La Fiscalía Europea afirma que la decisión de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, de dividir en dos la causa en la que se investiga el contrato vinculado al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, «no se ajusta a la legislación de la Unión Europea», y anuncia que continúa con su investigación.
Así lo manifiesta en un comunicado, publicado hoy, en el que dice que ha tomado nota de la decisión del 28 de marzo de la Fiscalía General del Estado (FGE) de dividir la competencia sobre los mismos hechos entre la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía Europea, pero apunta que la fiscal general europea, Laura Codruța Kövesi, «quiere expresar su preocupación por el procedimiento» que condujo a esa decisión.
La Fiscalía Europea recalca que la decisión sobre un conflicto de competencias entre un organismo nacional y un organismo europeo fue tomada por la fiscal general, que es el superior jerárquico del organismo nacional y, por tanto, «parcial en el procedimiento en curso». Además, señala que la decisión se ha tomado por decreto «sin escuchar a ambas partes en el conflicto de competencia» durante la junta de fiscales de Sala.
Por último, indica que «la ley española que regula este procedimiento, que se refiere a la interpretación y aplicación del derecho de la Unión, no prevé recurso alguno», lo que impide que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) «ejerza su mandato exclusivo de garantizar la correcta interpretación del derecho de la UE y, por tanto, constituye un desafío a la supremacía del derecho de la UE».
AYUSO INSISTE EN QUE ‘HO HAY NADA’ IRREGULAR CON EL CONTRATO
La presidenta de la Comunidad de Madrid insiste en que «no hay nada» irregular con el contrato público vinculado a su hermano por mucho que lo lleven «al Vaticano o a la OTAN». Así respondió preguntada por periodistas sobre este asunto, en su visita a Madrid Fusión.
La dirigente madrileña hizo un resumen del recorrido de la denuncia presentada: «Es una denuncia interpuesta por el PSOE de Madrid, alimentado por una ministra socialista y elevado, a su vez, a un organismo dirigido por una persona puesta a su vez por el propio PSOE, y alimentando por una ministra socialista, en este caso la de Justicia, que según sus propias declaraciones ni siquiera respetó la separación poderes».
«Este contrato lo podrán llevar después, la semana siguiente, al Vaticano, a la OTAN, a la ONU, a todas las fiscalías… pero cuando no hay nada no hay nada, por mucho que se empeñen una y otra vez en alimentarlo», sentencia.
A su juicio, lo que intentan es «una y otra vez estirar esta historia y además pretendiendo robarle a los ciudadanos el derecho legítimo de su gobierno a trabajar todos los días» como están haciendo desde la Comunidad de Madrid. «No me preocupa el contrato, me preocupa España porque creo viendo todo esto pienso que está en las peores manos», declaró.
