La abogacía reclama la especialización de los juzgados de Familia en toda España «para garantizar el acceso a la Justicia en igualdad de condiciones para toda la ciudadanía». Así lo ha reivindicado en el II Congreso de la Infancia y Adolescencia, que organiza la Plataforma Familia y Derecho, el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) y el Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) y que concluirá hoy tras dos días de intensos de debates.
El evento, que se celebra en la sede de la abogacía barcelonesa y también puede seguirse de forma telemática, fue inaugurado ayer por el decano del ICAB, Jesús María Sánchez; el decano del ICAM, José María Alonso Puig; el presidente de la Plataforma Familia y Derecho, Xavier Abel Lluch, la consejera de Justicia de la Generalidad, Lourdes Ciuró i Buldó; la comisionada de Acción Social del Ayuntamiento de Barcelona, Sonia Fuertes Ledesma; y el secretario de la Junta de Gobierno del ICAB, Joaquim de Miquel.
En su intervención, el decano del ICAB recordó que «el Gobierno remitió a las Cortes un Proyecto de Ley Orgánica para introducir las modificaciones que permitan la especialización en Infancia, Familia y Capacidad». «Soy optimista y estoy convencido de que dicho objetivo se va a alcanzar”, ha señalado Jesús María Sánchez.
El decano del ICAM ha destacado que especialización en Infancia y Familia es «garantía frente a la violencia de género que sufren niños, adolescentes y mujeres, y garantiza la igualdad de acceso a la jurisdicción».
«España es el único país europeo que no tiene esta especialización», ha destacado Alonso, y ha puesto de manifiesto que desde el Colegio de la Abogacía de Madrid están «luchando por la especialización de todos los operadores jurídicos y de la propia jurisdicción a fin de proporcionar a todos los ciudadanos un acceso en igualdad a una Justicia de calidad”.
Por su parte, el secretario del ICAB, Joaquim de Miquel, ha indicado que «a pesar de que la Ley de Infancia recoge la especialización de los Juzgados de Familia, casi un año después de su entrada en vigor falta mucho camino para hacer efectiva la especialización en dichos juzgados”. De Miguel ha indicado que la especialización «es esencial, porque garantiza la igualdad de acceso de todos los ciudadanos ante la Justicia en un tema tan sensible como es el Derecho de Familia».
«No es admisible que dependiendo del lugar de residencia un procedimiento sea resuelto por operadores jurídicos y otros profesionales especializados y en otros no», ha subrayado, y ha añadido que «la especialización también repercute en los tiempos de resolución de conflictos, que son menores”.
El presidente de la Plataforma Familia y Derecho ha expuesto que en el Proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa del servicio público de Justicia, por la que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial para la implantación de los Tribunales de Instancia y las Oficinas de Justicia en los municipios, «se prevé las Secciones de lo Mercantil con carácter general en los Tribunales de Instancia, mientras que las Secciones de Familia, lamentablemente solo se prevén cuando se estime conveniente, en función de la carga de trabajo”.
Abel ha advertido que una sociedad que protege más a las empresas que a los niños y adolescentes, que a las familias y las personas con discapacidad «no es una sociedad que defiende como valores superiores del ordenamiento jurídico la igualdad y la justicia”.
Por su parte, la consejera de Justicia de Cataluña, Lourdes Ciuró, ha declarado que “el Derecho debe defender a los más vulnerables», y ha indicado que un compromiso del gobierno catalán es que haya un marco legal que lo posibilite. «Por eso, hemos sido proactivos y hemos modificado el Código Civil Catalán para proteger la vida y la seguridad de todos los menores, tanto en los casos de violencia vicaria como los que sufren dentro de la familia», ha explicado Ciuró. Además, la consejera ha hecho referencia a la labor de Justicia con los menores infractores en centros de justicia juvenil y en el ámbito de la mediación.
La comisionada de Acción Social del Ayuntamiento de Barcelona, Sonia Fuertes Ledesma, también ha hecho hincapié en que “una sociedad que no cuida a los menores es una sociedad que no vela por su futuro» y que, por ello, este Congreso es «una oportunidad para abordar propuestas concretas y demuestra la necesidad de diálogo interdisciplinar y la especialización en derecho de Familia».
El Congreso está estructurado en ocho mesas redondas, en las que más de 40 ponentes de perfiles profesionales multidisciplinares (abogacía, juristas, psicólogos, sociólogos, directores de entidades educativas, inspectores de educación; magistrados, pediatras) están analizando «la visión sobre los asuntos judiciales en los que se encuentran involucrados muchos niños de todo el Estado, las decisiones unilaterales que toman los padres en temas escolares y de salud, la acogida de menores extranjeros, la importancia de la mediación en el ámbito familiar, cómo se trata la violencia dentro de las familias, el esquema judicial y las competencias de los juzgados, la labor de los partidos políticos en relación a legislación, y la visión periodística de este tipo de conflictos».
Finalizará este mediodía con una conferencia de clausura a cargo de Xavier O’Callaghan Muñoz, exmagistrado del Tribunal Supremo y catedrático de Derecho Civil, y de Encarnación Roca Trías, vicepresidenta emérita del Tribunal Constitucional y vocal de la Plataforma Familia & Derecho.
