El Departmento contra el Cibercrimen de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil –Grupo de Delitos Telemáticos– cerrará la página web de la llamada Asociación Contra la Corrupción y la Defensa de la Acción Pública (Acopad), que preside el exmagistrado Fernando Presencia, expulsado dos veces de la carrera judicial por prevaricación (tomar decisiones injustas a sabiendas de que lo son), que está residenciada en el servidor de la empresa valenciana Prored Comunicaciones, S.L.U.
Aunque tanto en el escrito de denuncia del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, que presentó la denuncia contra Presencia, como en el auto del magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción 6 del mismo órgano judicial, Joaquín Gadea, refieren la empresa Unelink Telecom, S.A., esta compañía fue absorbida por la referida, Prored Comunicaciones, S.L. el pasado 1 de octubre.
En 2020, según explica Prored Comunicaciones en el Registro Mercantil, ingresó 370.000 euros como dividendos procedentes de Unelink Telecom, S.A., en ese momento filial.
Tiene su sede en Valencia, en el Camino Vell de Godella, 8, bajo la forma de sociedad limitada unipersonal.
Se constituyó el 20 de agosto de 1997. Su administrador es, desde el 28 de febrero de 2006, Enrique Greses Tortajada, que es quien tendrá que facilitar su trabajo a las fuerzas de la Guardia Civil.
La UCO seguirá el mandamiento judicial del magistrado Gadea que ha ordenado el cierre de www.acodap.como, como medida cautelar, «con apercibiendo de incurrir en delito de desobediencia en caso de no atender al mismo».
Los especialistas en cibercrimen de la Guardia Civil tienen que investigar también todo lo relativo a las donaciones que se han realizado a través de dicha página web en favor de Acodap y/o de su presidente, «Fernando Presencia -quien se atribuye falsamente la condición de Juez- como contribución económica para apoyar y hacer posible la lucha contra la corrupción facilitando a dicho fin el IBAN de una cuenta corriente así como direcciones de PAYPAL y BIZUM, en las que se pueden efectuar los correspondientes depósitos».
Y tienen que determinar las cantidades percibidas y el destino que se ha dado a ese dinero, por si pudiera ser constitutivo de un delito de estafa. Además, quién es el (o la) titular de la cuenta corriente.
