Esta ley establece que "durante los dos años siguientes a la fecha de su cese no podrán prestar servicios en entidades privadas que hayan resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado".
VOX reclama el informe por el que se autorizó la contratación de González Laya en Danone
Sospecha que la contratación de la exministra podría no cumplir con lo que dispone la ley 3/2015 reguladora del alto cargo de la Administración General del Estado
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13/4/2022 16:27
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Actualizado: 13/4/2022 20:51
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El Grupo Parlamentario VOX ha solicitado el expediente emitido por la Oficina de Conflictos de Intereses relativo a la autorización otorgada a la exministra de Exteriores, Unión Europea y Cooperación Arancha González Laya para acceder a un nuevo puesto de trabajo en Danone.
VOX destaca que la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del alto cargo de la Administración General del Estado. recoge que «durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, no podrán prestar servicios en entidades privadas que hayan resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado». «Prohibición esta que se extiende tanto a las entidades privadas como a las que pertenezcan al mismo grupo societario», añade.
Es por ello que el partido liderado por Santiago Abascal ha presentado una solicitud de informe a la presidencia del Congreso de los Diputados para obtener el expediente administrativo completo relativo a esta autorización.
En el escrito, la secretaria general del Grupo Parlamentario VOX, Macarena Olona -abogada del Estado en servicios especiales- y el diputado por Castellón y portavoz de la Comisión de Asuntos Exteriores, Alberto Asarta Cuevas, exponen que numerosas fuentes periodísticas han hecho públicas informaciones sobre la contratación de González Laya por parte de Danone, y añaden que así figura en el portal de transparencia de la Administración General del Estado, donde, además, consta la fecha en que tal contratación fue «autorizada» por la Oficina de Conflictos de Intereses: el 14 de febrero.
El Grupo Parlamentario VOX hace hincapié en que a la exministra le son de aplicación las disposiciones contenidas en la citada dicha ley, de entre las que destaca las contempladas en el artículo 15, sobre las limitaciones al ejercicio de actividades con posterioridad al cese.
Señala que apartado 3 de dicho artículo establece que se entenderá que un alto cargo ha participado en la adopción de una decisión que afecta a una entidad cuando «en el ejercicio de sus propias competencias o funciones o su superior a propuesta de él o los titulares de sus órganos dependientes, por delegación o sustitución, suscriba un informe preceptivo, una resolución administrativa o un acto equivalente sometido al Derecho Privado en relación con la empresa o entidad de la que se trate».
También «cuando hubiera intervenido, mediante su voto o la presentación de la propuesta correspondiente, en sesiones de órganos colegiados en las que se hubiera adoptado la decisión en relación con la empresa o entidad».
Olona y Asarta manifiestan que del examen de la información que solicitan «podrá conocerse el contenido exacto de la autorización otorgada por la Oficina de Conflictos de Intereses, su adecuación a Derecho y, en su caso, adoptar las medidas que a tal efecto otorga el ordenamiento jurídico, entre las que se encuentra la generación de iniciativas para que el Gobierno de España pueda actuar en el sentido oportuno».
INVESTIGADA EN EL CASO GHALI
González Laya salió del Ministerio en julio de 2021 en la remodelación ministerial que hizo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La ministra está investigada por el titular del Juzgado de Instrucción Número 7 de Zaragoza, Rafael Lasala Albasini, instructor del caso Ghali, el procedimiento sobre la entrada en España del secretario general del Frente Polisario, Brahim Ghali.
En la investigación, hasta ahora, figura únicamente como investigada la exministra.
Una trabajadora del Hospital San Pedro de Logroño ha asegurado que Luali Brahim sid El Mustafá, hijo del líder del Frente Polisario, podría haber sido la persona que aportó el pasaporte falso al centro sanitario la noche del 18 de abril de 2021 tras aterrizar en la Base Aérea de Zaragoza sin pasar por controles fronterizos ni de documentación.
La empleada que inscribió al político saharaui en el servicio de admisiones del hospital declaró el pasado lunes en calidad de testigo y por videoconferencia ante el juez instructor.
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