Ciudadanos ha denunciado hoy ante la Fiscalía General del Estado (FGE) al diputado y portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, al que acusa de revelación de secretos por sus declaraciones a los medios de comunicación tras asistir a la comparecencia de la hasta hoy directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, en la Comisión de Gastos Reservados.
El partido liderado por Inés Arrimadas recuerda que dicha comisión, conocida como de secretos oficiales, está regulada mediante la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados de 26 de abril de 2022 que «dispone, sin género de dudas, que los diputados que la integran están sometidos a la obligación del artículo 16 del Reglamento del Congreso, que impone la de no divulgar las actuaciones que tengan carácter secreto».
En la denuncia solicita al Ministerio Fiscal «la investigación y persecución de los ilícitos penales en los que habría podido incurrir los diputados que han revelado los secretos» y, en particular, el diputado Gabriel Rufián Romero.
Según afirma, se ha incumplido no sólo la obligación específica que soportan los diputados, sino la general de no revelar información clasificada que impone, la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales, a todas las autoridades e, incluso, a los ciudadanos.
Según Cs, el portavoz de ERC podría haber cometido un delito que el Código Penal castiga con penas de uno a cuatro años de cárcel.
La denuncia la firma el vicesecretario general y portavoz nacional del partido, Edmundo Bal, que es abogado del Estado en servicios especiales.
«Los secretos de Estado no se pueden tomar con la frivolidad con la que ha actuado Rufián», declara a Confilegal Edmundo Bal, y recuerda que «en todos los países de nuestro entorno que son democracias avanzadas estos secretos los utilizan para el mantenimiento de la Seguridad Nacional, que es la seguridad de todos los ciudadanos».
«Por eso, es necesario garantizar este secreto y la actuación de los agentes de inteligencia que han sido objeto de acusaciones infundadas por parte de los separatistas», sostiene.
Ciudadanos achaca a Rufián haber «revelado» la información a la que tuvo acceso como miembro de la comisión de secretos oficiales, una vez que la Cámara Baja rebajó las mayorías necesarias para dar cabida a los partidos independentistas en medio de la polémica por el espionaje del CNI a líderes catalanes con el sistema israelí Pegasus.
Bal adjunta en la denuncia, de tres páginas, las declaraciones del portavoz parlamentario de ERC. Entre ellas, que Rufián aseguró al salir de la comisión que la directora del CNI había reconocido que «solo una parte de los dirigentes independentistas espiados lo fueron por los servicios de inteligencia, siempre bajo autorización judicial».
Y, además, habría planteado -siempre según Rufián- que la incursión en los teléfonos del resto de los investigados, a los que no pinchó el CNI, podría tener dos orígenes: o bien una potencia extranjera, o bien «organismos descontrolados» del propio Estado español.
Ciudadanos recuerda en la denuncia que incumplir la obligación de guardar secreto, es decir, de divulgar información considerada clasificada, «tiene consecuencias penales».
CONSECUENCIAS PENALES
El artículo 598 del Código Penal castiga a quien «sin propósito de favorecer a una potencia extranjera, se procurare, revelare, falseare o inutilizare información legalmente calificada como reservada o secreta, relacionada con la seguridad nacional o la defensa nacional o relativa a los medios técnicos o sistemas empleados por las Fuerzas Armadas o las industrias de interés militar, será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años».
El artículo 599 también incluye el castigo cuando la revelación del secreto se haga en algún medio de comunicación o de forma que asegure su difusión.
Para Bal, mantener el secreto de la información clasificada que desveló la semana pasada en el Congreso la jefa de los servicios secretos españoles es de obligado cumplimiento por ser un material sobre asuntos de «indudable trascendencia» que afectan «a la seguridad nacional» y, por consiguiente, «al orden constitucional».
«En consecuencia, el respeto de su naturaleza secreta y el cumplimiento de las obligaciones que sobre la misma impone la ley deben suscitar en los ciudadanos, preocupados por el mantenimiento de tal orden, a llevar a cabo las actuaciones que en su mano se encuentren para preservar la legalidad», indica.
Ciudadanos sostiene que actitudes como la de Rufián merecen ser denunciadas tanto por el «incumplimiento» del deber de secreto como por los «comportamientos escandalosos, sin rubor alguno», que persiguen «la decidida voluntad de incumplir la legalidad».
El partido de Arrimadas también había reclamado a la Mesa del Congreso el estudio de las declaraciones de Rufián para imponer las sanciones previstas en el artículo 99 del Reglamento. En concreto, planteava la imposición de la sanción que impida al portavoz de ERC en la Cámara Baja la asistencia a la comisión de control de los créditos destinados a gastos reservado, así como la suspensión de su derecho a recabar los datos, informes o documentos que se traten en la misma según lo establecido en los artículos sexto y séptimo del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, todo ello sin perjuicio de cualquier otra sanción que a criterio de la Mesa pueda ser aplicada.
Sin embargo, el órgano de gobierno de la Cámara, en el que PSOE y Unidas Podemos suman mayoría, ha rechazado hoy su petición.
Tras conocer el cese del Gobierno de Paz Esteban, Ciudadanos ha señalado que «quien sobra no es la directora del CNI, sino todos los miembros de un Gobierno que ha sido incapaz de defenderla ante el acoso separatista o directamente se ha sumado a la cacería».
«La cabeza de la directora del CNI a cambio del apoyo del separatismo», ha dicho también Edmundo Bal. «Sé perfectamente cómo se comporta Sánchez con los servidores públicos que anteponemos la lealtad a España a la obediencia al gobierno de turno», ha señalado sobre su propio caso. Era abogado del Estado jefe de lo Penal y fue cesado por mantener la acusación de rebelión en juicio del ‘procés’, «por no firmar un escrito inconveniente para el Gobierno».
