Solo la Comisión Europea puede corregir esta situación en España con las debidas presiones sobre el Gobierno, con la simple apertura de un procedimiento. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
Dos juristas denuncian ante la UE la legislación que impide al CGPJ hacer nombramientos e instan a que intervenga
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27/2/2022 06:50
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Actualizado: 12/4/2022 13:43
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El catedrático de derecho administrativo, José Eugenio Soriano García, y el abogado Isaac Ibáñez García, han dirigido una carta a la Comisión Europea –el Ejecutivo de la UE– denunciando la legislación española aprobada el pasado año que impide que un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones, como el actual, pueda hacer nombramientos.
lo que, desde su punto de vista, es totalmente contraria al artículo 2 del Tratado de al Unión Europea, la piedra angular del funcionamiento de la Unión porque afecta el buen funcionamiento del mercado interior, para el que es esencial la existencia de una confianza recíproca para mantener un entorno propicio para la inversión.
Una legislación, la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que fue aprobada por el Gobierno y sus aliados en el Parlamento y que entró en vigor el 29 de marzo de 2021.
Las consecuencias de dicha legislación es que está provocando «un gravísimo colapso en la impartición de la justicia». Lo que no solo perjudica los derechos de ciudadanos y de empresas sino que afecta directamente al estado de derecho y a la tutela judicial efectiva.
La misiva, escrita en términos durísimos, afirma que dicha legislación «guillotinó» las funciones elementales de nombramiento de jueces y magistrados. «En términos precisos y exactos, se impuso legalmente un atroz declive del número de Jueces y Magistrados, entrando así la función judicial y con ello la impartición de justicia en el Reino de España, en situación de eclipse, parcial de momento, que aumenta día a día», afirma.
«La esencia del Estado de Derecho es la tutela judicial efectiva, que requiere la independencia, calidad y eficiencia de los sistemas judiciales nacionales”, subraya.
TRIBUNAL SUPREMO
La situación resulta especialmente grave por lo que al Tribunal Supremo afecta. Y refieren un comunicado publicado por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo tras la visita de la ministra de Justicia, Pilar Llop, de la que dicen que «despreció la necesidad de recuperar el normal funcionamiento de la Institución Judicial».
Porque es obvio «que si no se corrige esa continuada situación, el derrumbe y desplome de toda la función judicial es, como advertimos ya, la crónica del desfallecimiento anunciado del Estado de Derecho en el Reino de España».
Actualmente el Supremo ya acumula doce vacantes de magistrados que tendrían que haber sido cubiertas por el CGPJ de no haber sido reformada la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Esto está provocando profundas disfunciones en el Alto Tribunal que afectan a su capacidad de impartir justicia en el tiempo que le corresponde.
LA COMISIÓN EUROPEA PUEDE ACABAR CON ESTE ESTADO DE COSAS
Los dos juristas consideran que la Comisión Europea puede corregir esta situación. «De los antecedentes inmediatos conocemos que el Gobierno de España y en consecuencia su Parlamento (Cortes) es altamente sensible a las sugerencias e indicaciones de las Instituciones Europeas», refieren.
Y añaden: «Se demuestra lo indicado en que cuando al mismo tiempo que se producía la citada Ley, el Gobierno remitió al Parlamento un proyecto de Ley para que todos los miembros del CGPJ fueran elegidos por mayoría no cualificada en el Parlamento, la rápida intervención, incluso meramente declarativa, de la Comisión, bastó para impedir que dicho atentado al control sobre el Poder Judicial se parase inmediatamente».
Por ello, consideran que la simple apertura de un procedimiento a España, «sin necesidad de ultimarlo, permitiría corregir esta peligrosa, ardua y grave situación del Estado de Derecho en España y que con ello, la Comisión y demás Instituciones europeas, lograrán una consolidación imprescindible del mismo en todos los Estados Miembros».
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