Si se alcanzaran los objetivos que calculó Exceltur, este año la actividad turística podría alcanzar un aumento de un 87% de resultados respecto al último año pre-pandemia. Foto: EP.
Los expertos del sector turístico recelan de los nuevos ERTE y auguran una batalla judicial en sus reclamaciones al Estado
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20/2/2022 06:48
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Actualizado: 20/2/2022 01:54
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Mientras el Gobierno prepara la transición a los nuevos ERTE, la industria turística está centrando sus esfuerzos en reactivar el sector, primero, de cara al mes de abril, por las vacaciones de Semana Santa, y, con más confianza, a partir del mes de mayo. Ayudándose tanto del mercado nacional como internacional.
Si se alcanzaran los objetivos que calculó Exceltur, este año la actividad turística podría alcanzar un aumento de un 87% de resultados respecto al último año pre-pandemia. Se cerraría el año 2022 con un PIB del 10,5%, tres puntos más que el actual.
Para Emiliano Garayar, «senior partner» (socio senior) de Garayar Abogados y presidente de GAT Gestión, hay que diferenciar distintas industrias. “En general, los hoteleros tiene unas buenas perspectivas de recuperación, aunque el primer trimestre será duro por la resaca del ómnicron».
Apunta que “las líneas aéreas van recuperando el largo radio y con la vuelta del tráfico de negocios y la demanda vacacional podrán salir del agujero aquellas que no tengan daños fatales en su balance, o cuentan con suficiente y prolongado apoyos públicos».
«A los cruceros les va a costar recuperarse por el formato del propio producto. Y las agencias, tras la consolidación, las grandes saldrán más fuertes y las pequeñas desaparecerán. Casi lo mismo que con la gran distribución: concentración y ‘darwinismo’ empresarial”, comenta.
En cuanto a la no prórroga de los ERTE, destaca que “el ERTE Covid se trata de una medida excepcional que no puede devenir estructural. Para las agencias de viaje está justificado su mantenimiento, dado el ritmo de recuperación de su actividad».
“Para los hoteles, sería bueno haberlos mantenido al menos hasta la Semana Santa porque este primer trimestre está siendo muy duro, pero el sector ha demostrado su resiliencia y, de esto, también saldrá”.
Una encuesta realizada entre los socios de la Asociación empresarial hotelera y turística de la Comunidad Valenciana (HOSBEC) señala que el 65 % necesitan seguir con los ERTE, el 25 % de los trabajadores no podrán reincorporarse a los puestos de trabajo y la propuesta que hace el sector es ampliar los ERTE hasta el 31 de mayo.
Reclamaciones judiciales
En cuanto a las reclamaciones planteadas por entidades como Meliá o NH al Gobierno por responsabilidad patrimonial derivada del cierre de los establecimientos por el Covid tras el Estado del alarma, los juristas consultados ven difícil que prosperen.
Garayar recuerda que “se trata de dos empresas cotizadas, cuyos gestores deben agotar todas las vías que el ordenamiento jurídico les brinde para que se les restituyan los daños sufridos por decisiones a las que son ajenos».
“Cuestión distinta es que prosperen las reclamaciones, y, si lo hicieran, recordemos que el Estado somo todos y cada uno de los contribuyentes. Ahora bien, no están en una situación objetiva ni han sufrido un daño distinto al del resto de sectores afectados por las medidas restrictivas de su actividad”.
Por su parte, José Antonio Fernández, socio director de Monlex Abogados, cree que “la situación que tenía encima de la mesa el Gobierno Central era difícil de batallar pero el sector se ha sentido, en su mayoría, desasistido”.
“Por ello, es comprensible que los distintos colectivos activen sus departamentos legales para buscar la posibilidad efectiva y jurídica de un resarcimiento individualizado al amparo de lo previsto en el art. 3.2 de la Ley Orgánica 4/1981 y posteriores Reales Decretos, en aras de intentar restituir parte de sus beneficios no obtenidos”, indica.
“Sin embargo, aunque esta vía aparentemente parece cómoda, existen numerosos escollos que salvar y auguro unas batallas judiciales largas en el tiempo, puesto que la Administración defenderá con fundamentación todas sus decisiones”.
Por su parte, Felipe García, socio de Círculo Legal, cree que las demandas para pedir la responsabilidad patrimonial del Estado será difícil que prosperen. “Meliá ya interpuso hace meses una demanda contra el Gobierno español por las medidas Covid-19. Son demandas prospectivas porque el conocimiento que se tiene ahora de la enfermedad es mucho mayor que cuando empezó la pandemia”.
Sin embargo, reconoce que las demandas frente aseguradoras, como la propia Meliá a Generali, “es otra historia. Nosotros llevamos otras demandas colectivas defendiendo a consumidores y a empresas, en este caso agencias de viajes frente a sus aseguradoras».
A su juicio, “las causas de exclusión de la responsabilidad no están negociadas de forma directa por parte de los consumidores. Son cláusulas limitativas que no delimitantes, por lo tanto deben ser negociadas y aceptadas de forma expresa. Se hace ineficaz la póliza y sus obligaciones cuando llega la pandemia. No cabe por tanto excluir la responsabilidad de las compañías”.
Indica que “en este caso concreto, el juicio de probabilidad es menor, creo que tienen pocas posibilidades. Cuando eres una gran empresa la predisposición de las cláusulas del contrato es menor. Al ser una gran empresa tienes capacidad de negociación para gestionarlas. Son demandas que puede prosperar que cuando se articulan con consumidores y usuarios».
Este jurista recuerda que las contingencias, declaraciones de siniestro, fueron antes de la declaración del estado de alarma, “son cancelaciones de viajes millonarias en algunos casos. Habrá que ver qué es lo que impera para los tribunales las declaraciones de la OMS sobre que llegaba la pandemia en enero, las del estado de alarma».
A su juicio, “las compañías de seguro ya hablan de que en enero había una pandemia de facto y que no se les puede pedir responsabilidades, pero también es de reconocer que los siniestros producidos tras el estado de alarma también es complejo que se acepte la demanda”.
Ayudas del Estado a destiempo
Sobre las ayudas que el Estado ha dado al sector, Fernández indica que “hay que sacar en valor que el Gobierno Central destinase 7.000 millones de euros en concepto de ayudas directas para empresas y autónomos del sector para compensarles por las pérdidas generadas por la pandemia de la Covid-19″.
“Muchas empresas salieron del bache con esa aportación. Sin embargo, también es cierto que 1.700 millones no fueron repartidos y deberán retornar a las arcas de Hacienda y ello es debido a los inasumibles requisitos que se impusieron para acceder a las mismas”, afirma.
Este experto señala que “han existido ayudas y han salvado muchas empresas del sector, sin embargo, han llegado tarde en muchas ocasiones sus requisitos no han permitido el acceso a un mayor número de afectados».
Por otro lado, apunta que el Gobierno ya había avisado que no se prorrogaba los ERTE, “ante la decisión política de terminar con los ERTE como los conocíamos mediante la controvertida reforma laboral, también es cierto que debe valorarse positivamente la creación del llamado Mecanismo Red, el cual no deja de ser un mecanismo de flexibilidad y estabilización del empleo que permite a las empresas la solicitud de medidas de reducción de jornada y suspensión de contratos de trabajo».
“Particularmente, se ve con buenos ojos el ERTE sectorial específico para las agencias de viajes, al menos, durante tres meses más, debido a que aproximadamente un 30% del sector todavía se encuentra en ERTE”, comenta.
Estamos en tiempo de descuento
Por su parte, Nuria Montes, secretaria general de HOSBEC, señala la necesidad de que se prorroguen los ERTE, “teóricamente la reforma laboral ha abierto alternativas para las empresas ante el actual sistema de ERTE Covid que, con diferentes modificaciones, ha venido articulando la suspensión temporal de contratos de trabajo y bonificaciones a las cuotas empresariales a la Seguridad Social».
«Sin embargo, en nuestra opinión, en la práctica las alternativas que incorpora la reforma laboral no parecen viables a la vista de la situación actual».
A su juicio, “no parece que pueda aplicarse a las empresas turísticas el Mecanismo RED ni en su modalidad cíclica (está pensado para una coyuntura macroeconómica general) ni en la modalidad sectorial, ya que dicho mecanismo viene, a su vez, vinculado a cambios permanentes en un determinado sector que generen necesidades de recualificación y procesos de transición profesional, circunstancias que no se están produciendo en este momento”.
“Sobre los ERTE de fuerza mayor temporal por impedimento o limitaciones en la actividad, tampoco parece que puedan ser aplicables ya que la norma exige que esos impedimentos o limitaciones en la actividad normalizada de la empresa se deriven de decisiones adoptadas por la autoridad competente, el levantamiento por las CCAA de casi todas las restricciones que hemos venido sufriendo los últimos meses, hace que la viabilidad de este instrumento sea, al menos, discutible o directamente impensable”, comenta.
Montes señala que “si el Gobierno no prorroga el sistema actual, las empresas tendrán que optar por los instrumentos que contaban antes de la pandemia, es decir, ERTE de fuerza mayor ordinaria, ERTE ETOP y despidos”.
En su opinión, “de estas tres alternativas no parece que puedan aplicarse los ERTE de fuerza mayor ya que se van a interpretar de una forma muy restringida, los despidos tampoco parecen probables por los compromisos de mantenimiento de empleo adquiridos por lo que los ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas o ETOP será el único instrumento que quede apto”.
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