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España ha perdido la gran oportunidad de ser líder europeo en la protección de alertadores de corrupción

España ha perdido la gran oportunidad de ser líder europeo en la protección de alertadores de corrupción
La Directiva de alertadores de corrupción, también conocida como Directiva “Whistleblowers” (denunciantes, en inglés; literalmente “los que tocan el silbato”), tenía que haber sido transpuesta a nuestros códigos legislativos el pasado 17 de diciembre, dos años después de su aprobación por la Unión Europea. Los autores de esta columna colectiva, Suelette Dreyfus, Bruno Galizzi y Naomi Colvin, son miembros de la ONG Blueprint for Free Speech.
09/2/2022 06:48
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Actualizado: 09/2/2022 08:26
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En los últimos días hemos sabido que la Comisión Europea está preparando medidas sancionadoras contra España, por no aprobar una ley de protección de los alertadores de corrupción. El Gobierno español ha perdido una gran oportunidad, no se trata sólo de cumplir los requisitos de Bruselas.

España está obligada a incluir la protección de las personas que denuncian irregularidades en su legislación nacional desde que el Parlamento Europeo aprobó la Directiva 32019L1937.

España desaprovecha la oportunidad de convertirse en el líder europeo en materia de protección de los alertadores, y de mostrar así un compromiso rotundo tanto en la lucha contra la corrupción como con la defensa de la libertad de expresión.

En lugar de ello, el Gobierno español ha incumplido el plazo de finales de 2021 y ahora se enfrenta a sanciones legales y multas.

Esto ya ocurrió antes, hace casi un año, el 25 de febrero de 2021, cuando el Tribunal de Justicia de la UE sancionó a España por no haber transpuesto a tiempo una Directiva de Protección de Datos y le ordenó pagar una multa diaria de 89.000 euros para poner fin al incumplimiento y le impuso también un pago de 15 millones de euros como medida disuasoria para evitar futuros incumplimientos.

Aunque España no es el único país que no ha transpuesto la Directiva de protección de los alertadores en el plazo previsto, la falta de un proyecto de ley público posiciona a España por detrás de muchos otros Estados miembros de la UE, sobre todo de los países que ya han publicado sus proyectos de ley para ser revisados.

Se han aprobado nuevas leyes en Dinamarca, Suecia, Portugal, Lituania, Malta, Chipre y Letonia.  Aunque fuera de plazo, Chipre aprobó su ley el pasado enero. España debería mirar tomar como ejemple a Chipre: más vale tarde que nunca.

Todavía es posible hacerlo bien si se avanza rápidamente.

Mientras que en Croacia, Estonia, Luxemburgo, Polonia, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia y Países Bajos se están debatiendo varios proyectos de ley publicados, en Francia los parlamentarios acaban de acordar un texto de compromiso que probablemente se aprobará en marzo.

En Alemania, el nuevo gobierno de coalición se ha comprometido a aprobar pronto una ley de denuncia de irregularidades, lo que será un momento importante en un país en el que actualmente no existe ninguna ley independiente que proteja a los alertadores.

El rol de las organizaciones de la sociedad civil en el avance de esta ley

España, al igual que Alemania, carece de protecciones para los alertadores a nivel nacional. En ambos países existe una activa presencia de la sociedad civil sobre este tema. Pero a pesar del planteamiento inicial que alentaba la participación, la sociedad civil ha quedado al margen del debate en España, donde todo parece ocurrir a puerta cerrada. Es otra oportunidad perdida.

El 22 de noviembre de 2021, a un mes de la fecha límite de transposición, Blueprint for Free Speech, en colaboración con Access Info Europe y otras 7 ONG, solicitó al Ministerio de Justicia más información sobre la transposición de esta ley. Sólo cuatro días después, el Ministerio decidió «denegar el acceso a la información solicitada porque el texto es todavía un borrador interno».

La ausencia de un borrador público parece entrar en conflicto con los compromisos oficiales previos de transparencia en el IV Plan de Acción de Gobierno Abierto y el plan legislativo para el año anterior.

La consulta es realmente importante. En los casos en que los países han publicado proyectos de ley, a menudo ha habido una oportunidad significativa para que la sociedad civil, las empresas y las personas que denuncian irregularidades comenten y mejoren las propuestas.

Hemos visto una participación muy activa de las organizaciones de la sociedad civil en la República Checa, que todavía está retrasada en la aprobación de una ley de protección de los denunciantes, pero cuando se produzca, hay razones para confiar en que la ley será adecuada.

En cambio, no tenemos ni idea de si la aplicación en España va a ser eficaz y el gobierno está perdiendo la oportunidad de aprender de la práctica en otros países. ¿Para qué reinventar la rueda?

Al no haber tenido una ley antes, España podría saltar por encima de los primeros errores cometidos por otros países y dirigirse directamente a los resultados exitosos.

España va muy retrasada en la transposición, junto a países como Hungría, donde aún no ha ocurrido nada significativo. Incluso en la lista de otros países de la UE que no han cumplido con el plazo de la Directiva al pasar, hay muchos lugares que han avanzado mucho más en el proceso, como ofrecer una consulta pública sobre los borradores.

Con un buen proyecto de ley sobre la mesa, el Gobierno español podría esperar el apoyo y los elogios de la opinión pública, la sociedad civil y la comunidad internacional de expertos. La aprobación de leyes sólidas de protección de los alertadores sería una situación en la que el gobierno saldría ganando.

A nadie le gusta la corrupción, excepto a los corruptos.

Preocupación de, y para, todos los ciudadanos

La primera ley de protección de denunciantes en España no es sólo lo que quieren las organizaciones de la sociedad civil, es lo que quieren los ciudadanos. La relevancia sin precedentes de esta transposición radica en la protección de los ciudadanos que hoy se enfrentan a un enorme riesgo por denunciar.

En los últimos años, España y Europa han sido señaladas por sonados casos que han llevado a ciudadanos valientes a la pérdida de su empleo o al maltrato, a amenazas, a limitaciones económicas, a problemas de salud y a un largo periplo legal y judicial que la mayoría de las veces pone más el escrutinio en ellos mismos que en el delito cometido.

El caso conocido como Luxleaks, que expuso evasiones fiscales masivas en toda Europa, ha supuesto un hito en la concienciación y el avance del debate hacia la Directiva de la UE. Hace ya más de una década que se publicó la información por primera vez, a través de Alton Deltour.

Sin embargo, el segundo denunciante del caso, Raphael Halet, sigue enfrentándose a procesos judiciales. Hace unos días, el 2 de febrero, Halet acudió a la Gran Sala del Tribunal de Justicia para apelar una acusación de daño comercial a su empleador por haber denunciado el caso.

Los ciudadanos españoles están muy preocupados por la protección de quienes denuncian las malas prácticas y los delitos. La encuesta nacional de Blueprint for Free Speech en España mostró un fuerte apoyo a la protección de los alertadores en todos los géneros, grupos de edad y regiones: 

Un 71 % cree que los denunciantes de irregularidades deben ser protegidos una vez que han presentado la denuncia, incluso cuando se trata de información secreta o privilegiada. Existe un fuerte apoyo al acto de denunciar.

Un 57%  de los españoles  cree que se mantiene demasiada información en secreto, tanto en el sector público como en el privado.

• A falta de obligaciones legales firmes, los empresarios no están haciendo lo suficiente para proteger a las personas que denuncian. Es lo cree una mayoría, ya que un insuficiente 45 % de los encuestados cree que su organización se toma en serio la protección de las personas que denuncian irregularidades .

• Por otra parte, los trabajadores que no desempeñan funciones directivas y tienen ingresos más bajos tienden a pensar que las personas que informan de irregularidades se están poniendo en una posición vulnerable.

Los ciudadanos españoles se sienten desprotegidos a la hora de denunciar irregularidades. La publicación de un proyecto de ley es la mejor manera de mejorar la confianza en el compromiso de España con la protección de estas personas.

Si el Gobierno español se moviese rápidamente para ser transparente con su proyecto, para buscar la consulta con la comunidad y para conseguir un proyecto de ley presentado en el Congreso, enviaría un rotundo mensaje de apoyo a la lucha contra la corrupción y a la libertad de expresión.

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