Sobre estas líneas, Jesús Pellón, el autor de esta propuesta realizada en el marco de unas jornadas sobre la lucha contra el blanqueo de capitales organizada por el CGAE. Foto: Las Provincias.
El CGAE plantea crear un órgano propio de prevención del blanqueo de capitales
La Subcomisión de Prevención de Blanqueo del CGAE reunió este fin de semana en Castellón a cantidad de expertos por octavo año consecutivo.
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12/4/2022 01:30
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Actualizado: 12/4/2022 10:07
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Jesús Pellón, presidente de la Subcomisión de Prevención y Represión del Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), ha planteado la creación de un órgano centralizado de prevención del blanqueo de capitales dentro del Consejo, para hacer más efectiva y eficaz la colaboración con la Administración.
«Algo parecido a lo que los notarios y los registradores tienen funcionando», explicó a Confilegal.
Se trataría de una entidad que financiaría el propio CGAE. “No tendría coste ni para la Administración, ni para el Gobierno y ayudaría a mejorar las relaciones de los abogados con el regulador”, aclaró Pellón.
Una idea que vio con buenos ojos Pedro Comín, presidente del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), órgano gubernamental de lucha contra el blanqueo de capitales, en el encuentro que organizó el CGAE para analizar la problemática de esta actividad, que afecta al secreto profesional de los abogados.
No vio ningún inconveniente a la propuesta.
Fue después de haber hecho un análisis documentado y riguroso de la situación actual, al mismo tiempo que dio soluciones a algunos de los problemas que plantea la propia abogacía.
Pellón señaló la necesidad de una regulación clara y precisa para garantizar la seguridad jurídica que requiere todo estado de derecho. Además, advirtió de la necesidad de que las obligaciones impuestas a los profesionales deben ser “proporcionales a los niveles de riesgo que su actividad comporta”.
Tanto Pellón como Comín coincidieron en que la la puesta en marcha de esta institución ayudaría a una comunicación más fluida con el regulador en el caso de operaciones sospechosas, sin que el secreto profesional del abogado, que intervendría de manera indirecta, se viera dañado o perjudicado.
UNA PROPUESTA QUE NO ES PACÍFICA
Sin embargo, sobre la creación de este órgano centralizador y su vinculación con el secreto profesional no todos los participantes en el encuentro estuvieron de acuerdo, por su posible colisión con el secreto profesional. No es pacífica la cuestión.
A este respecto, Comín señaló que desde el Sepblac nunca se iba a violentar el secreto profesional del abogado, una manifestación importante que fue bien encajada por el auditórium que seguía su intervención.
También indicó a los juristas existentes que había que ser más riguroso en la evaluación de los riesgos para evitar ser utilizado por terceros como mecanismo de blanqueo de capitales. De hecho, “no seria la primera vez que a un abogado se le involucra en una organización de este tipo sin que se dé cuenta», apuntó.
Comín señaló que el abogado debía estar al tanto de operaciones en efectivo cuantiosas, otras basadas en paraísos fiscales, donde la trazabilidad de los fondos es complicada de seguir. Así, afirmaba que, al igual que las criptomonedas, “es un riesgo nuevo de opacidad que favorece a los delincuentes”.
Disertaron expertos como Enrique Sanz Fernández-Lomana, presidente de la Mutualidad de la Abogacía; José Ramón Martínez, socio de Garrigues y miembro de la Subcomisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española; y Luis Rubí Blanc, abogado y miembro de la citada subcomisión.
EVOLUCIÓN DEL DELITO
En este encuentro también se contó con las intervenciones de César Tolosa, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, y de Antonio del Moral, magistrado de la Sala de lo Penal.
Tolosa se refirió en su exposición a las particularidades que tiene el procedimiento sancionador en materia de prevención de blanqueo de capitales.
Concretamente, hizo especial atención al traslado de los principios que rigen el ordenamiento penal al ordenamiento administrativo en esta materia, con especial mención o referencia al principio de culpabilidad, al principio de proporcionalidad, así como al de Non bis in ídem.
Por su parte, Antonio del Moral, magistrado de la Sala Penal del Supremo, hizo un estudio sobre la evolución de la jurisprudencia del Tribunal Supremo en relación con el delito de blanqueo de capitales y sobre todo puso de manifiesto la progresiva extensión de su alcance.
Así, indicó que este comenzó exclusivamente para delitos referidos al tráfico de drogas para irse posteriormente ampliando hasta la actualidad, “donde cualquier delito puede tener el carácter precedente a los efectos de comentar el de blanqueo de capitales”, explicó el magistrado.
Del Moral habló también de los problemas que plantea el autoblanqueo, que puede darse, en primer lugar, cuando el propio autor del delito precedente es el que lleva a cabo la conducta típica de este delito (artículo 301 del Código Penal); y, en segundo lugar, cuando se comete un delito contra la Hacienda Publica, que puede tener de antecedente la comisión del delito de blanqueo de capitales.
También la mesa de criptoactivos en este Congreso fue interesante por su novedad y actualidad.
Especialmente destacó la intervención del comisario jefe de la Brigada de Lucha contra el Fraude de la Policía Nacional, José García, quien explicó de forma detallada los nuevos riesgos a los que nos enfrentamos y la proliferación de delitos cometidos con criptoactivos.
Jaime Aneiros, of counsel del despacho On Tax & Legal y miembro de la Subcomisión de Prevención del Blanqueo del CGAE, expuso la escasa regulación existente y los problemas que plantean los nuevos activos y medios de pagos digitales, desde las criptomonedas hasta los tokens, incluyendo el metaverso.
Por su parte, en su turno de palabra, el fiscal de la Audiencia Nacional Carlos Garcia-Berro expuso el proyecto de reforma del Código Penal precisamente para proteger ese tráfico inmaterial y su difícil regulación.
ABOGACÍA Y OTROS SUJETOS OBLIGADOS
Otro debate interesante fue conocer cómo gestionan las entidades bancarias y aseguradoras sus obligaciones como sujetos obligados.
Silvia de Andrés, abogada especializada en derecho mercantil y cumplimiento normativo en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, vinculada a Financiera El Corte Ingles y miembro de la Subcomisión de Prevención de Blanqueo del CGAE moderó este debate.
Las intervenciones de Marta Grande, directora de Enterprise Risk Management de Aon Global Risk Consulting y Telesforo Veiga, director del Control Regulatorio en Banco de Santander, ayudaron a ver cómo gestionan estos otros sujetos obligados a nivel del sector asegurador y bancario, respectivamente. “Se trataba de comparar la gestión de las medidas de diligencia debida”, apuntaron.
La experiencia de estos sujetos obligados del sector bancario y financiero es distinta a nivel de diligencia debida, puesto que sus clientes están acostumbrados a dar cierta documentación. “Ellos gestionan un volumen notable de clientes con el uso de las nuevas tecnologías. Su aproximación a las medidas de diligencia debida es más automatizada que un despacho de abogados”, comenta Grande a Confilegal.
En el caso del sector financiero, el responsable del Banco de Santander explicó qué procedimientos tienen y cómo realizan el bloqueo de cuentas. En estos casos, cuando tienen sospecha de operaciones ilícitas de previsiblemente blanqueo de capitales, esperan hasta que el cliente aporta la documentación para cierto desbloqueo.
En su intervención, Grande resaltó que no era necesario invertir mucho dinero en tener una herramienta tecnológica y automatizada. Incluso para ella valdría con un sistema de alertas enfocado en el riesgo para hacer cumplir con la normativa. “Lo importante en este trabajo es enfocarse en el riesgo bien para poder dar este servicio”, afirmaba esta letrada.
Banco de Santander.
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