Pascual Sala, expresidente del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo y CGPJ, y Patricia Rosety, presidenta de ACIJUR, recibiendo el galardón que simboliza las Puñetas de Oro. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
Pascual Sala, premio Puñetas de Oro, critica el sistema de reparto político del Consejo General del Poder Judicial
|
08/6/2022 01:45
|
Actualizado: 11/4/2023 16:19
|
«La participación del pueblo español [en la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial] a través de sus representantes en el Congreso y en el Senado si no funciona bien es por las lotizaciones a que se llega, no por ceñirse a mérito y capacidad.
Esto no es porque el sistema sea malo sino porque los que lo ejercitan y lo practican no cumplen adecuadamente su función».
De esta forma tan contundente criticó ayer, Pascual Sala, expresidente del Tribunal Constitucional, del Consejo General del Poder Judicial y del Supremo y del Tribunal de Cuentas, el laberinto político que está impidiendo la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de gobierno de los jueces, que lleva tres años y medio sin renovarse por culpa de entendimiento entre PP y PSOE.
«El Poder Judicial es un poder del Estado que tiene una fijación de cinco años en la Constitución. La duración del mandato representativo de diputados y senadores es de cuatro años o menos si se ha producido la disolución de las cámaras», recordó Sala.
«Imagínense ustedes que el Congreso de los Diputados o el Senado dijera que no convoca elecciones después de cuatro años porque no le parece oportuno o porque no han llegado a un acuerdo. Esto sería destruir un sistema democrático«, añadió, postulando la necesidad de la renovación del CGPJ.
Sala pronunció estas palabras tras recibir de manos de Patricia Rosety, presidenta de la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (ACIJUR), el premio Puñetas de Oro por su dilatada y brillante carrera de prestigio profesional e institucional y por haber demostrado en su día que es posible renovar los órganos constitucionales aunque los partidos políticos sean incapaces de ponerse de acuerdo.
Fue en un acto que se celebró ayer por la mañana en el Instituto Francés de Madrid, un edificio colindante con el del CGPJ y a apenas 25 metros del Tribunal Supremo.
Previamente, durante argumentación del premio, Rosety y Francisco Muro, que ejercieron de conductores de un evento que presentó un lleno del 85 %, recordaron la actuación de Pascual Sala en 1996, siendo presidente del CGPJ y del Supremo, que forzó a PP y PSOE a ponerse de acuerdo para renovar su Consejo, también fuera de tiempo.
El premio Puñetas de Plata fue concedido a Manuel García-Castellón, magistrado del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, por haber instruido procesos de enorme relevancia política y económica, con profesionalidad e imparcialidad, independientemente de la ideología o del poder económico. Un premio que le fue entregado por María Luisa Segoviano, presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.
El tercer premio, el de Puñetas de Bronce, fue para la Asociación Women in a Legal World, que recogió su presidenta, Marlén Estévez, por su lucha intensa a favor de promover la igualdad y el talento femenino en la Abogacía.
«Esto va de equipos. Va de personas liderando diferentes proyectos. De mujeres que son conscientes que tienen que devolver a la sociedad lo que la sociedad les ha dado», explicó Estévez durante su turno de agradecimentos.
«Ya no vale con ser técnicamente buenos. Tenemos que ser socialmente responsables. Y por eso nació Women in a Legal World. Gran parte de nuestra eficacia procede del apoyo que tenemos de vosotros, los medios. Gracias por difundir nuestras iniciativas y dar visibilidad a nuestra asociación», añadió.
El Premio de Puñetas Periféricas, en esta edición, se convirtió en esta edición en un Premio Colectivo en reconocimento al gran trabajo que abogados, registradores, notarios y procuradores de la isla de La Palma han realizado.
Por su compromiso en ofrecer a todos los ciudadanos de la isla el más rápido asesoramiento y la mejor defensa jurídica en la situación de catástrofe y emergencia que han vivido y siguen viviendo.
El primero en recoger el premio, que le fue entregado al alimón por Javier Íscar, presidente de la Asociación Europea de Arbitraje, y por Gabriela Bravo, consejera de Justicia de la Comunidad Valenciana, fue Juan Antonio Rodríguez, decano del Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma.
de Procuradores de La Palma; Alfonso Cavallé, decano del Colegio Notarial de las Islas Canarias; y Francisco Palacios, registrador titular del Decanato de Registradores de Santa Cruz de La Palma. A su lado, Gabriela Bravo, consejera de Justicia de la Comunidad Valenciana, y Javier Íscar, presdiente de la Asociación Europea de Arbitraje, que les hicieron entrega de los premios. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
El decano Rodríguez agradeció el premio, en especial, por la «visibilización del auténtico drama que vive nuestra isla de La Palma», a consecuencia de los efectos producidos por el volcán de Cumbre Vieja.
Juan Antonio Rodríguez hizo referencia directa al servicio que han venido prestando procuradores, notarios, registradores y abogados para hacer frente a esta situación. «Parto de la base de que el servicio de orientación y de asistencia jurídica ante situaciones de emergencia y catástrofes que tuvimos que activar y crear no es sino el compromiso que asumimos cuando tomamos posesión de nuestras responsabilidades. Representa el valor y el compromiso de defensa de los derechos de la ciudadanía no solo ante los tribunales sino ante cualquier tipo de instancia. Eternamente agradecido».
Beatriz Castro, procuradora del Colegio de Procuradores de La Palma, agradeció, igualmente, el premio en nombre de los procuradores de La Palma. «Nuestro colegio en la isla ha intentado, con todos los medios de los que disponíamos, ayudar, tanto en el momento de la erupción como en la reconstrucción ahora en marcha. Es un reconocimiento que se merece toda la sociedad civil palmera. Por la resiliencia y por la fortaleza que han demostrado. Por favor, no dejen de apoyarnos y no nos olviden».
Francisco Palacios, registrador titular del Decanato de Registradores de Santa Cruz de La Palma, siguió en la misma línea de agradecimiento, pero haciendo hincapié al apoyo mediático recibido. «En aquellos momentos de incertidumbre y de inseguridad la comunicación nos permitió transmitir tranquilidad. Y aportando los títulos correspondientes allí estaba la vigencia y la existencia de su derecho de propiedad, que después fue clave para su ayuda, para la indemnización, y posteriormente para la reconstrucción».
Cerró esta intervención Alfonso Cavallé, decano del Colegio Notarial de las Islas Canarias, quien pidió a los asistentes no olvidar a los palmeros porque la situación de precariedad no ha terminado para ellos. «Quiero hacer desde aquí un reconocimiento muy especial a los notarios de toda España. Recibimos el apoyo de 50 notarios y allí siguen todavía porque no se ha terminado este trabajo», concluyó, no sin antes tener una referencia al Ministerio de Justicia por la agilidad que tuvo en promover las modificaciones necesarias para la creación de las tres notarías especiales.
El premio Vete a hacer puñetas, el «antipremio», fue «concedido» a la “Invasión rusa en Ucrania”, a la destrucción y los crímenes de lesa humanidad cometidos en ese territorio contra civiles inocentes, a la agresión injustificable a la paz, a los derechos humanos y de las naciones libres y a los valores de libertad, legalidad, justicia y democracia.
Cerró el acto Patricia Rosety resaltando la labor de todos los premiados y haciendo hincapié en la necesidad de que la sociedad, en su conjunto, se involucre en la defensa de los principios constitucionales de la libertad de expresión y el derecho a la información, porque “no es posible una democracia plena sin respeto y apoyo a la labor de los profesionales de la información y la comunicación”.
Entre los invitados se encontraron Juan José González Rivas, presidente emérito del Tribunal Constitucional, y Ramón Rodríguez Arribas, vicepresidente emérito de ese mismo órgano, y los actuales magistrados del máximo tribunal de garantías, Cándido Conde-Pumpido, Juan Antonio Xiol y Enrique Arnaldo, los magistrados del Supremo, Ana Ferrer, Antonio del Moral, Julián Sánchez Melgar, Pilar Teso, José Luis Requero, el presidente de la Sala de lo Civil del Supremo, y vicepresidente en funciones, Francisco Marín Castán, los vocales del CGPJ Juan Martínez Moya, José Antonio Ballestero, Rafael Mozo y Clara Martínez de Careaga.
También los magistrados de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, Joaquín Gadea, Daniel González Uriel, Joaquín Delgado, la magistrada de violencia sobre la mujer, Carmen Gámiz, la decana de los Juzgados de Madrid, María Jesús del Barco, el fiscal del Supremo, Salvador Viada, la diputada por el PP, María Jesús Moro, la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, la teniente fiscal de la Fiscalía de Madrid, Begoña Sánchez Melgar, el exfiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, el diputado del Colegio de Abogados de Madrid, Juan Gonzalo Ospina, el presidente de la Asociación de Jóvenes Abogados de Madrid, Alberto Cabello, el presidente de Lefebvre, Juan Pujol, y el director de Mercado Legal de esta compañía, Alberto Larrondo, la directora de Santander Justicia, Julia Fernández Cantillana, y Jorge Gutiérrez, su número dos.
Noticias Relacionadas:
