El Ministerio de Consumo que dirige Alberto Garzón se enteró del error de la Ley que derogaba la moratoria de los desahucios hasta el 30 de septiembre próximo a través de Confilegal. Su Oficina de Comunicación prometió contestar durante el día de ayer para explicar lo que había pasado. No lo hicieron, faltando al principio de la transparencia informativa debida. Foto: Ministerio de Consumo.
El Gobierno corrige un error con otro error: deroga el artículo de la ley que suspendía hasta febrero los desahucios, lo que no revive la prórroga hasta el 30 de septiembre
|
03/3/2022 09:00
|
Actualizado: 03/3/2022 10:47
|
Ayer el Gobierno pretendió corregir el error monumental contenido en la Ley 4/2022, de 25 de febrero, que laminaba la suspensión de los desahucios de aquellas personas que estén habitando casas sin ningún título habilitante para ello –los ocupas–, hasta el 30 de septiembre próximo.
Una suspensión que fue aprobada días antes, el 22 de febrero, en su Consejo de Ministros.
Y lo hizo «colando» en el Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, una Disposición derogatoria única, que eliminaba el artículo en cuestión de esa ley. Con lo que se supone que así se restituía el anterior estado de cosas.
Sin embargo, no es así.
Porque la suspensión de este tipo de desahucios hasta el 30 de septiembre –no así los relativos a los de falta de pago o finalización de arrendamientos– ha quedado sin efecto ya que la derogación del artículo referido no revive los efectos anteriores y dejar las cosas como estaban.
«La norma que suspendía los desahucios hasta el 30 de septiembre, el Real Decreto-ley 2/2022, fue derogada cuando entró en vigor la Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica», explica Carlos Ballugera, presidente del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) y registrador.
«La derogación de la Ley 4/2022 por el Real Decreto 3/2022, de 1 de marzo, no revive la prórroga de 30 de septiembre que se puso por el Real Decreto Ley de 23 de febrero de 2022», precisa.
«Lo que se ha producido aquí es una situación muy enrevesada», explica Ballugera. «Se han producido ocho reformas en dos años, con sus correspondientes regímenes transitorios, civiles y procesales».
EL ORIGEN, UNA ENMIENDA DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO
Ballugera explica que “este cambio viene de una enmienda del Grupo Socialista en el Congreso aprobada el 21 de diciembre del 2021. Entonces al Parlamento le pareció bien ampliar la moratoria hasta febrero de este año. Después, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-ley 2/2022, por el que la ampliaron hasta el 30 de septiembre. El problema es que a quien corresponde se le pasó, en el Parlamento, rectificar la redacción dada en diciembre a la Ley 4/2022, provocando esta situación».
Una negligencia manifiesta.
Sobre la necesidad de esta normativa para consumidores vulnerables, Ballugera indica que “esta ley viene a reforzar, indudablemente, la protección del consumidor vulnerable. Sin embargo, eso lleva a preguntarnos si la protección del consumidor ordinario está funcionando. La respuesta es negativa».
Ballugera llama la atención sobre la complejidad de la Ley.
“La estamos estudiando. La ley 4/2022 es realmente complicada. Modifica el Real Decreto-ley 1/2021 que, a su vez, modificó el texto refundido de los consumidores. Para saber qué es lo que ha cambiado de ese Real Decreto 1/2021 tienes que coger ese texto y el de la nueva norma y comparar artículo a artículo para ver lo que ha cambiado. Porque no se ve a simple vista”, declara.
SIN NOTICIAS DEL MINISTERIO DE CONSUMO
Este periódico se puso ayer en contacto con el Ministerio de Consumo, que dirige Alberto Garzón, para recabar una explicación de lo sucedido sobre la derogación sobre la moratoria de los desahucios y lo que percibió fue completa perplejidad. No sabían de lo que les estábamos hablando. Desconocimiento completo.
Prometieron devolver la llamada para dar una explicación. En el momento de cerrar este artículo, al filo de las 12 horas, no habían dado visos de vida.
Hay que recordar que esta normativa sobre consumidor vulnerable tuvo una tramitación express, sin audiencia pública, lo que genero muchas críticas de todos los operadores del mundo del consumo, con lo cual, es factible que en ese periodo de tiempo se hubiera visto dicho desatino.
UN DESAGUISADO QUE NO DEBERÍA HABER SUCEDIDO
A los ojos de Rosana Pérez Gurrea, abogada y vocal de la Subcomisión sobre Derechos de los Consumidores del Consejo General de la Abogacía Española, con lo sucedido “se ha creado un desaguisado increíble, fruto de un error de coordinación que no debería haber ocurrido en un Gobierno como el nuestro. Hay que recordar que esta norma no tuvo trámite de audiencia, con lo cual la posibilidad de incorporar modificaciones no era posible”.
Y añade: “es increíble que a través de la Ley 4/2022, que regula la figura de los consumidores vulnerables, se suspendan los desahucios hasta el 30 de septiembre, próximo aludiendo a una fecha pasada, el 28 de febrero. Una suspensión introducida de forma previa, apenas unos días antes, a través del Real Decreto-ley 2/2022”.
Para esta jurista “esta técnica legislativa es muy deficiente. Encima se trata de arreglar a través de un Real Decreto-ley sobre transporte que no tiene nada que ver sobre desahucios. Todo esto es muy surrealista. Vulnera el principio de seguridad jurídica de todos los principios constitucionales posibles. No se puede hacer peor”.
En cuanto a la normativa aprobada, la Ley 4/2022, esta experta en derecho de consumo indica que “hay que estudiarla bien, pero alguna de las cosas que introduce son necesarias porque implica una protección para la situación de vulnerabilidad de los consumidores, modifica algún articulo del texto refundido de los consumidores”.
«Esta técnica legislativa es muy deficiente. Encima se trata de arreglar a través de un Real Decreto-ley sobre transporte que no tiene nada que ver sobre desahucios. Todo esto es muy surrealista», declara Rosana Pérez
Respecto a su complejidad “todo depende de la técnica legislativa que hayan utilizado, pero es importante que este tipo de normativas se entiendan, en especial por los propios usuarios que van a utilizar la norma. Hay modificaciones importantes”.
La aplicación práctica de la norma, reconoce, va a ser compleja.
«Habrá que ver en la práctica si realmente se protegen a los consumidores en situación vulnerable y si cristaliza en mejoras que necesitan algunos colectivos de consumidores en situación de vulnerabilidad. Esperemos que no pase como con otras leyes que quedan en papel mojado”, destaca.
UN ERROR QUE NO DEBERÍA HABER SUCEDIDO
Felix Alonso Cantorné, director general de consumo de las Islas Baleares, por su parte, afirma que este tipo de errores de bulto suelen pasar. “Aunque desgraciadamente no deberían pasar. Al final las normas tienen tantos filtros que se olvidan de lo más importante”, relata.
Afortunadamente «ya se ha corregido y se mantiene la interpretación de ampliar el periodo de moratoria de desahucios hasta el 30 de septiembre”, cuenta.
Esta norma es necesaria, a su juicio. Ha tenido un procedimiento legislativo bastante rápido, sin periodo de alegaciones publicas. “Es bastante necesaria en un momento como el que pasa nuestro país, donde todos los consumidores en algún momento podemos ser vulnerables”.
Sobre su complejidad, bastante técnica para que pueda entenderla un consumidor vulnerable, Cantorne señala que «aquí estamos las administraciones de consumo para resolver las dudas que puedan surgir a los usuarios».
Cuestiones como eliminar la brecha digital con los mayores y que tengan una mejor atención en las entidades financieras o ampliar el bono social eléctrico, en un entorno en el que, según el INE, habría un millón trescientas mil personas en nuestro país que no tienen acceso al mismo, son algunas de las cuestiones que deben regularse desde esta nueva normativa ya en vigor desde hoy (por ayer).
Cantorné, avanza que el Gobierno de Baleares llevara al Parlamento de su Comunidad Autónoma una normativa también sobre consumidor vulnerable a nivel autonómico. “La pandemia y los procesos postpandemia han acelerado la necesidad de contar con este tipo de normativa”.
Noticias Relacionadas:
