrada suscribe que el morador de la vivienda sí dio permiso a los policías para entar en el domicilio, tal como admitió en el juicio. Sin hacer distinción entre el salón y las habitaciones donde se escondían los participantes en la fiesta, entre ellos el acusado.
Y que días después éste declaró a varios medios de comunicación habían entrado en el piso sin que su amigo les hubiera autorizado –aunque él sí sabía que lo había hecho–, por lo que los policías, dijo, habían cometido un delito de allanamiento de morada.
La magistrada explica, para descartar el resto de las imputaciones, que el joven reconoció haber grabado la intervención policial y haberla subido al «WhatsApp», pero que desconocía como se había difundido.
«Es cierto que por parte de la defensa del acusado no se ha aportado prueba alguna de que el acusado solicitara que no se difundiera la grabación a terceras personas más allá del citado grupo de Whatsapp, pero tampoco por parte de la acusación se ha desplegado prueba de cargo de que efectivamente fuera el acusado quien difundiera dicha grabación en redes sociales tales como Twitter, Youtube o Facebook», dice la juez.
El Ministerio Fiscal, que inicialmente atribuyó un delito de desobediencia por negarse a identificarse cuando se lo pidieron los policías, retiró la petición en el juicio.
Las acusaciones particulares de la Confederación Española de la Policía (CEP) y el sindicato policial JUPOL, pedían penas del año y ocho meses a los tres años de prisión por los delitos de calumnias, injurias, desobediencia grave y contra la intimidad de los agentes, así como el pago de indemnizaciones de 3.000 a 4.000 euros.
